La AVT carga contra el Gobierno por colar una reforma pactada con Bildu para excarcelar a 50 etarras

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha cargado este lunes contra el Gobierno de Pedro Sánchez por colar una reforma pactada con Bildu para excarcelar a 50 etarras. Y es que el Ejecutivo puso en marcha la reforma de la Ley Orgánica 7/2014 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, del PP. Esa norma pretendía evitar que los presos de ETA se beneficiasen de un acuerdo europeo que les rebajaba la pena a aquellos etarras que ya hubieran cumplido condena en Francia, alrededor de medio centenar, tal y como adelantó OKDIARIO.

La AVT advierte que «44 etarras podrán descontar lo que han cumplido en Francia y 7 podrían ser excarcelados en los próximos meses». «Desde el Gobierno se nos negó categóricamente que esto fuera a suceder. Mentira número… hemos perdido ya la cuenta, disculpen», ironizan desde la asociación de víctimas.

Además, se quejan de que «nadie se ha dado cuenta de que la modificación de la ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, afectaba también a los etarras». «Queremos pensar que ha sido un error y lo rectificarán mañana en el Senado», se responden a sí mismo.

Aun así, admiten desde AVT que, aunque lo frenen sólo «será un parche» porque «tarde o temprano, se cumplirá la hoja de ruta bilduetarra». El principal objetivo de la formación aberzale, según la asociación de víctimas, es «vaciar las cárceles». «Los señores Sánchez y [Fernando] Grande-Marlaska [ministro del Interior] podrán presumir toda su vida de ser unas figuras de culto para los etarras», sentencia desde la entidad.

Una reforma de largo recorrido

La primera vez que el Gobierno puso sobre la mesa la posibilidad de reformar esta ley fue en el Plan Normativo Anual para 2022. Un documento de 134 páginas elaborado por el Ministerio de la Presidencia que incluye un compendio de todas las leyes y Reales Decretos que se pretenden modificar a lo largo del ejercicio en curso.

La nueva redacción, sin embargo, no se abordó hasta marzo de 2024, el Ejecutivo aprobó un anteproyecto de ley orgánica para facilitar el intercambio de antecedentes penales entre Estados miembros de la Unión Europea. Entonces se justificó esta decisión en la necesidad de «agilizar la cooperación judicial en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia transfronteriza». Sin embargo, aquella propuesta suponía una modificación de uno de los artículos de la Ley Orgánica 7/2014 que afectaba a los etarras condenados y que cumplían penas fuera de España.

Hasta ahora, la norma establecía, a través de su disposición adicional única, que «en ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010». Es decir, que el Gobierno de Rajoy se aseguraba, aprobando ese articulado, que la pena cumplida por un etarra condenado en otro país de la Unión Europea no contase a la hora de cumplir la condena que tuviera que afrontar en España.

El artículo desapareció en el dictamen de la Comisión de Justicia que se votó en la Cámara Baja en septiembre de 2024. Aquel texto incluía una enmienda de Sumar que pretendía la derogación de la disposición adicional única. Desde el partido que encabezaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, justificaban que era para adaptarlo a la normativa comunitaria.

Finalmente, el texto en la Comisión de Justicia salió adelante con 34 votos a favor y 3 abstenciones. En aquella comisión, Vox fue el único partido que no votó a favor del texto. Sin embargo, no lo hizo por la modificación de la disposición adicional única, sino porque la reforma provenía «de un Gobierno presidido por una autócrata que quiere controlar todas las instituciones del Estado, que se ríe de la separación de poderes y que está terminando con la democracia y con la unidad de España», en palabras de Emilio del Valle, portavoz en la Comisión del partido encabezado por Santiago Abascal.

El Ejecutivo socialista responde así a una reivindicación histórica del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, quien solicitó «cambiar la ley» porque era la «única opción» que existía para sacar a los presos etarras de la cárcel. «Pero para cambiar esa ley nosotros tenemos que obligar a un Gobierno como este a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA, con todo lo que eso quiere decir», sostenía el líder de la formación abertzale. Y la definía como «la madre de todas las batallas». Una batalla que el etarra condenado por pertenecer a la banda terrorista está a punto de ganar.

La reacción del PP

«Si se confirma ese ultraje, esa indecencia a la que ha sometido a este Parlamento, y el engaño a todos los grupos parlamentarios, desde luego que desde el PP vamos a estudiar todas las herramientas políticas, jurídicas y parlamentarias», han asegurado desde el PP. Noelia Núñez, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital de los populares, ha dicho este lunes que actuarán «para evitar que esto se consume».

La diputada del PP ha tildado esta modificación legislativa como «extremadamente grave y preocupante». Y ha arremetido contra el presidente del Gobierno porque, en su opinión, «ha engañado al Congreso y a todos los grupos parlamentarios para beneficiar a sus socios de Bildu».