La empresa del ‘caso Koldo’ se embolsó como beneficio 17 de los 54 millones de los contratos del Gobierno

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elaborado un informe, que consta en el sumario de la causa, en el que concluye que Soluciones de Gestión SL, la principal empresa investigada en el caso Koldo, se embolsó el 32% de los contratos como beneficios, 17 millones de euros aproximadamente. Se trata de un margen de ganancia considerable y obtenido en un momento crítico, en el que supuestamente el objetivo de los proveedores era obtener material sanitario para la crisis sanitaria en lugar de buscar un provecho económico millonario.

Así, la UCO desglosa que Soluciones de Gestión SL hizo a lo largo de 2020 y 2021 pagos por 35 millones a otras empresas. De esta forma, «puede inferirse que la mercantil investigada habría tenido un beneficio de aproximadamente 16,8 millones, lo que supone alrededor del 32% sobre los fondos con origen en las adjudicaciones objeto de este informe».

La Guardia Civil añade a su informe remitido a la Audiencia Nacional un gráfico en el que se desvela que del total de dinero obtenido de los ministerios y de los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares sólo el 37% acabó en los verdaderos proveedores de mascarillas. Unas empresas que serían Goma Global Trading SL y Startic Innovación SL.

Por otra parte, el informe señala que el 15% de los ingresos de la administraciones públicas acabó en empresas de transporte de material y el resto acabó en comisiones a otras sociedades: empresas de Víctor de Aldama –el presidente del Zamora CF y dueño de un Ferrari embargado– (el 13% de los contratos), el Grupo Cueto de Juan Carlos Cueto (el 2% del total) y otras sociedades ligadas a Soluciones de Gestión SL (el 1% restante). En particular, se cita que los investigados crearon, tras las adjudicaciones investigadas, la empresa Global Capadocia SL. Por su parte, a su vez, estas empresas lograron beneficios muy cuantiosos por sus supuestas gestiones, a ojos de la UCO.

Respecto a las personas físicas vinculadas directamente a Soluciones de Gestión SL a través de sus órganos sociales se afirma que «Íñigo Rotaeche, Daniel Sierra y José Ángel Escorial, habrían participado en la intermediación con la Administración Pública para la entrega de las mascarillas en representación de Soluciones de Gestión SL».

Además, el informe remarca la necesidad de que «en un futuro se realicen las comprobaciones pertinentes encaminadas a identificar la existencia de vinculaciones con los responsables de las adjudicaciones investigadas, pues cabe recordar que según el denunciante [el PP de Isabel Díaz Ayuso] los contratos objeto de este informe podrían estar inmersos en una serie de irregularidades, tales como que el contratista pudiera tener una relación de cercanía o familiar con algún alto Cargo de la Administración».

Igualmente, aunque en este informe, de 2020, no se detecta «falta de solvencia» en la empresa elegida por el equipo de Koldo García y José Luis Ábalos, se subraya: «Llama la atención la justificación de por qué se decidió contratar con Soluciones de Gestión SL».

«Papel fundamental»

En este mismo informe de la Guardia Civil se afirma que «las directrices dadas desde el Ministerio de Fomento» constituyeron «un eslabón fundamental en la cadena que finaliza con la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión», la empresa de la trama Koldo que resultó beneficiada por la venta de mascarillas. El equipo de Ábalos influyó presuntamente tanto en el Ministerio de Transportes, como en otros, como en Interior.

La UCO llegó a esta conclusión después de haber analizado una serie de contratos que fueron «tramitados por el procedimiento de negociado sin publicidad con tramitación de emergencia». «En base a los elementos objetivos que se tienen a día de hoy», añade el informe, «las directrices dadas desde el Ministerio de Fomento, constituyen un eslabón fundamental en la cadena que finaliza con la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión».

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, en su querella, menciona al empresario Juan Carlos Cueto como la «persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el grupo Cueto», aunque esta figurase como propiedad de otro de los investigados, el empresario vasco Íñigo Rotaeche. Únicamente Cueto, según Fiscalía, se habría embolsado 9,6 millones de euros.