Sánchez quitó del programa del PSOE la exigencia de motivar y explicar los indultos al Congreso

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este jueves que su partido solicitará un pleno en el Congreso de los Diputados para que Pedro Sánchez informe de los indultos a los golpistas condenados por el referéndum ilegal. Casado se ha referido a ellos como el «autoindulto» secesionista de Sánchez «para seguir en el poder».

Siendo candidato electoral, el ahora presidente del Gobierno mostró fervientemente su desacuerdo con los indultos. Prometió prohibirlos en cualquier caso de corrupción -los dirigentes del procés fueron condenados, además de por sedición, por malversación- y abogó por convertir esta medida de gracia en un instrumento que se aplicase de forma «excepcional». Pero, además, consideró urgente «incorporar la necesidad de su motivación» y «acentuar la información a las Cortes Generales sobre los indultos concedidos».

Así figura en concreto en el programa del PSOE para las elecciones de 2015 y 2016, en las que Sánchez marcó un descalabro histórico para el socialismo. Sánchez borró después esta alusión en sus siguientes propuestas electorales, cuando empezó a estrechar lazos con el separatismo y vio que dependería de esas formaciones para llegar a La Moncloa.

La disposición adicional de la ley de indultos, incorporada en marzo de 2015, obliga al Gobierno a remitir cada seis meses al Congreso un informe sobre la concesión y denegación de indultos. Para la presentación de los datos, un «alto cargo» del Ministerio de Justicia debe comparecer en la correspondiente comisión. Sin embargo, se trata de una norma incumplida sistemáticamente. El actual Gobierno estuvo más de dos años sin comparecer hasta que, en junio pasado, lo hizo el subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno Sánchez. Tampoco existe obligación alguna por parte del presidente del Gobierno de acudir a la Cámara. Pese a dicha norma, Sánchez, como líder de la oposición, abundó en sus propuestas para las elecciones de aquel año y el siguiente en la necesidad de «acentuar» la información que el Ejecutivo remitía a las Cortes sobre los indultos concedidos.

Por otro lado, el artículo 30 de la citada ley establece que «la concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros». El Gobierno deberá motivar mínimamente las razones de «justicia, equidad o utilidad pública» que le llevan a conceder el indulto, aunque no existe una exigencia estricta. De hecho, el Tribunal Supremo advirtió hace unos años de la posibilidad de anular indultos que no estuviesen suficientemente motivados.

Contra el Supremo

El Gobierno sigue adelante con sus planes para indultar a los presos del procés pese al criterio en contra del Tribunal Supremo.

Los magistrados se oponen rotundamente a conceder esta medida de gracia y consideran que sería una «solución inaceptable», puesto que no concurre ninguna de las tres razones que establece la ley, justicia, equidad y utilidad pública.

Además, el informe, conocido este miércoles, destaca que la Sala «no puede hacer constar la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento» y que las peticiones de indulto presentadas por los condenados pretenden que el Gobierno «corrija la injusticia» que, en su consideración, supone la sentencia.

Además, los jueces señalan que «la Sala no se aferra a concepciones ya obsoletas acerca del significado de la resocialización del penado, sobre todo, cuando éste no comparte ni se identifica con los valores sociales hegemónicos» pero «esta idea no es incompatible con la aceptación de que una sociedad pluralista, inspirada en valores democráticos, puede exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores».

Sánchez lleva días construyendo el relato para ignorar al Supremo y conceder los indultos.

Este miércoles, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, defendió que «hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia», reafirmando así sus intenciones.

Pablo Casado reaccionó a la afirmación avisando a Sánchez que «el pago que le piden por haberle metido en la Moncloa será su finiquito y el epitafio del PSOE constitucional».

Ofensiva del PP

El PP ha iniciado una ofensiva contra la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder indultos a los golpistas. Una de las primeras medidas será llevar mociones a los 8.000 ayuntamientos españoles, para que el PSOE se retrate con el «pago político» del presidente socialista.

Los ‘populares’, que descartan movilizaciones en la calle, sí apuestan en cambio por la «presión» institucional y judicial en este caso.

«Nos vamos a oponer a los indultos con todos los instrumentos a nuestro alcance y, de hecho, ya le anuncio que vamos a llevar mociones por todos los ayuntamientos de España para que todos los Plenos de las corporaciones puedan manifestarse y dar su opinión sobre este hecho gravísimo que cuestiona además el Tribunal Supremo», ha declarado García Egea en una entrevista en Telecinco. 

El número dos de Casado ha acusado al Ejecutivo de pretender «reescribir» la sentencia del Supremo sobre el 1-O y ha destacado que Sánchez, con estos «indultos políticos», sólo busca su permanencia en La Moncloa.

García Egea ha reiterado, además, que el PP está «preparado para que en el momento en que los indultos se concedan, recurrir cualquier vía de todas las formas posibles al Supremo para que los indultos no se lleven a cabo».