Sánchez engaña a Policía y Guardia Civil con la equiparación: no iguala ni pagas extra, ni complementos

Pedro Sánchez ha vendido la equiparación salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil como un gran logro. Lo ha hecho pese a que el acuerdo base procedía del último Gobierno del PP. Pero, además, lo cierto es que la equiparación de sus remuneraciones con el resto de cuerpos policiales no es tal: ni los complementos, ni pagas extra, ni asistencias a juicios, ni condiciones de jubilación se igualan con los policías autonómicos.

La sorpresa más sangrante se la llevarán los agentes en segunda actividad o en la reserva. Se trata de policías que pasan a esta situación por voluntad, exigencias o por determinados problemas y, pese a ello, son los mayores perjudicados por la falsa equiparación, como señalan desde el sindicato policial Jupol.

“A partir de los 55 años y 58 años [dependiendo de la antigüedad de los policías] los agentes pueden elegir pasar a segunda actividad. Puede ser por motivos psicofísicos. Y lo cierto es que sus complementos no serán equiparados”, destacan desde el sindicato policial. Es más, “había 100 millones de euros previstos para que quienes quisieran y pudieran volver a la primera actividad, lo hicieran. Y nadie sabe qué ha pasado con eso”.

Pero no se trata de los únicos puntos en los que la equiparación de Pedro Sánchez se ha convertido en un acto de tacañería. “Los gastos producidos por la asistencia a juicios tampoco se remuneran, y la policía autonómica tiene un complemento por esos actos”, destacan desde Jupol.

Es más: “Las pagas extra y los servicios extraordinarios también se quedan fuera del plan de equiparación”, subrayan desde el sindicato policial.
El resultado es descriptible: “Incluso con la equiparación diseñada a pleno rendimiento, los agentes nacionales siguen perdiendo entre 200 y 300 euros al mes con respecto a un mosso”, concluye Jupol.

El sindicato subraya la gravedad de que el diseño de la equiparación “deje en el olvido a todos los compañeros de segunda actividad y en la reserva, muchos de ellos artífices de los años más duros de la lucha antiterrorista”, porque son precisamente los agentes con más experiencia y años en el cuerpo. El plan de equiparación procede directamente del Gobierno y las Direcciones Generales de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Se trata de un esquema que, según el presidente de JUSAPOL, Miguel Ángel Gómez, “para nada corresponde con una equiparación real, y deja fuera a muchos compañeros”.

Desde JUSAPOL, JUPOL y JUCIL se ha denunciado ya que con este acuerdo “se deja en la estacada a todos los compañeros de segunda actividad y en reserva, y para los compañeros en activo no supone una equiparación económica real con las policías autonómicas”.

Para JUSAPOL, JUPOL y JUCIL, “el único porcentaje por el que tenemos que luchar es por el de la diferencia que existen entre las nóminas de las policías autonómicas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Los dirigentes de estas entidades han insistido ya en diversas ocasiones en “la necesidad de continuar luchando por lograr una equiparación salarial real y efectiva de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con las policías autonómicas” y han reiterado que “se van a poner en marcha todas las medidas de presión, judiciales y reivindicativas necesarias para que el Gobierno corrija su postura y ponga en marcha esta equiparación real de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas”.

«Esperar un poco más»

Para colmo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado partidario este pasado lunes de esperar «todavía un poco más» para conseguir un acuerdo en torno al reparto de los 247 millones del tercer y último tramo del acuerdo de equiparación salarial en la Policía Nacional y la Guardia Civil, aunque ha asegurado que «será pronto cuando todos los policías nacionales y todos los guardias civiles tengan en sus nóminas ese tercer tramo materializado».

Marlaska asegura que el método de trabajo para cerrar el acuerdo «está ya señalado» a partir de ahora a través de la Secretaría de Estado de Seguridad con el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Y ha incidido en que «lo importante» es que se haya podido aprobar sin presupuestos este tercer tramo, «con lo cual cumplimos el acuerdo de equiparación salarial, que no ha sido nada fácil».

No se trata del primer retraso. El ministro rechazó el pasado 23 de abril, durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, el pago de ese tercer tramo del acuerdo de equiparación salarial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Marlaska lo supeditó a los acuerdos para la «reconstrucción social y económica» por la pandemia del coronavirus, que actualmente se debaten en la Cámara baja.

El ministro, sin embargo, cambió de criterio, justo cuando necesitaba aplacar las críticas de la Benemérita tras la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid y la dimisión del teniente general Laurentino Ceña como director adjunto operativo del Cuerpo (DAO) a causa del escándalo de la intromisión oficial del Gobierno en la instrucción judicial por haber permitido la manifestación feminista del 8M en medio de las alertas por el coronavirus.

Por sorpresa, Marlaska aprovechó una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros a finales del pasado mes de mayo para anunciar la aprobación del tercer pago, con un total de 247 millones de euros destinados al incremento de las nóminas de los agentes. El abono, que se hará efectivo con efecto retroactivo a 1 de enero de 2020, llegaría, así, en el mejor de los casos, con más de cinco meses de retraso. Y de forma parcial.