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Irene Montero cambió las pulseras que funcionaban por otras que resultaron defectuosas para ahorrarse 34 millones

Irene Montero cambió las pulseras que funcionaban por otras que resultaron defectuosas para ahorrarse 34 millones
Luz Sela

El ahorro económico fue uno de los principales factores que el Ministerio de Igualdad tuvo en cuenta para sustituir el sistema de pago por uso de las pulseras telemáticas, que venía realizándose desde hacía años, por otro de adquisición, que resultó en una sucesión de fallos y averías. En 2023, el departamento, entonces dirigido por Irene Montero, acometió un cambio en el sistema de protección por medios telemáticos de las víctimas de violencia de género. El ahorro estimado, según las alegaciones de la propia ex ministra y otros cargos de Igualdad al Tribunal de Cuentas, sería de unos 35 millones.

Este contrato está ahora en el punto de mira de la Fiscalía Europea por un posible fraude en el uso de los fondos europeos. En el marco de esta investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requirió el pasado jueves diversa documentación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.

PLIEGOS LICITACIÓN. Documento técnico del contrato público de pulseras antimaltrato, en el que se justifica la adquisición de 9.550 dispositivos por 44,5 millones de euros y se descarta el modelo de pago por uso por su elevado coste estimado (79,7 millones).

La investigación comenzó el año pasado, después de que la Fiscalía General del Estado, en su memoria anual, alertase de que se estaba produciendo «una gran cantidad de absoluciones» de maltratadores debido a los «múltiples fallos» en los dispositivos telemáticos.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas realizó un análisis de los contratos de las pulseras, ejecutados en los años 2018, 2021 y 2023 por un importe total de 102,6 millones de euros, y detectó numerosas anomalías. 

El origen de la polémica estaba, por un lado, en la transición entre la antigua empresa y la nueva adjudicataria, que provocó la pérdida de datos sobre el quebrantamiento de las medidas de alejamiento de los maltratadores, impactando así en varios procesos judiciales. Igualdad adjudicó el servicio pese a que el plan de trasvase había recibido una calificación muy baja, un 3,6, y fue tachado de «deficiente». Parte del contrato estaba financiado con fondos de la UE.

Por otro lado, se reportaron numerosos fallos en las pulseras adquiridas, siendo los más destacables los que afectaban a «la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías deficientes (con baja autonomía), retrasos en las reparaciones», según indicó el máximo órgano fiscalizador. También se detectó la rotura de los dispositivos por parte de los propios maltratadores.

Ahorro en la compra

Uno de los factores decisivos para el cambio de modelo, desde uno que llevaba funcionando hacía años, fue el económico. Igualdad se apoyó en las conclusiones de un estudio de mercado, encargado al efecto, que proponía «tender» hacia un sistema de compra. Sin embargo, esa recomendación «se adoptó de manera drástica», según afea el Tribunal de Cuentas en su informe, «y no gradual» como recomendaba el mismo estudio, «adquiriendo ex novo todos los dispositivos a instalar».

En sus alegaciones, la ex ministra Montero, además de la ex secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, y la ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell -las tres en el cargo en el momento de licitación que ahora investiga la Fiscalía Europea- hacen referencia a ese ahorro.

Así, frente a la opción de compra, «se descartó la continuidad del modelo de pago por uso, dada la estimación del mismo en 79.718.461,83 euros a un precio unitario de 10,50€ (el mismo por el que se licitó la última vez)». El valor estimado del contrato era de 45,4 millones.

«Con la decisión de compra los remanentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se destinarían a la adquisición de dispositivos mejorados y adaptados a la realidad de la violencia sexual». «A nivel de costes, la compra de los dispositivos evidencia una reducción considerable de pago por uso. Este hecho también se da potenciado en los casos que se usan aplicaciones de móvil dado que se puede utilizar el propio móvil de la víctima para la gestión de este rol», resaltaron desde Igualdad.

«Relevantes deficiencias»

El resultado, según concluye el Tribunal de Cuentas, fue que no hubo «mejora en la prestación del servicio, más allá del ahorro de costes».

«Por el contrario, se produjeron de hecho relevantes deficiencias que afectaron tanto a la calidad como al stock de los dispositivos adquiridos (teléfono móvil y pulsera telemática), circunstancias que no son admisibles en un contrato de objeto tan sensible y crítico como el analizado; y menos aún después de haber sido contratado un estudio específico, que a la postre no se tradujo en la adquisición de dispositivos fiables que manifiestamente dieron peor resultado que los que se habían venido utilizando hasta ese momento».

«Origen israelí»

En este punto, llama la atención una de las observaciones del Tribunal de Cuentas, cuando señala la existencia de «algunas alusiones al origen israelí de sus componentes electrónicos» del anterior contrato, sin explicar «cuál es la relevancia de señalar específicamente el país de origen de dichos componentes».

OKDIARIO ya reveló que las responsables de Igualdad habrían rechazado mantener el contrato por el hecho de que las pulseras, que habían funcionado durante 15 años con resultados satisfactorios, fueran de fabricación israelí.

Pese al escándalo, el ministerio volvió a adjudicar este año a la misma empresa el contrato de las pulseras para maltratadores.

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