Asociaciones de víctimas del terrorismo y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de organizar una «maniobra publicitaria para tapar el abandono y la humillación» que sufren las familias de los asesinados por la banda terrorista y los policías que realizan su trabajo a diario en el País Vasco «entre acoso, violencia y humillaciones». Según el Ministerio del Interior lo que este jueves va a suceder en las instalaciones de la Guardia Civil de Valdemoro, en Madrid, será la representación de «la derrota policial de ETA por parte del Estado de Derecho».
Detrás de esta contundente frase en las próximas horas el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska será uno de los testigos de cómo una apisonadora aplastará literalmente aproximadamente 1.000 armas intervenidas a las bandas terroristas ETA y Grapo en los años 80 y 90, una de las épocas más duras del terrorismo en España y que mayor número de víctimas dejó en nuestro país. Pero Marlaska no estará sólo mañana, de hecho, él no será quien presida el acto, sino que lo hará el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en persona.
Las armas destruidas ya no tienen ningún tipo de utilidad legal y se encontraban en el depósito de la Audiencia Nacional, ya que estaban incluidas como elemento probatorio en procedimientos legales que ya tienen sentencia firme. Mañana, en la escuela de la Guardia Civil de Valdemoro, se destruirá todo tipo de armamento, desde armas cortas, pistolas y revólveres, a armas largas como escopetas, y será el armamento exclusivamente intervenido a las dos bandas terroristas en territorio español. Al acto asistirá no sólo la cúpula de Interior y el presidente Sánchez, sino también representantes de Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía autónoma vasca.
Sin embargo, lo que parecía un acto ‘cómodo’ para Sánchez se ha convertido en las últimas horas en una piedra en el zapato colocada por asociaciones de víctimas del terrorismo y representantes de policías y guardias civiles en el País Vasco.
«Maniobra publicitaria»
En nombre de los primeros ha sido la asociación Dignidad y Justicia los primeros en alzar la voz para negarse a acudir al acto convocado por Marlaska y al que han sido invitados. Según esta asociación, el acto de destrucción de armas “no es más que una maniobra publicitaria de este Gobierno, con su presidente a la cabeza, que trata de tapar el abandono, humillación y traición a los que tiene sometidas a las víctimas del terrorismo” Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, firma un comunicado en el que evoca un hecho incontestable, y es que el presidente del Gobierno no se ha reunido más que una vez con las asociaciones de víctimas. Según Portero, la última vez que Sánchez estuvo con estas asociaciones fue en el año 2018 “para escenificar otro movimiento político como fue la entrega de los documentos intervenidos a la organización terrorista ETA, por parte de las autoridades judiciales francesas”. Dice Portero que aquello fue un uso de las asociaciones que merece como respuesta la ausencia mañana en la destrucción de las armas de la banda.
Recuerda la asociación en su comunicado que Sánchez va a presidir el acto de destrucción de armas «solo unas horas antes de que se produzca el acercamiento semanal de presos de ETA al País Vasco», que de un tiempo a esta parte viene produciéndose todos los viernes cuando entre cuatro y cinco terroristas condenados son trasladados de cárceles a otras más cercanas al País Vasco o a sus mismas prisiones.
Pero por si la ausencia de alguna asociación de víctimas pudiera ser malinterpretada, en el mismo comunicado Dignidad y Justicia recuerda su agradecimiento y reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hicieron posible las detenciones e intervenciones que representan las armas que se van a destruir mañana en Madrid: «Esta Asociación quiere manifestar que su ausencia a dicho acto es una protesta contra el Gobierno por los motivos expuestos y en modo alguno lo es hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, verdaderos valedores de la lucha antiterrorista y que, desde este comunicado, les quiere expresar su profundo agradecimiento, el cual nunca será suficiente, por su lucha incansable contra el terrorismo en España y por su defensa incondicional del honor, la verdad y la justicia de las víctimas del terrorismo».
Y esa es la otra piedra en el zapato de Sánchez, los policías y los guardias civiles que están destinados en el País Vasco y en Navarra, donde la simpatía por el legado de ETA sobrevive. Ellos también, a través de alguna de sus asociaciones profesionales, han mostrado su disgusto por un acto, que a su entender no refleja la dura realidad de los cuerpos nacionales. Según Jupol, asociación policial, lo que se verá mañana es «una imagen irreal de los que viven y sufren a diario en el País Vasco y Navarra compañeros y ciudadanos. Ataques, acoso, violencia y humillaciones de aquellos que apoyan, ensalzan y blanquean el terrorismo».
