Sánchez ofrece a ERC una renta mínima superior a la de España

El PSOE acaba de ofrecer a ERC el apoyo financiero para que los catalanes puedan tener una renta mínima mejor que la del resto de los españoles. El ofrecimiento pretende ampliar las condiciones de esa paga en Cataluña, de forma que se generalice y se eleve su cuantía. Pero, además, con una particularidad: la Generalitat mantiene un déficit y un volumen de deuda que la ha situado en cabeza de la dependencia de los sistemas de asistencia del resto de territorios españoles.

Es decir, que esa subida y ampliación de la renta mínima correrá a cargo del resto de ciudadanos ubicados en las comunidades que no percibirán esas prestaciones, pero sí las pagarán. La propuesta ha sido elaborada por los equipos del PSC, ya que éstos aspiran a gobernar de la mano de ERC tras las próximas elecciones catalanas y dentro de una alianza “progresista” que ha defendido en innumerables ocasiones el propio Miquel Iceta. Los socialistas catalanes justifican esta medida, ya elaborada y redactada, que “las sucesivas reformas” llevadas a cabo –precisamente por la falta de fondos con los que mantener ese tipo de pagos– han “supuesto el desmantelamiento del sistema de garantía de rentas del que disponía nuestro sistema de protección social”.

“Actualmente en Cataluña hay un riesgo importante de fractura social y un dramático crecimiento de la pobreza severa que afecta, especialmente, a nuestros niños y adolescentes». Asimismo, según el PSC, «es más difícil la reinserción social y laboral de las personas expulsadas del programa de la RMI –Renta Mínima de Inserción– y de aquellas que no se llegarán a incorporar aunque lo necesiten. La imposibilidad de acceder a unos escasos recursos económicos para subsistir producirá un aumento de la explotación laboral, más economía sumergida, más familias desahuciadas y un elevado riesgo de estallido social”, explican los socialistas catalanes.

Sin embargo, el PSC no exige que la Generalitat deje de gastar en su Administración paralela o en la creación de todo un Estado en espera de una pretendida independencia. No, lejos de ello, ofrecen su apoyo para complementar los pagos y poder realizar “una reforma urgente de la Ley de la RMI, con el objetivo de devolverle su carácter de derecho subjetivo y ofrecer oportunidades de inserción laboral, y mientras no se apruebe una Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)”.

El objetivo es ampliar esos pagos para que lleguen a “todas las familias con niños y sin ingresos” y, además, para “el mantenimiento en el programa de la Renta Mínima de Inserción a las personas que mantienen las circunstancias que generaron el derecho a percibirla después de los 60 meses de permanencia”. Para que alcancen los pagos “después de haber estado durante 4 meses sin ingresos” y también para “garantizar el pago efectivo de la prestación el mes siguiente a su resolución positiva así como hacer efectivos los pagos atrasados de las prestaciones a todas las personas que las tienen aprobadas de manera progresiva”. Y, además, con el fin de “aumentar los recursos destinados a ayudas para urgencias sociales que gestionan ayuntamientos y entidades sociales”.

Pero, además, los socialistas quieren una “garantía de rentas a partir de una Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía” que “garantice la prestación como un derecho universal de toda la ciudadanía de Cataluña, no condicionado a la disponibilidad presupuestaria ni a la obligación de participar en acciones de inserción social y laboral”. Y no sólo eso, que además “garantice la prestación como un derecho subjetivo de carácter individual vinculado a la situación económica de la persona y, en su caso, del núcleo familiar o de convivencia” y que “establezca el derecho a percibir una prestación económica mínima”.

Es decir, una renta mínima garantizada en su plenitud y, además, sin necesidad de capacidad presupuestaria porque lo pagará el sistema nacional. Los textos actuales recogen el pago para las personas que se encuentren en una situación de necesidad económica de una Renta Garantizada de Ciudadanía de 564 euros al mes. Esa cuantía es mayor que cualquiera de las reguladas en el resto de España, y con un universo de potenciales receptores muy superior al del resto de regiones, salvo dos excepciones: el País Vasco con 665 euros mensuales y Navarra con 548 euros. Sin embargo, ambos territorios cuentan con un sistema de financiación especial, Cataluña no.