La reforma del CNI que Sánchez trata con el PNV prevé un mayor «control político» de los espías

La reforma de la ley del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que ha registrado el PNV hace unos días en el Congreso, a la que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió la puerta el pasado miércoles, pretende «ahondar en el control político» de los servicios secretos españoles, dependientes del Ministerio de Defensa.

Así consta en el texto presentado por los nacionalistas vascos, que estos días han puesto el foco en lo que han llamado un «doble control judicial» de las actuaciones del CNI. Esto es, que la autorización para la intervención de las comunicaciones no dependa solamente de un juez del Tribunal Supremo o su suplente, sino que haya unanimidad de tres magistrados.

No obstante, la iniciativa no se circunscribe al ámbito judicial, sino que también se adentra en el plano político, según reza en el articulado de la proposición de ley del PNV consultada por OKDIARIO. Los peneuvistas reclaman modificar tanto la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, del control judicial previo, como la Ley 11/2002, de 6 de mayo, del Centro Nacional de Inteligencia, que son las dos normas que regulan el funcionamiento del citado organismo.

De momento, Moncloa ha avanzado que está en sus planes la modificación de una tercera ley, la franquista de Secretos Oficiales de 1968, si bien aquí podría abordar cambios respecto a las otras dos normas mencionadas. Los nacionalistas vascos también tiene registrada una iniciativa en este sentido desde 2019, pero su tramitación se ha ido dilatando con sucesivas ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas.

El texto del PNV presentado el pasado martes recoge que como medida «dirigida a mejorar el control político del CNI, de las máximas personas responsables y de sus actuaciones, la Comisión del Congreso de los Diputados encargada del control parlamentario del CNI (la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados), podrá conocer los medios a través de los cuales se producen aquellas intervenciones que han recibido la pertinente autorización judicial».

Sin embargo, la vigente Ley de 2002 reguladora del CNI establece en su artículo 11.2 que la Comisión de Gastos Reservados «tendrá acceso al conocimiento de las materias clasificadas, con excepción de las relativas a las fuentes y medios del Centro Nacional de Inteligencia y a aquellas que procedan de servicios extranjeros u organizaciones internacionales en los términos establecidos en los correspondientes acuerdos y convenios de intercambio de la información clasificada». Es decir, las «fuentes» y los «medios» empleados por la agencia son ahora confidenciales.

En cambio, con la reforma que quiere el PNV y que Sánchez no ha rechazado de entrada, la anterior directora general del CNI, Paz Esteban, tendría que haber revelado en la última reunión de la Comisión de Gastos Reservados si la inteligencia española usó Pegasus o Candiru para vigilar a los independentistas catalanes, algo en lo que la jefa de los servicios no entró. Esteban sí indicó que el CNI, adscrito al Ministerio de Defensa, intervino las comunicaciones de 18 golpistas siempre con autorización judicial, según transcendió de miembros de la Comisión pese al carácter confidencial de la comparecencia.

Acuerdo de 1996

El pasado miércoles, durante la sesión de control al Gobierno y en respuesta al portavoz del PNV, Pedro Sánchez negó que la Guardia Civil y la Policía utilicen el software israelí Pegasus. Y ello pese a que existe un acuerdo vigente del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996 que otorga «la clasificación de secreto a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas», tal y como ha publicado OKDIARIO. Sánchez burló esta norma con rango reglamentario y lo hizo en sede parlamentaria para sorpresa incluso del PNV.

Además, en su contestación a Aitor Esteban, Sánchez afirmó que «en el programa normativo de este Gobierno está planificada la modificación de la Ley de Secretos Oficiales, y el Gobierno está dispuesto a escuchar cuantas propuestas sean necesarias», como la planteada por el PNV sobre el control parlamentario del CNI, «en aras de mejorar la confianza». «Una confianza que desde luego no pone en cuestión el Gobierno de España en el trabajo que están realizando, en este caso los servidores públicos del Centro Nacional de Inteligencia», apostilló el jefe del Ejecutivo socialcomunista.

El próximo jueves está prevista la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso que forzaron sus socios secesionistas y proetarras para dar cuenta del «conocimiento y las medidas que se van a tomar en relación con el espionaje a través de Pegasus y Candiru» a líderes independentistas.