El juez deja en libertad al ‘cerebro’ de la trama de Koldo, pero le prohíbe salir de España

El juez deja en libertad al empresario Juan Carlos Cueto, considerado el cerebro del caso Koldo por ser el el dueño de la empresa a la que se adjudicaron los contratos de adquisición de material sanitario durante la pandemia. El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye este caso, Ismael Moreno, le ha dejado en libertad pero con medidas cautelares: no podrá salir de España.

Cueto ha declarado este miércoles como investigado y ha respondido únicamente a las preguntas realizadas por su abogado. El empresario ha afirmado ante el juez que no cobró mordidas y que hizo los contratos «para ayudar a España en lo peor de la pandemia». La declaración ha tenido 30 minutos de duración.

Sobre los 9,6 millones de euros que ganó con los contratos realizados durante la pandemia, Juan Carlos Cueto ha recalcado que este beneficio «se ajusta a mercado». Para ello, se ha remitido a un informe elaborado por la consultora KPMG en 2021 que concluyó que los precios de venta de mascarillas «fueron acordes al mercado» y que contaban con «poco margen de beneficio económico».

En su declaración, el presunto cerebro del caso Koldo ha defendido que realizó los contratos para lograr material sanitario en plena pandemia con el fin de «ayudar a los españoles» y que no quiso «aprovecharse de la venta de material sanitario».

También ha esgrimido que los contratos que hizo se enmarcaron en «una operación muy costosa», debido a que tuvo que realizar muchos viajes a China para conseguir las mascarillas. En esta operación, según Cueto, participaron «empresas certificadoras españolas para dar cuenta del material del producto», entre las que destacan Bureau Veritas.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la retirada del pasaporte de Juan Carlos Cueto tras su declaración ante el juez para evitar que salga de España, algo a lo que ha accedido el juez. Las acusaciones populares ejercidas por PP y Vox también habían realizado esta petición.

«El liderazgo» de Cueto

El Ministerio Público ya situó al empresario como la «persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, integrada en el grupo Cueto», aunque esta figurase como propiedad de otro de los investigados, el empresario vasco Íñigo Rotaeche. Esta entidad fue la que se lucró con los contratos de las mascarillas y en ella estuvo vinculado Koldo García, el que fuera ayudante del ex ministro socialista José Luis Ábalos. La Fiscalía asegura que Juan Carlos Cueto se embolsó 9,6 millones de euros en plena pandemia.

La Fiscalía Anticorrupción destacó en su querella «el liderazgo que Cueto» que ejercía sobre el grupo que lleva su apellido, recalcando que era «el responsable último de las decisiones concernientes a este grupo empresarial». El informe añade que los investigados en la trama «daban novedades y pedían permiso a Cueto para la ejecución de préstamos y toma de decisiones».

El Ministerio Público también apuntó a que existió «una relación directa y estrecha» entre Koldo García, otro de los investigados en la trama, con Juan Carlos Cueto. Esta relación, según la Fiscalía, «no se circunscribe únicamente a la adjudicación de los contratos».

La Fiscalía aseguró que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL «habría sido empleada como una empresa instrumental en un proyecto común» entre el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y Juan Carlos Cueto, «quienes a pesar de no figurar documentalmente habrían sido los responsables» de los contratos sobre los que indaga el juez.

El Ministerio Público asegura que Koldo Grcía era la persona a la que usaban para «agilizar» trámites con el Ministerio de Transportes, dirigido entonces por José Luis Ábalos, en la contratación durante la pandemia para la venta de mascarillas, en concreto facilitando los procesos de adjudicación de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

Koldo también quedó libre

La semana pasada declararon también en la Audiencia Nacional Koldo García, Joseba García (su hermano) y Víctor de Aldama. Todos ellos se negaron a declarar ante el juez Ismael Moreno por el caso de las presuntas mordidas en la compra de mascarillas que realizó el Ministerio de Interior y de Transportes, además de las autonomías de Canarias y de Baleares.

El magistrado les dejó también en libertad después de que la Fiscalía no solicitase prisión para los detenidos. Quedaron en libertad pero con medidas cautelares como la retirada del pasaporte para que no puedan abandonar España o tener que comparecer de forma periódica en el juzgado.