Sánchez lleva dos años infringiendo la ley para ocultar cuánto cuestan sus pactos con el independentismo

Pedro Sánchez lleva ya más de dos años infringiendo la ley que obliga al Gobierno a desvelar, cada seis meses, cómo reparte la inversión estatal entre las distintas comunidades autónomas. Ocultar la cifra supone, en la práctica, esconder cuánto le están costando al Estado los pactos que Sánchez ha ido trabando con el independentismo catalán para mantenerse en el poder.

Una de las partes sustanciales de esos pactos son precisamente la inversión del Gobierno central en Cataluña. Y, por derivación, en su caso, cuánto llega de más a esta región en detrimento del resto de comunidades. Desde octubre de 2022, Sánchez oculta esas cifras sin que, hasta el momento, ese incumplimiento de la ley le haya conllevado correctivo alguno. Sánchez instauró la opacidad después de que en el primer semestre de 2022 –último informe oficial publicado al respecto– el Ministerio de Transportes desviara a Cataluña un 800% más de inversión que a la Comunidad de Madrid.

La publicación de la inversión del Estado que aterriza en cada comunidad autónoma fue un precepto que, en aras de la transparencia, convirtió en obligatorio el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy. Hasta entonces era una práctica que quedaba al albur del gobierno de turno. Se vinieron publicando informes de inversión estatal por autonomías en 2009, pero el Ejecutivo de Rajoy decidió implantarlo de forma permanente como obligación legal. Modificó la Ley General Presupuestaria en 2014 para instaurarlo como precepto de obligado cumplimiento, pero Pedro Sánchez lo infringe sistemáticamente desde hace más de dos años.

El último informe de inversión regionalizada del Estado se publicó a finales de 2022. Lleva fecha de 11 de octubre de ese año, fue elaborado por la Intervención General del Estado y recoge cuánto había invertido el Gobierno de Sánchez en cada autonomía durante el primer semestre de ese 2022. Desde entonces no ha publicado ningún informe más al respecto. Apagón total.

Esa opacidad del Gobierno que llegó clamando por la «transparencia» ha coincidido con el estrechamiento de las hipotecas de Sánchez con el independentismo catalán. Llegó al poder en junio de 2018 con la moción de censura contra Rajoy. Para que Sánchez pudiera ganar esa votación fueron imprescindibles los votos de ERC, Junts y los proetarras de Bildu.

Tras las elecciones de 2019, fue investido de nuevo presidente del Gobierno en enero de 2020 gracias a ERC: los independentistas catalanes de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián se abstuvieron, y esas abstenciones le eran imprescindibles a Sánchez para poder ganar la votación de investidura. En la trastienda quedaban las cesiones negociadas con el PSOE hacia ERC, partido que formaba parte de la Generalitat –por entonces era vicepresidente catalán Pere Aragonés, quien en mayo de 2021 pasó a convertirse en president, cargo en el que se mantuvo hasta el 10 de agosto del año pasado, cuando tomó el timón del Gobierno catalán el socialista Salvador Illa con el beneplácito pactado con ERC–. Y en 2023 Pedro Sánchez volvió a ser investido presidente del Ejecutivo con los votos del independentismo. Se mantiene gracias a los pactos con ERC y los sellados en Suiza con el prófugo Puigdemont (Junts).

Con todo ese telón de fondo, se hace todavía más gruesa la infracción legal en la que Sánchez incurre de forma reiterada desde hace más de dos años para ocultar las inversiones del Estado en Cataluña y en el resto de autonomías, lo que es esencial para poder medir una parte fundamental del coste de esos pactos cerrados por el PSOE con el independentismo catalán. Y esencial, también, para que el nacionalismo catalán pueda comprobar si el trato privilegiado que le exigieron a Sánchez lo está cumpliendo de forma satisfactoria. Sea por lo uno o por lo otro, para que el resto de autonomías no se irriten o para que el independentismo no le reproche, Sánchez prefiere incumplir la ley para ocultar las cifras.

La labor del Congreso, cercenada

La ley no sólo obliga al Gobierno a publicar semestralmente lo que los ministerios y sus entes invierten en cada autonomía. La misma ley establece que el informe debe ser entregado cada seis meses al Congreso, como parte fundamental de la información que el Gobierno debe rendir ante la oposición para el ejercicio de su labor constitucional de control al Ejecutivo. Pero nada de eso está ocurriendo.

En aras a esa estrategia de opacidad, el Gobierno dio una vuelta de tuerca más hace un año, en enero de 2024, cuando por decreto decidió que el Instituto Nacional de Estadística (INE) dejara de publicar periódicamente el gasto del Estado en las distintas autonomías. Una forma de reforzar todavía más el apagón informativo de Moncloa para no rendir cuentas.