Bildu tendrá todo el poder para imponer a sus afines en la comisión contra la policía de Navarra

Bildu será un actor determinante en el Gobierno de la socialista María Chivite, que previsiblemente será investida presidenta este viernes con su abstención. La formación de Arnaldo Otegi condicionará las mayorías del Parlamento navarro, de forma que tendrá también la capacidad de maniobrar para imponer sus intereses. Así ocurrirá con la llamada ‘ley contra la policía’, que perseguirá el «incumplimiento de derechos humanos» por parte de grupos de extrema derecha y funcionarios públicos en Navarra.

La intención del futuro Ejecutivo navarro es desarrollar dicha ley, recurrida por Partido Popular y Ciudadanos, y que equipara a las víctimas del terrorismo y  sus verdugos. Su propósito es «configurar el derecho al reconocimiento y, en su caso, reparación de las víctimas de motivación política generadas por la acción violenta de grupos de extrema derecha o por parte de funcionarios públicos, regulando los medios y mecanismos para que sean reconocidas como tales víctimas y, en su caso, como personas beneficiarias de los correspondientes derechos de reconocimiento y reparación integral».

Miembros de asociaciones

La declaración de víctima, que dará derecho a recibir asistencia sanitaria así como una indemnización, queda en manos de una ‘Comisión de Reconocimiento y Reparación’, de perfil altamente político. Y, en la práctica, será la organización de Otegi la que determine su composición y la que dispondrá de todo el poder para imponer o vetar a los candidatos.

Así se recoge, en concreto, en el artículo 14, donde se precisa el sistema de elección de sus integrantes -cuyo mandato dura seis años- y que será por mayoría absoluta del Pleno navarro.

Según ese artículo, la Comisión estará integrada por nueve miembros, entre ellos, el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y el del Instituto Navarro de la Memoria.

Además, se incluirá a dos peritos forenses y un psicólogo o psicóloga designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal, «todos ellos con experiencia en materia de víctimas». El resto, serán elegidos por el Parlamento «entre los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad que disfruten del pleno uso de sus derechos civiles y políticos y que cumplan las condiciones de idoneidad, probidad, cualificación y experiencia necesarias para ejercer el cargo». Estos candidatos serán propuestas al Parlamento de Navarra por los grupos parlamentarios, así como por las organizaciones y asociaciones que desarrollen su actividad en materia de «Derechos Humanos y Memoria» en la Comunidad Foral.

La mayoría absoluta, 26 diputados, viene condicionada por la formación de Otegi: el PSN tiene 11 diputados; Geroa Bai, 9; Podemos, 2 e Izquierda-Ezkerra, uno. Los socialistas, con el resto de sus socios de Gobierno, sumarían 23 votos. Es decir, precisan del apoyo de Bildu para lograr la mayoría necesaria para que sus candidatos prosperen. Al mismo tiempo, el partido de Otegi dispondrá de discrecionalidad para imponer a sus elegidos. Navarra Suma (la coalición de PP, Ciudadanos y UPN) tiene 20 escaños y, además, no es previsible que participe en la elección, por su rechazo frontal a esta ley.

A partir de 1950

Esta comisión, que dispondrá de dotación a través de los Presupuestos autonómicos, determinará la condición de víctima de quienes acrediten una «vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia por motivación política», añadiendo que podrán serlo en casos «en que hayan podido intervenir funcionarios públicos o particulares» bien «en grupo o de forma aislada e incontrolada». En caso de fallecimiento, sus familiares tendrán derecho a solicitar la declaración correspondiente y «a beneficiarse de la compensación económica en la forma que se determine reglamentariamente». Se aplicará a acciones cometidas a partir de 1950.

La ley excluye expresamente «las personas que resultaran fallecidas o heridas por la manipulación de armas o explosivos con el fin de realizar alguna actividad violenta, incluido el caso de que con dicha manipulación lo que se pretendiera fuera repeler o evitar actuaciones legítimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad».

No obstante, sí ampara a las «víctimas de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos», lo que incluye a etarras y afines a la organización terrorista ETA que se consideren como tal en el contexto de la lucha antiterrorista. Ya en su preámbulo justifica el propósito de «dar amparo a un conjunto de víctimas de vulneraciones de derechos humanos que hasta ahora no encontraban acomodo en la legislación previa».

Cabe recordar que las relaciones del Gobierno autonómico con la Policía ya fueron muy tensas durante la legislatura del cuatripartito de Uxue Barkos. La consejera responsable de Interior era entonces María José Beaumont, propuesta por Bildu.

Chivite será investida este viernes con la abstención de los de Otegi, organización que, este miércoles, ratificó su voto con la consulta a su militancia.

Los socialistas se plegarán así a un Gobierno que estará condicionado por el partido proetarra durante toda la legislatura, ya que su apoyo será necesario también para que sus iniciativas prosperen en la Cámara de Navarra.

En una carta enviada en los últimos días a su militancia, Bildu confirmaba ya esa posición preferencial: «Tienen claro que somos sus interlocutores prioritarios y tienen el compromiso de mantener relaciones continuadas con nosotras» (sic). En la misiva se pedía a la militancia que apoyase la abstención para hacer presidenta a Chivite y explicaba que en los «contactos» mantenidos con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Unida, los socios de la socialista «son conscientes de que tendrán que contar con EH Bildu para conseguir la necesaria  mayoría, en aras de la gobernabilidad».

Este fin de semana, el propio Arnaldo Otegi reclamó directamente la abstención a Chivite con el objetivo de «frenar» políticas «autoritarias». Otegi advirtió de que ese apoyo no supone «dar un cheque en blanco».