El Gobierno negó al Congreso en 2022 que la reforma que ha colado ahora beneficiara a presos de ETA

El Gobierno de Pedro Sánchez negó al Congreso de los Diputados en marzo de 2022 que la polémica reforma que ha colado ahora a la Cámara Baja -se aprobó por unanimidad en el Pleno del 18 de septiembre- pudiera «guardar relación» con posibles beneficios a presos de ETA. Así consta en una respuesta parlamentaria escrita del Ejecutivo -que reproduce aquí OKDIARIO- a una pregunta formulada por Vox.

En concreto, un grupo de diputados de la formación de Santiago Abascal se interesó por interrogar al Gobierno sobre «cuándo preveía promover esta reforma», en alusión a la modificación de la ley orgánica 7/2014, de 12 de diciembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.

En la exposición de motivos de esta pregunta dirigida al Gobierno, Vox advirtió de que «esta iniciativa, en síntesis, supone que muchos de los condenados por terrorismo que hayan cumplido su condena en Francia pueden ahorrarse ese tiempo en prisión».

Es más, Vox detalló en su escrito, con fecha de 16 de febrero de 2022, que, «según los cálculos del colectivo de víctimas del terrorismo, esta nueva ley permitirá que hasta 48 etarras puedan ahorrarse casi 375 años de cárcel en nuestro país, una media de 7,8 años de cárcel por cada uno de ellos». Además, añadió la formación de Abascal, «gracias a esta iniciativa, algunos presos etarras quedarían en libertad varias décadas antes de lo inicialmente previsto».

Sin embargo, el Gobierno de Pedro negó esta posibilidad y contestó de esta forma el 29 de marzo de 2022: «La reforma de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, a la que Sus Señorías aluden en la exposición de su pregunta, viene exigida por la transposición de la Directiva (UE) 2019/884, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que se sustituye la Decisión 2009/316/JAI del Consejo, y no guarda relación con la pregunta que Sus Señorías formulan».

En la pasada legislatura, el Gobierno no llevó a término esta reforma, fundamentalmente por el adelanto electoral, pero en la presente -donde de nuevo tiene a los proetarras de Bildu como socios- volvió a registrar el mismo texto, que fue aprobado por el Congreso en su sesión plenaria del pasado 17 de septiembre. Los grupos parlamentarios de la oposición no repararon en que la pretensión del Gobierno de Sánchez de eliminar la cláusula que había introducido el Ejecutivo de Mariano Rajoy en la disposición adicional única, seguía intacta. De esta manera, se aprobó de tapadillo, como ha desvelado El Confidencial.

El Gobierno de Sánchez borró la siguiente redacción de dicha disposición: «En ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010».

De hecho, en la exposición de motivos de la citada pregunta parlamentaria de Vox, con fecha de registro de febrero de 2022, los de Abascal critican al Ejecutivo que utilice la excusa de «la necesidad de transposición» de normativa europea e inciden en que «durante el Gobierno de Rajoy se aprobó la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre (…), cuya disposición adicional única limitó los casos en los que un condenado de la banca terrorista ETA podía acogerse a esta norma comunitaria». «Es decir, el preso podía acogerse a esa norma en los casos en los que el mismo ya estuviere condenado, pendiente de ser juzgado o hubiere cometidos delitos en España antes del 15 de agosto de 2010», remarcó Vox.

Los entonces diputados de Vox firmantes de la pregunta (Macarena Olona, Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz, Luis Gestoso e Ignacio Gil) apuntaron también que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) había mostrado su rechazo a esta reforma, señalando que estaban «hartas, dolidas y hundidas» ante un Gobierno que «no para de mentir, engañarnos y utilizarnos».

En el Senado

Entretanto, esta controvertida reforma del Gobierno que favorece a los presos de ETA figura en el orden del día del Pleno del Senado para seguir allí su tramitación parlamentaria. Desde PP y Vox han emplazado al Gobierno de Sánchez a la «retirada» del texto amparándose en el artículo 127 del Reglamento de la Cámara Alta. Los populares también han asegurado que «harán todo lo que esté en su mano en el ámbito político, parlamentario y judicial para revertir» esta reforma. De momento, este martes utilizarán su mayoría en la Cámara Alta para aplazar la votación (el plazo de tramitación vence el 14 de octubre), aunque todo apunta a que el texto acabará en el BOE puesto que no se ha introducido en el Senado ningún veto ni enmiendas, explican fuentes parlamentarias. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, denunció este lunes que el proceso legislativo en España está «adulterado» con «artimañas y subterfugios» por parte del Ejecutivo sociacomunista.

Fuentes de Génova informaron también de que el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, habló con la presidenta de la AVT, Maite Araluce, para disculparse personalmente por lo ocurrido y compartir «el rechazo a cualquier triquiñuela parlamentaria que implique abaratar las condenas a terroristas», como la que ha perpetrado el Gobierno y de la que se podrían beneficiar presos de ETA. Desde la AVT cifran en 44 los etarras que tendrían opcion de descontar las penas que han cumplido en Francia y en siete los que podrían ser excarcelados en los próximos meses a través de esta reforma legal.

Desde Vox, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, manifestó este lunes que «será sólo decisión del Gobierno extremista si excarcela a los terroristas». «Asumimos el error y hemos pedido disculpas por ello», subrayó.

Txapote y Kantauri

Dirigentes de ETA como Xabier García Gaztelu, alias Txapote, y José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, podrían ser excarcelados ya el próximo 2025, adelantando su liquidación de condena al descontarse los años en prisión en Francia gracias a la aplicación de la reforma de la ley orgánica 7/2014, actualmente en trámite parlamentario en el Senado.

Félix Alberto López de Lacalle, Mobutu, o Juan Carlos Iglesias Chuzas, Gadafi, son otros de los más de 40 etarras que se verían beneficiados por esta reforma de la ley orgánica 7/2014, según un informe de la AVT recogido por Ep.