El PSOE lleva en su programa electoral blindar a los piquetes violentos en las huelgas salvajes

El PSOE de Pedro Sánchez lleva en su programa electoral para estos comicios generales del 28-A la polémica propuesta de blindar a los piquetes violentos de huelgas salvajes ante responsabilidades penales.

Así consta en la página 176 del programa de los socialistas, donde se comprometen a «eliminar el artículo 315.3 del Código Penal, que recoge una forma agravada del delito de coacciones en el ámbito del derecho de huelga y que no supone más que un intento por parte de la derecha de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical», señalan.

De esta manera, bajo el pretexto de la «libertad sindical», el partido que sostiene al Gobierno evidencia aquí su podemización abogando por suprimir dicho precepto del Código Penal, según el cual «quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses».

La supresión de este artículo ya fue incluida por PSOE y Podemos en el acuerdo que sellaron para el proyecto de ley de Presupuestos Generales del 2019, unas cuentas que al final no vieron la luz al ser tumbadas por el Congreso de los Diputados. Por su parte, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras también incluyeron esta medida en su decálogo de exigencias para las elecciones generales de este 28-A.

«Contra la libertad»

El pasado noviembre, el Pleno del Congreso rechazó la enmienda a la totalidad presentada por el PP contra la propuesta de ley de Unidos Podemos que apostaba por derogar el artículo 315.3 del Código Penal. Los populares subrayaron que «la actuación de los piquetes coactivos atentan claramente contra la libertad y el derecho al trabajo».

Además, recordaron que fue precisamente el Gobierno del PP el que «suavizó» el artículo 315 del Código Penal, que en 1995 planteaba penas mayores, de hasta 4 años y medio de cárcel. En este sentido, la diputada del PP Silvia Valmaña señaló que la enmienda de totalidad presentada por su grupo tenía por objeto «reflexionar» sobre los derechos de los trabajadores, «que también deben ser revisados».

Así mismo, explicó que los populares no buscan «endurecer el castigo», sino hacer «las cosas bien para lograr los efectos deseados y no los contrarios». De hecho, explicó que si se deroga este artículo las penas se endurecerían más porque las infracciones se irían a otros puntos del artículo 315 del Código Penal.