Los socios de Sánchez preparan otro golpe al CNI: un test exprés para desclasificar secretos oficiales

El decapitamiento del CNI ha sido el primer paso de los socios de Gobierno de Sánchez en la voladura del esquema operativo de la inteligencia española. Podemos y Más País trabajan ya en una nueva exigencia al Gobierno para que no pueda mantener ocultos determinados secretos de Estado, de forma que, cualquier investigación que pueda rozar a su entorno proetarra, separatista o comunista tenga que ser desvelada y, por lo tanto, cuente con claros impedimentos a su realización.

Más País es el que más ha desarrollado esta fórmula. La denomina Triple Test y se basa en un esquema de controles externos que permite a partidos como el suyo exigir el levantamiento de todos aquellos secretos que no cumplan con los requisitos de ese test. El Gobierno, de hecho, se encuentra inmerso en un proceso de reforma de la ley de secretos oficiales. Los socios de Sánchez han exigido que esa ley vea la luz en esta legislatura y quieren aprovecharla para maniatar a los servicios de Inteligencia a través de ella.

Fue el PNV quien en 2016 dio marcha a esta exigencia por medio de una proposición no de ley. En aquel momento, unieron fuerzas los Gobiernos del PP y del PSOE para dar patada hacia adelante a la reforma por medio de inacabables ampliaciones del periodo de enmiendas, de forma que las disoluciones de las Cortes por las sucesivas elecciones evitaran la aprobación efectiva de la norma.

En abril del pasado año, de hecho, Sánchez decidió zancadillear esta reforma con una extraña estrategia: impulsar su propio proyecto de ley. Y, fruto de ello, se encuentra ahora atrapado en una reforma que, en el fondo, no desea. Félix Bolaños no pudo esquivar -en plena crisis del espionaje- responder este pasado miércoles al diputado del PNV Mikel Legarda. Y acabó asegurando que la norma dejará de sufrir retrasos.

Y esa reforma la están esperando muchos más que PNV. Unidas Podemos ya exigió el pasado año en el Congreso de los Diputados la reforma plena de la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Y el objetivo era visible: desclasificar documentos que pudieran alumbrar «violaciones de derechos humanos» o actos delictivos «incompatibles con los valores democráticos”. Evidentemente, Podemos considera que el capítulo de investigaciones con aval del Tribunal Supremo a líderes separatistas inmersos en indicios delictivos es incompatible con su visión de la democracia.

A esto se suma que Íñigo Errejón acaba de registrar en el Congreso un sistema pensado para desclasificar material secreto. Más País afirma que “el derecho de acceso a la información de las personas, como parte esencial del derecho humano a la libertad de expresión, es fundamental para el sustento de las sociedades libres y democráticas” y que “según la legislación internacional, los Estados tienen la facultad legítima de restringir o limitar este derecho por razones muy limitadas y precisas, siendo la más destacada la protección de la “seguridad nacional”. Por eso, según Errejón, «surge, por tanto, una tensión común pero no por ello compleja en toda democracia, entre el acceso a la información y la seguridad nacional”.

Por ello, propone que “las autoridades competentes deban demostrar que estas restricciones son necesarias y proporcionales a la amenaza específica que, en su opinión, justifica su no divulgación”. Y propone «el llamado triple test –legalidad, necesidad y proporcionalidad-«, para que sea “de obligado cumplimiento para los Estados, como recuerda el Comité de derechos humanos en observación general 34 sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión garantizado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de septiembre 2011”.

Este test, además, exige “que toda restricción de información debe estar prescrita por ley con medidas disposiciones específicas y claras, también las restricciones a la información por motivos de seguridad nacional (Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Resolución 1954, 2013)”.
Pero, claro, para todo ello, debe conocerse al menos parte de la información para poder aplicar el triple test, algo que, por lo tanto, acaba ya de facto con buena parte de la operatividad de los servicios secretos.