Rotaeche y Escorial: los otros cerebros en la sombra del ‘caso Koldo’

Íñigo Rotaeche y José Ángel Escorial son dos de los empresarios detrás de la empresa Soluciones de Gestión SL, la principal compañía investigada por las comisiones millonarias procedentes de contratos de mascarillas del Gobierno de Pedro Sánchez y de gobiernos regionales del PSOE. OKDIARIO desvela las primeras imágenes ante un tribunal judicial de, respectivamente, un manager de proyectos y un jurista-economista que se lanzaron a gestionar contratos millonarios de material sanitario con administraciones públicas en los primeros compases de la pandemia.

El pasado de ambos pasa por una enrevesada madeja de empresas que son accionistas entre ellas. La mercantil que les une es Soluciones de Gestión SL, una compañía que pasa de facturar cero euros a 54 millones el año de la pandemia. Se trata de una compañía con antiguos proyectos sanitarios, como la construcción de un centro de salud en Angola, pero que se quedó prácticamente sin empleados –pasa de 29 a 4–. En ese momento, entran los posteriormente detenidos por la Guardia Civil. Posteriormente disparan la facturación gracias a altos cargos del Gobierno del PSOE.

A lo largo de más de hora y media de declaración en sede judicial en Zaragoza, ambos se esfuerzan en remarcar la solvencia, la experiencia y las garantías que aportaban a los diferentes gobiernos. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza que analizó su demanda contra el primer denunciante del caso, el abogado Ramiro Grau, desechó esos argumentos y desestimó sus reclamaciones de hasta 280.000 euros por lesión al honor de la empresa que se embolsó millones de euros en plena crisis sanitaria por mascarillas parcialmente defectuosas y que no cumplían los estándares de la Unión Europea.

Entre otros argumentos dejaron caer varias incorrecciones en sede judicial. Dijeron estar al corriente de pago sin recordar que esos años tuvieron que pagar 800.000 euros tras varias inspecciones fiscales. Sentenciaron que las mascarillas cumplían los criterios exigidos en ese momento sin apuntar que, por ejemplo, Renfe y la empresa pública Salvamento Marítimo (Ministerio de Transportes) recibieron lotes de tapabocas inservibles. O, entre otras inexactitudes, manifestaron que los contratos no fueron a dedo y que no recibieron ningún intento de reclamación económica por los precios o las calidades. «Recibimos certificados de satisfacción», respondió Rotaeche.

Sumario

El sumario judicial contra Rotaeche, en particular, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias está trufado de apariciones de los dos. Por encima de ambos está Juan Carlos Cueto. Aparecen correos electrónicos en los que ese último da las órdenes más importantes. Rotaeche aparece en la gestión diaria escribiendo a Víctor de Aldama y poniendo en copia al correo electrónico ministerial del asesor Koldo García.

La Fiscalía Anticorrupción dice en su querella que Rotaeche es el «principal y único accionista» de Soluciones de Gestión durante las adjudicaciones. Aparece en varias conversaciones sobre la reclamación de Baleares por mascarillas fake y sobre una inspección de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), del Ministerio de Hacienda. De estos pinchazos, la Guardia Civil extrae que es «la persona de confianza de Cueto», con el que despachaba a diario.

Por su parte, Escorial, como recordó el abogado Ramiro Grau en el juicio, fue designado administrador de Soluciones de Gestión SL durante dos años y, a su vez, fue accionista también de 2017 a 2019. En ese momento, antes de los contratos, desaparece del accionariado, pero es él quien firma los contratos con la administraciones públicas. Soluciones de Gestión SL es una empresa que tiene 23 años de actividad, pero estos empresarios en realidad la compraron a finales del 2016.

Los investigadores subrayan las cuentas bancarias de Íñigo Rotaeche. Descubren 5 transferencias sospechosas por un total de 5.000 euros en 2021, apareciendo en todas ellas en concepto «José Luis Rodríguez García». Se trata del guardia civil adscrito al Ministerio de Transportes que, a la vez, tenía un negocio de pizarras en León con Rotaeche.

Conversaciones

El sumario incluye una conversación entre Rotaeche y Cueto donde se desprende que el inspector de Hacienda ha detectado que Aldama es un comisionista, lo que les atemoriza por un posible proceso penal. Resulta llamativo para los investigadores que entre Rotaeche, como propietario, y Escorial, administrador, no se ha podido localizar ninguna llamada.

Asimismo, destaca otro diálogo entre Cueto y Rotaeche del que se infiere que habrían pagado una comisión encubierta a Aldama por sus contactos en el Ministerio. A este respecto, Rotaeche afirma que nadie ha negado que se le pagase una comisión por presentar la oferta «ante el Ministerio y las otras», pero alude a que él también ha trabajado, por lo que se ha llevado «un 10% de la operación». En otro punto, Rotaeche comentó que un tal Israel también había cobrado comisiones.

Rotaeche también conoce a Koldo García. En las conversaciones Cueto habla de Koldo como «el vecino» de Rotaeche, ya que ambos son del norte de España. Pese a ello, Rotaeche no participa en los encuentros de Cueto con Koldo. Por el contrario, sí habla con Aldama, y mucho. El comisionista propietario de varios Ferrari, del Zamora CF y de un equipo de automovilismo le daba órdenes a Rotaeche: «Por cierto, dile que tiene que tocar el precio a la baja, que lo hablo con el Ministerio».

«Todos deben dinero»

Cueto también da instrucciones a su subordinado para prepare una reestructuración de Soluciones de Gestión por el impacto económico que tendría atender la reclamación de Baleares. Además, le pide preparar una futura demanda ante el contencioso con esa administración.

Además, el sumario desvela que Cueto pidió 100.000 euros a Escorial para solucionar el tema de liquidez de Soluciones de Gestión. En concreto, Cueto informa a Rotaeche de que ha estado hablando con Josean Escorial, quien se compromete a dar «antes del viernes» 60.000 euros. Ante la aseveración, Rotaeche esgrime que Escorial debe entre 600.000 y 700.000 euros, y Cueto reprocha: «Claro que lo sabe, si aquí todo el mundo debe dinero».