El Senado veta la ‘reforma Txapote’ y la devuelve al Congreso tras rechazarla por mayoría absoluta

El proyecto de ley del Gobierno de intercambio de información de antecedentes penales que puede beneficiar a presos de ETA, la conocida como reforma Txapote, ha sido rechazado este lunes por la mayoría absoluta del PP en el Senado. Ahora, el texto vuelve al Congreso para seguir allí su tramitación. Según ha informado la propia Presidencia de la Cámara Alta, a partir de un informe de los servicios jurídicos, «el rechazo del texto en el Senado por mayoría absoluta sin haberse presentado enmiendas, ante la falta de precedentes y a la vista de la sentencia del TC 97/2022, equivale a la aprobación de un veto».

El pasado septiembre se aprobó el proyecto de ley en el Congreso por unanimidad y pasó al Senado sin que ningún grupo introdujera vetos ni enmiendas. De esta forma se daba por hecho que al ser rechazado por la Cámara Alta -donde el PP tiene mayoría absoluta- el texto acabaría publicándose en el BOE. Sin embargo, al concluir la votación y en base a un informe de los letrados del Senado, el presidente Pedro Rollán ha anunciado este lunes que este rechazo se concibe como un veto y, por tanto, el texto regresa al Congreso de los Diputados, donde deberá ser objeto de debate y votación otra vez, según fuentes parlamentarias.

La citada sentencia del Tribunal Constitucional hace referencia a la «proposición de ley por la que se declara reserva natural las Salinas de Ibiza en 1995 con el voto en contra del pleno del Senado por mayoría simple», indican las fuentes.

El informe de los letrados del Senado recalca que «el artículo 90 de la Constitución sólo exige para el veto una votación por mayoría absoluta en el Pleno de la Cámara Alta». «Esto confirma que el veto se puede manifestar en la misma votación sin necesidad de presentar previamente de forma expresa un escrito», precisan los servicios jurídicos.

De esta manera, los letrados señalan que el Tribunal Constitucional, en «reiteradísima jurisprudencia», concluye que «los requisitos formales no son valores autónomos que tengan sustantividad propia, sino simples instrumentos de una finalidad legítima», es decir, que «la forma del veto presentado en un escrito con tal denominación y dentro de un plazo, aunque sirve para ordenar el desarrollo del procedimiento, no es lo que califica al veto. El veto es únicamente, en realidad, un rechazo frontal y global de un texto, manifestado por la Cámara mediante mayoría absoluta», se dice en el informe.

«Un rechazo por la mayoría absoluta del Pleno del Senado es un acto que ha de tener el efecto jurídico de un veto, por haberse acordado con carácter final y global, con la consiguiente devolución del texto al Congreso de los Diputados», plantean los letrados.

«Por consiguiente -prosiguen- si el rechazo por mayoría absoluta equivale a un veto, se deberá trasladar como tal al Presidente del Gobierno y a la Presidencia del Congreso de los Diputados, como dispone el artículo 122.2 del Reglamento del Senado, junto con la motivación de dicho veto, deducida en el debate producido en el Pleno con carácter previo a la votación». Y así ha producido el presidente de la Cámara Alta y senador del PP, Pedro Rollán.

«Situación inédita»

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha respaldado «íntegramente» la decisión del presidente del Senado basada en el informe de la Secretaría General de la Cámara Alta -ostentada por Sara Sieira Mucientes- con fecha del pasado viernes 11 de octubre.

«Sánchez pretende gobernar de espaldas al Parlamento, y eso nos conduce a situaciones inéditas en nuestra democracia. El presidente del Gobierno pretendió estafar al Congreso y al Senado, y lo que ha hecho la Cámara Alta es, simple y llanamente, ejercer sus competencias», subrayan los populares de la portavoz Alicia García, hablando así de la existencia de un «vacío legal».

«No hay precedentes de un rechazo por mayoría absoluta a un proyecto de ley que no haya sido enmendado en Comisión. Por ello, en base al artículo 90.2 de la Constitución y a los artículos 106.1 y 122 del Reglamento del Senado, la Cámara Alta considera esta votación como un veto del Senado sobre el que tiene que decidir el Congreso de los Diputados», remarcan desde el PP.

Esta decisión, añaden, «refuerza los pilares de nuestra democracia y el sistema bicameral recogido en la Constitución Española y desarrollado por el Tribunal Constitucional».

«Nueva oportunidad»

«A partir de ahora, se abre un nuevo escenario en el que el Gobierno y los diputados del PSOE tienen una nueva oportunidad para defender a las víctimas del terrorismo, que es el único objetivo que mueve al PP: la memoria, la dignidad y la justicia de todas ellas», sostienen los de Alberto Núñez Feijóo.

«No hay ataque ni insulto del PSOE que tape la pregunta a la que tienen que responder ahora todos y cada uno de sus diputados: ¿Apoyarán el veto del Senado y se situarán cerca de las víctimas, o prefieren beneficiar a sus verdugos a cambio del apoyo de Bildu?», remachan los populares.