La abogada del Estado cómplice del indultazo de Sánchez perdió un caso familiar contra un Gobierno del PP

La jefa de la sección Penal de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane López, cómplice del Gobierno de Pedro Sánchez en los indultos que ultima para los presos golpistas del 1-O, se enfrentó a un Ayuntamiento gobernado por el PP en un caso familiar y terminó perdiendo el litigio.

Seoane, que llegó después a este puesto sin apenas experiencia en el ámbito penal y procedente de la secretaría general de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), fue quien reemplazó al hoy diputado de Ciudadanos Edmundo Bal tras ser purgado por el Gobierno de Pedro Sánchez al negarse a firmar un escrito de acusación del que desapareció toda alusión a la violencia de los separatistas. Y ahora, ha declinado pronunciarse al respecto pese a darle traslado el Tribunal Supremo.

OKDIARIO ya publicó en 2019 que Seoane, representante de la Abogacía del Estado en el juicio del 1-O en el Supremo, se saltó la ley de incompatibilidades al asumir la defensa de su marido en un juicio contra el Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte (Madrid) sin solicitar la correspondiente compatibilidad, como reconoció a este periódico. Dicho Consistorio estaba entonces gobernado por el PP, pero no prosperó el recurso de Seoane en su contra al ser tumbado por el Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.

Ahora, este medio reproduce la sentencia dictada por dicho Juzgado, donde se detalla que Seoane, en calidad de letrada de su marido, exigió al Ayuntamiento de Boadilla del Monte que indemnizara a su pareja con 1.971,28 euros en concepto de «responsabilidad patrimonial» de la Administración tras sufrir daños y lesiones al atropellar en moto a un «perro supuestamente vagabundo que irrumpe en la calzada».

La abogada del Estado que baila el agua a Sánchez en el indultazo a los golpistas del 1-O en Cataluña formuló primero una reclamación al Ayuntamiento por las «contusiones múltiples» sufridas por su marido en  un accidente de moto en junio de 2004. Pero el Consistorio, gobernado por el PP y mediante resolución del que era alcalde en ese momento, Arturo González Panero, desestimó en octubre de 2005 dicha reclamación por la «inexistencia de nexo causal determinante de la responsabilidad reclamada», según los servicios jurídicos municipales.

Un perro «vagabundo»

Sin embargo, Rosa María Seoane y su marido no se conformaron y decidieron interponer recurso contencioso-administrativo ante la resolución de Alcaldía. En 2007, el Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid dictó sentencia al respecto y tumbó el citado recurso con una nítida fundamentación jurídica. Según el fallo, no quedó probada «la concurrencia de los requisitos exigidos, en tanto que existe el daño real y efectivo producido, sin embargo no está acreditada la forma en que estos se produjeron pues la única prueba de que la caída se hubiera producido en la forma pretendida es la manifestación del recurrente».

«A todo ello cabe añadir -prosigue la sentencia- que, en relación con el nexo causal, se sitúa en la colisión con un perro supuestamente vagabundo que irrumpe en la calzada, lo que también se trata de una simple manifestación», reza la resolución, recalcando la existencia de prueba al respecto tanto en la vía administrativa como jurisdiccional».

Reclamó un año después

Además, la sentencia incide en que «tampoco existe denuncia alguna con carácter inmediato a ocurridos los hechos, pues la primera actuación de la recurrente está fechada en 19 de julio de 2005 en que plantea su reclamación, justo el día en que vencía el plazo de prescripción, dando por hecho en ese momento que la caída se produjo en el lugar en el que se manifiesta y en la forma en que se refleja». Es decir, tal actuación se produjo un año después del siniestro.

De este modo, añade el fallo, «fácil habría sido reclamar la supuesta actuación municipal acreditativa de la retirada del animal muerto y de la inexistencia de dueño así como de otras variadas circunstancias que pudieran avalar la condición de vagabundo del perro y del incumplimiento por parte de la Administración de su obligación de adoptar las medidas oportunas para evitar el accidente».

Franco y Plus Ultra

Seoane también se personó y defendió abiertamente al ex delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, en la causa que se abrió por la celebración del 8M en la Comunidad en 2020 pese a encontrarse el coronavirus ya desbocado en la región. Además, la jefa de Penal de la Abogacía del Estado ha salido en auxilio de los empleados públicos implicados en el caso de las ayudas a la aerolínea Plus Ultra. En ambos casos, Seoane ha cuestionado con tono inapropiado a los jueces instructores de tales causas.