Podemos presiona al PSOE para impulsar en Navarra la ‘ley contra la Policía’ que indemnizará a los proetarras

Podemos ha aprovechado la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso de Ciudadanos contra la ley vasca de abusos de la Policía para impulsar de nuevo una norma similar en Navarra, que también se encuentra recurrida ante la Justicia. La formación de Pablo Iglesias, socio del Gobierno de la socialista María Chivite, reclama que el Ejecutivo navarro «ponga todo lo que esté en su mano para desbloquear la situación generada por el recurso en el Constitucional. Y que esa ley eche a andar».

El Tribunal Constitucional desestimó este martes el recurso presentado por Ciudadanos contra la ley vasca, que pretende «reparar» a las personas objeto de «violencia de motivación política». Esta ley ha sido duramente criticada por los sindicatos de la policía y por la oposición, ya que criminaliza la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años más duros de la lucha contra ETA. También se la considera un blanqueamiento de la violencia etarra, al equiparar a las víctimas de la banda y a sus verdugos.

La ley vasca fue aprobada en el Parlamento vasco gracias a los votos a favor de PNV y PSE y la abstención de Bildu, y cabe recordar que Pedro Sánchez, tras su llegada a La Moncloa, ya retiró el recurso de inconstitucionalidad presentado también en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El punto más polémico es el que permite que las presuntas víctimas serán valoradas por una comisión de tinte eminentemente político, sin que medie proceso judicial. El Constitucional considera ahora, en cambio, que ello no invade las competencias de la Justicia, ya que, estima, no le corresponde a esa comisión «llevar a cabo imputaciones», pese a que su papel es clave y sus decisiones son de gran relevancia.

Comisión política

En Navarra, la ley, de corte similar, fue también recurrida por Partido Popular y Ciudadanos. Su propósito es igualmente el «reconocimiento» y «reparación» de las víctimas de motivación política «generadas por la acción violenta de grupos de extrema derecha o por parte de funcionarios públicos».

Como en el caso vasco, la declaración de víctima, que dará derecho a recibir asistencia sanitaria así como una indemnización, queda en manos de una ‘Comisión de Reconocimiento y Reparación’, de perfil altamente político. En la práctica, dadas las mayorías de la Cámara navarra, será Bildu quien determine su composición y la que dispondrá de todo el poder para imponer o vetar a los candidatos.

El desarrollo de dicha ley figuraba ya entre los planes del nuevo Gobierno de la socialista María Chivite, investida el año pasado gracias a la abstención de los proetarras.

La ley navarra para la policía, como informó OKDIARIO, permitirá indemnizar con hasta 150.000 euros a quienes obtengan la consideración de «víctima», y las ayudas se regirán por la Ley Foral de ‘ayudas a las víctimas del terrorismo’, lo que supone una equiparación entre las víctimas de ETA y sus verdugos si estos se consideran víctimas de «torturas policiales». Tendrán derecho al equivalente al 30 por ciento de las cantidades concedidas por la Administración General del Estado en los mismos supuestos.

Podemos quiere que esa ley para la policía eche a andar cuanto antes y considera que la decisión del Constitucional es un renovado impulso. Así, la formación de Pablo Iglesias, socios de los socialistas en el Ejecutivo navarro junto a Geroa-Bai, pretende que el Gobierno de Navarra «ponga todo lo que esté en su mano para desbloquear la situación generada por el recurso en el Constitucional». «Seguimos considerándola imprescindible para avanzar en una memoria inclusiva», ha valorado el partido a través de las redes sociales.

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos (Podemos), ha insistido en que «la ley aprobada por el Parlamento de Navarra debe poder desplegarse en plenitud. Memoria, verdad, dignidad y justicia».

Santos, en su día diputado de Podemos en el Congreso, fue uno de los promotores de las iniciativas del partido para la supresión del delito de enaltecimiento del terrorismo.

El consejero ha restado importancia al hecho de que la comisión pueda determinar la condición de víctima sin que medie una resolución judicial, uno de los aspectos más discutidos, y ha considerado que «en materia de abusos policiales» eso es «difícil» debido a «la propia naturaleza del hecho que se investiga». «Es el propio Estado el que muchas veces obstaculiza el reconocimiento de esa condición de víctima. Es evidente que los delitos de tortura son mucho más difíciles de investigar al estar involucradas presuntamente o no tan presuntamente instituciones del Estado», ha valorado.

Por su parte, la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo (Geroa-Bai), ha considerado también que la decisión del Constitucional «es una noticia importante, para avanzar en materia de reconocimiento a las víctimas y en políticas de memoria, paz y convivencia, también en Navarra».