Podemos quiere perseguir a los funcionarios que vayan contra ‘sus’ «principios democráticos»

Podemos pone el foco en los denominados ‘delitos de odio’, una categoría penal que ha englobado algunos casos especialmente polémicos, como el del ‘cómico’ Dani Mateo y su mofa a la bandera española o el del rapero Valtonyc. Y la formación de Pablo Iglesias tiene un objetivo claro: vigilar estas conductas en el caso de los empleados públicos.

Así se recoge en el programa para las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, en el que el partido morado plantea «medidas para asegurar» que ninguno de ellos «participe en discursos y delitos de odio o tenga conductas contrarias a los principios democráticos y que, en caso contrario, tales conductas se investiguen».

El problema es determinar qué constituye un ‘delito de odio’ para Podemos, o qué podrá sancionar bajo la excusa de incumplir los «principios democráticos», un concepto sujeto a interpretación y no exento de controversias. 

La consideración de ‘delito de odio’ y el límite de la libertad de expresión ha generado numerosos episodios conflictivos.

El pasado octubre, el Congreso -con el voto a favor de Podemos, PSOE, PNV y los independentistas- aprobó una iniciativa del partido de Iglesias para revisar o eliminar algunos artículos del Código Penal como las injurias a la Corona o la ofensa a los sentimientos religiosos. Entre los delitos y sanciones que serían objeto de revisión, figuraba, por ejemplo, el de enaltecimiento del terrorismo (artículo 578), castigado con una pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. Ese artículo penaliza el «descrédito, el menosprecio o la humillación de las víctimas» de delitos terroristas o a sus familiares.

Complicidad con condenados 

Podemos ha mostrado su complicidad con varios condenados por dicho delito, como la tuitera Cassandra Vera, condenada a más de un año de prisión por la Audiencia Nacional por escribir tuits jocosos sobre el asesinato del almirante Carrero Blanco y luego absuelta por el Supremo. Otro caso polémico fue el de los titiriteros que, en un acto en Madrid, mostraron una pancarta con una exaltación a ETA (‘Gora Alka-Eta’), o el del rapero Valtonyc, que llegó a fugarse para evitar su ingreso en prisión por una condena, a tres años y medio, por enaltecer el terrorismo e injuriar al Rey en las letras de sus canciones. La formación podemita también se mostró en contra de la condena a los agresores de los guardias civiles de Alsasua y sus parejas, limitando el ataque a una simple «pelea de bar».

Entre otros, la proposición de Podemos proponía también eliminar los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos, considerando que
«lo único que habría que proteger es la libertad religiosa como derecho fundamental», y que las críticas que puedan ofender a los creyentes entran dentro de la libertad de expresión. La formación consideró también que las ofensas o insultos a las Comunidades Autónomas o a sus símbolos, como banderas o himnos -castigados ahora con pena de multa de siete a doce meses- tampoco merecían ser castigados, porque no suponían «ataque contra la patria» y se enmarcan en la libertad de expresión.

En el programa para Europa, Podemos propone la creación de una policía especial, dedicada a perseguir su consideración de ‘delitos de odio’. En ella enmarcan por ejemplo, los discursos de carácter «misógino, antigitano, antisemita, islamófobo, xenófobo, afrófobo o LGTBIfobo, en todas sus formas de expresión y en todas las esferas». También proponen «prohibir los grupos neofascistas, neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo o el fascismo». Sin embargo, no hay ninguna alusión a los regímenes comunistas.