La UCO entrega al juez el informe que destapa la complicidad de Torres en el ‘caso mascarillas’

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado este jueves por la mañana al magistrado Ismael Moreno el demoledor informe sobre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que incluye pruebas concluyentes de su participación en la trama de las mascarillas. El documento desolador para el ministro podrá ser un punto de inflexión en el caso que ha sacudido al Gobierno de Pedro Sánchez y podría desencadenar la petición de imputación del ministro ante el Tribunal Supremo.

Fuentes de OKDIARIO han confirmado que el informe se ha entregado al juez de la Audiencia Nacional en las últimas horas. El magistrado Moreno deberá  leer con detenimiento el informe y decidir si existen suficientes indicios delictivos contra Torres para solicitar su imputación. Posteriormente repartirá el informe a las diversas partes personadas en el caso.

Dado que el ministro goza del aforamiento propio de los miembros del Gobierno, la hipotética petición deberá tramitarse ante el Tribunal Supremo mediante la correspondiente exposición razonada. Este procedimiento podría prolongarse durante semanas.

Torres ha llegado a adjudicar desde el Gobierno regional de Canarias hasta 12,2 millones de euros a Soluciones de Gestión –la empresa de Víctor de Aldama– por un total de 4,7 millones de mascarillas FFP2 y EPI KN95 destinadas a hospitales. De estas, 837.800 unidades resultaron ser falsificaciones. El ministro las pagó a precios exorbitados –con la que mantenía hilo directo por WhatsApp– pese a que no eran aptas para su uso sanitario, según consta en las diligencias judiciales.

Aunque el informe se ha presentado este jueves, podrían pasar unos días hasta que trascienda a la prensa su contenido completo. Los informes que provocaron la caída en desgracia de José Luis Ábalos y Santos Cerdán han tardado entre 2 y 7 días respectivamente desde que se han firmado, se han entregado al juez y finalmente han trascendido a los medios de comunicación.

Por su parte, la UCO ha estado indagando estos últimos meses los manejos del ministro durante su etapa en política. Primero como edil y alcalde de Arucas, en Las Palmas de Gran Canaria, entre 2011 y 2015. Se investigan presuntas comisiones recibidas cuando ocupó ese cargo municipal, antes de escalar a presidente autonómico y, posteriormente, a ministro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Una tanquería

Fuentes autonómicas indican que el dirigente socialista tenía buen trato con empresarios considerados «mafiosos» en las islas con los que hicieron buenos tratos, aunque esta línea de investigación podría enfrentarse a problemas de prescripción dado el tiempo transcurrido. Quizá por ello finalmente no aparece en el informe final.

Por otra parte, otra vía de investigación clave es que Koldo García llamó a Torres para organizar la puesta en marcha de un parque de tanques de petroleo –una tanquería, en su lenguaje técnico, un paso previo a una refinería petrolera– en un puerto canario. Torres se mostró predispuesto a ayudarles en todo lo posible y les derivó a un consejero canario. Es posible que la UCO haya encontrados esos chats.

Alarma en el Gobierno

La posible imputación de Torres ha disparado las alarmas en el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del Ejecutivo reconocen en privado que la entrada del ministro en el banquillo supondría «un torpedo en la línea de flotación» del presidente, cada vez más cercado por los casos de corrupción que salpican a su entorno más próximo.

El golpe llegaría en un momento especialmente delicado para Sánchez. El presidente se encuentra debilitado tras el reciente informe patrimonial sobre José Luis Ábalos en el que la UCO ha documentado los sobres con el logotipo del PSOE repletos de dinero destinados al ex ministro y a Koldo García, su asesor y pieza clave en la trama investigada. Unos sobres que reembolsaban pagos realizados con dinero de la red de Aldama.

El propio Torres admitió en el Senado haber participado en el pago de varios millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión por mascarillas a la postre defectuosas por precios altos en un contexto de emergencia máxima, tras la mediación de Koldo García. Mensajes internos revelan que Torres ha hablado directamente por teléfono con el empresario Íñigo Rotaetxe —subordinado de Víctor de Aldama— en julio de 2020 para resolver problemas con certificaciones.

Contactos con Aldama

También Víctor de Aldama ha tenido contacto directo con el entonces presidente de Canarias para cerrar negocios de material sanitario durante la pandemia. «Buenas tardes Ángel Víctor, soy Víctor de Air Europa, estuvimos ayer un momento por la tarde. Le comento, la empresa que le dije de los test nos está pidiendo cotización para traerlos a España, le digo por si quiere que le pase su teléfono y hablan con ellos por si tiene interés en adquirirlos. Saludos», le envió el 16 de julio de 2020.

El mensaje fue entregado y leído ese mismo día a las 13:15, según consta en los registros técnicos del sistema de mensajería analizados por la UCO. Este WhatsApp demuestra que Aldama y Torres se vieron el 15 de julio de 2020 por la tarde, contradiciendo frontalmente las afirmaciones del ministro que ha negado cualquier tipo de relación con el empresario.

Durante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, el ministro dijo que no le «constaba» ningún tipo de reunión con Aldama. Torres ha llegado a calificar las acusaciones como «una mentira y un embuste del tamaño colosal de una catedral». Además, ha retado al PP a presentar pruebas de cualquier contacto con el empresario, pruebas que finalmente han aparecido en el sumario judicial.

Aldama fue especialmente contundente al describir la relación entre Torres y la trama: «Fue el mejor funcionario» para el ex ministro de Transportes Ábalos y Koldo, asegurando que «Koldo le ponía un mensaje y al segundo le contestaba». Esta afirmación refleja el grado de aquiescencia del entonces presidente canario con los intereses de la trama.

El Gobierno socialista de Canarias, presidido entonces por Torres, fue alertado de las irregularidades en la contratación de Soluciones de Gestión. Un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que Torres pidió ocultar, advertía de la dudosa legalidad del contrato.

«Soluciones de Gestión SL e Innjoo Technology S.L. son sociedades cuyo objeto social no se corresponde con la venta de material sanitario, es decir, el Servicio Canario de Salud adjudicó la compra de material sanitario a empresas que no consta que hubiesen acreditado la preceptiva solvencia profesional», rezaba el informe de fiscalización que Torres habría intentado mantener en la sombra.

Pese a estas advertencias, el Gobierno de Torres ha convertido a Soluciones de Gestión en la tercera empresa con más contratos de urgencia recibidos por el Covid. Se ha llevado el 11,93% de la inversión total del Gobierno canario en material sanitario. La sociedad ha pasado de cero a 53 millones de euros de facturación en pocos meses gracias a estos contratos públicos.

El ministro también aparece vinculado a la negociación de la compra masiva de test Covid con Aldama antes de que fueran obligatorios para turistas. Según el empresario, se produjo una solicitud de 50.000 euros en metálico como gratificación para Torres, a lo que Aldama asegura que se negó.

Pese a la gravedad de las evidencias documentadas por la UCO, Torres ha manifestado estar «absolutamente tranquilo» respecto al informe de la Guardia Civil. «Estoy convencido, porque no puede ser de otro modo, que ese informe lo dejará bien claro [mi inocencia]», ha afirmado con rotundidad.