Sánchez burló una norma de secretos oficiales al revelar que Policía y Guardia Civil no usan Pegasus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, burló un acuerdo del Consejo de Ministros, con rango reglamentario, al revelar en el Congreso de los Diputados que Policía y Guardia Civil no usan el programa de espionaje Pegasus, según señalan fuentes parlamentarias a este periódico. Tales fuentes apuntan que el jefe del Ejecutivo se saltó el secreto oficial fijado por acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996 en su respuesta del pasado miércoles al portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban.

Las fuentes citadas precisan que Sánchez incumplió este acuerdo al pronunciarse sobre si la Policía y Guardia Civil manejan uno de los dos software israelíes (Pegasus y Candiru) que según los independentistas catalanes ha utilizado el Estado para «espiar» a 65 líderes separatistas. En cambio, a partir de lo que trascendió de la última Comisión de Gastos Reservados, el CNI sólo intervino las comunicaciones de 18 secesionistas con autorización legal. Y no indicó si empleó Pegasus.

«¿Dispone la Guardia Civil o la Policía Nacional del programa Pegasus?», preguntó Esteban al presidente del Gobierno el pasado miércoles. A lo que éste accedió con tal de contentar a su socio: «La respuesta es que no, no porque lo haya dicho yo, sino porque el Ministerio del Interior, precisamente hace semanas, ya clarificó que no tenían ese programa informático». El hecho de que Sánchez hiciera tal declaración sobre un asunto tan sensible, de hecho está considerado secreto, sorprendió al propio Esteban, que le replicó: «Que lo diga usted es importante. Yo por el momento tomo nota. Y ya veremos de aquí a unos meses que es lo que pasa. Le pediría que, en cualquier caso, se asegure», afirmó el dirigente nacionalista.

En concreto, el Consejo de Ministros del 16 de febrero de 1996, entonces con el socialista Felipe González todavía al frente, aprobó el acuerdo «por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales». Así, la parte dispositiva de la norma estableció que «se otorga, con carácter genérico, la clasificación de secreto a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas».

El Ejecutivo de González consideró que si ya estaban incluidos, con carácter general, en la Ley de Secretos Oficiales los procedimientos y medios utilizados en la lucha antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de «garantizar al máximo la seguridad», era «necesario clasificar expresamente como secretos los procedimientos, medios y técnicas operativas utilizadas en materia antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». De ahí que se adoptara el referido acuerdo, con rango reglamentario.

Y justamente, este acuerdo ha sido esgrimido por el propio Gobierno de Pedro Sánchez en las Cortes Generales para no dar detalle alguno a los separatistas catalanes sobre los medios empleados en la intervención de sus comunicaciones. Sin embargo, Pedro Sánchez y en dos ocasiones previas en estas semanas el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han revelado materia clasificada como secreta.

Respuesta a Bel

Por ejemplo, el diputado y portavoz del PDECat en el Congreso, Ferrán Bel, preguntó al Gobierno por escrito en julio de 2021: «¿Cuáles son los programas informáticos que, entre 2010 y 2021, han utilizado y utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para intervenir teléfonos móviles y comunicaciones telefónicas de ciudadanos españoles?».

Y Moncloa respondió el pasado septiembre: «En relación los medios técnicos utilizados para la intervención de comunicaciones, se informa que por acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996, tienen con carácter genérico la clasificación de secreto, lo que abarca la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista por las (FCSE)».

Además, el Ejecutivo añadió que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) observan estrictamente la legalidad y no realizan intervenciones de comunicaciones no autorizadas por la Autoridad Judicial, y por tanto, no espían a personas ni entidades».

Tsunami Democràtic

Cabe destacar que los pinchazos que denuncian los separatistas y que contaron en todo momento con el beneplácito del Tribunal Supremo y del Gobierno, se enmarcan en una investigación por un presunto delito de terrorismo que se sigue en la Audiencia Nacional. De ahí que este caso encaja perfectamente con el secreto oficial al que alude el acuerdo del Consejo de Ministros 6 de febrero de 1996 sobre «la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

El Juzgado Central de Instrucción número 6 del que es titular el juez Manuel García-Castellón abrió en octubre de 2019 una causa sobre Tsunami Democràtic, la plataforma secesionista que organizó los disturbios en Cataluña tras conocerse la sentencia del 1-O.

El instructor pretende desenmascarar al independentismo más extremista y averiguar la dirección, financiación, organización y ejecución de esta organización, que se movilizó a través de las redes sociales y aplicaciones móviles para desencadenar protestas violentas en Cataluña en otoño de 2019 -ya con Pedro Sánchez en La Moncloa- contra la sentencia del Supremo por el referéndum ilegal y el golpe de Estado de 2017.