Ábalos acepta ahora declarar voluntariamente este jueves en el Supremo

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas durante la pandemia, ha acordado volver a citar al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos para este jueves, 12 de diciembre, después de que su representación haya presentado hoy un nuevo escrito al tribunal mostrando su conformidad con esa fecha, que era la inicialmente prevista. Todo ello en el día del 65 cumpleaños del ex ministro.

El juez había dictado un auto en el que dejaba sin efecto la declaración voluntaria de Ábalos, rechazando también su petición de aplazamiento. El juez iba a tramitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados y le iba a citar como imputado para que comparezca de forma imperativa. El juez explicaba que aunque el diputado tiene derecho a declarar voluntariamente antes de que se decida sobre el suplicatorio al Congreso, esto no significa que pueda elegir libremente cuándo hacerlo. El magistrado argumentaba que permitirlo podría causar dilaciones indebidas y perjudicar la eficacia de la investigación sobre la supuesta contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. Sin embargo, Ábalos ha dado marcha atrás y este jueves acudirá al Alto Tribunal.

El ex colaborador de Pedro Sánchez había solicitado posponer su comparecencia alegando la complejidad de la causa y el escaso tiempo para estudiarla. El magistrado adviertía que permitir el aplazamiento solicitado podría provocar nuevas dilaciones y «perturbar el buen fin y la eficacia de la investigación», recordando que la misma situación de retractación podría reproducirse en el futuro.

La declaración que se finalmente celebrará sí este jueves tiene relación con el caso Koldo, es decir las millonarias comisiones obtenidas de los contratos de mascarillas de Soluciones de Gestión SL. La Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil tirando del hilo han encontrado extremos que implicarían al ex secretario de Organización del PSOE. Según la confesión del empresario Víctor de Aldama, Ábalos habría recibido comisiones de cientos de miles de euros. Además, habría negociado el disfrute de tres inmuebles: un piso en la madrileña Plaza de España, un chalet en un municipio de Cádiz y un piso en el Paseo de la Castellana, ese último inmueble no llegó a usarlo. La semana pasada Aldama entregó al Supremo un extenso documento en el que también acusaba al ministro de «preadjudicar» modificaciones de contratos desde el Ministerio de Transportes.

Estrategia de defensa

Fuentes de la defensa pulsadas por Europa Press esgrimen que el ex ministro tratará de ir «desmontado las mentiras de Aldama», tanto las de su declaración voluntaria del 21 de noviembre ante el juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, como en el escrito que presentó el 4 de diciembre ante el Supremo. En su declaración en la Audiencia, el empresario manifestó que había entregado «comisiones» por la venta de mascarillas a Ábalos cuando era titular de Transportes en su despacho en el Ministerio. «¿Entonces aproximadamente usted cifra en 250.000 euros las cantidades que hubiera podido percibir el señor Ábalos?», le preguntó el fiscal del caso, a lo que el empresario contestó de forma tajante que no se trataba de una aproximación.

Según dicen las citadas voces, Ábalos también intentará cuestionar la exposición razonada que derivó en que el alto tribunal asumiera la investigación contra él, y objetará el informe del fiscal Luis Pastor que pedía que el Supremo liderara el caso. Previsiblemente, el diputado a su vez intentará combatir el informe de la UCO de la Guardia Civil que le asignaba un papel protagónico en la presunta trama, de acuerdo con dichas fuentes.

Abalos ya solicitó en octubre -cuando aún no había causa en el TS-declarar ante el juez Moreno. Pidió personarse como perjudicado y estaba deseoso de dar explicaciones en sede judicial. Fuentes del entorno del diputado apuntaron entonces que éste quería aclarar ante el juez las «falsedades» que se dijeron a partir del informe de la UCO.

Los agentes de la Benemérita señalaron que había indicios de que Ábalos tuvo un «papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo, De Aldama y la organización criminal dinamizada por este último». Y aseguraron que habían «hallado una relación de carácter económico entre De Aldama y Koldo-Ábalos», por lo que propusieron al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 «investigar qué relación tendría el exministro» con dicha organización criminal y los hechos investigados.

El día que trascendió el informe, Ábalos aseguró a la prensa en los pasillos del Congreso que no le sorprendía la petición de la UCO y defendió que él no formaba parte de «ninguna trama». Tras recibir la solicitud de los agentes, la Audiencia requirió al Congreso que confirmara la condición de diputado de Ábalos y, al recibir respuesta, envió el asunto al Supremo, toda vez que es el tribunal encargado de investigar a parlamentarios aforados como él.

Por su parte, también leyendo la exposición razonada que recibió el alto tribunal, Aldama sería la persona que –a través de determinados pagos y aprovechando su influencia sobre Koldo y Ábalos– «habría logrado para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos, fundamentalmente con las entidades Puertos del Estado y ADIF, pero también con otras administraciones o entidades a ella vinculadas». Fuentes de la defensa califican de «temeridad» esas declaraciones que el juez hace en esa exposición razonada.

También está previsto que el 16 y 17 de diciembre el magistrado tome declaración también como investigados a de Aldama y Koldo García. Puente asumió la competencia para investigar a ambos al considerar que los hechos por los que están imputados están relacionados de forma «directa e inescindible» con los que pudiera haber protagonizado Ábalos. No obstante, el instructor detalló que la Audiencia Nacional seguirá a cargo de las pesquisas respecto a otros hechos que se les atribuye al empresario y al ex asesor ministerial que no guardan relación con Ábalos, como delitos contra la Hacienda Pública y/o de blanqueo de capitales.