La número 2 de la ANC también estaba contratada por una fundación para cobrar del Govern

Montserrat Daban, alto cargo de ANC y persona de confianza de Jordi Sánchez, también estaba contratada por una fundación, la Fundación público-privada BioCat con el objetivo de cobrar del Govern. Su cargo en la ANC durante todo el golpe de Estado separatista fue el de secretaria nacional y coordinadora de la Comisión de Incidencia Internacional sobre el voto exterior en el referéndum del 1 de octubre. Daban formaba parte del equipo del blog «los científicos, por la independencia». Pero, sobre todo, tenía sus ingresos garantizados a través de la Generalitat con un peculiar contrato: ella era la responsable de Relaciones Internacionales en la Secretaria de Universidades e Investigación de la Generalitat, pero por medio de un contrato firmado con la Fundación público-privada BioCat.

BioCat es una fundación controlada por los partidos del Govern. En su página web se puede leer actualmente que «el Patronato de Biocat es el máximo órgano de gobierno de la fundación, y reúne una representación plural de entidades públicas y privadas comprometidas con el impulso del sector de las ciencias de la vida en Cataluña». Pese a esa pretendida pluralidad en la designación de sus miembros intervienen entidades privadas, pero también «el Gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona». De hecho, su página web, aún hoy muestra como «Presidente: Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña». Y como «Vicepresidente primero: Antoni Comin, consejero de Salud». Ambos, sin embargo, ya no ostentan estos cargos porque han sido depuestos por aplicación del artículo 155 y, además, son prófugos de la Justicia.

El mecanismo de contratación a Daban ha quedado al descubierto por la inclusión en su perfil de Linkedin del cargo que ostentaba en la Generalitat. Y que, tras las investigaciones realizadas fruto del golpe separatista, se ha destapado que, además, triangulaba a través de esa fundación, de manera que resultaba prácticamente imposible saber que su vía de ingresos no era la ANC sino la propia Generalitat.

Se trata del segundo caso que desmonta las vías de financiación reales de los líderes de ANC. OKDIARIO acaba de desvelar, de hecho, que el líder de ANC Jordi Sánchez cobraba un sueldo mensual de 8.000 euros procedente de otra Fundación, la de la Universidad Pompeu Fabra. Jordi Sánchez, el mismo que acaba de intentar ser puesto en libertad por enésima vez, consiguió, de este modo, contar con unos ingresos más que notables sin necesidad de que contasen los pagos dentro de los registros de la propia Asamblea Nacional Catalana (ANC). Las investigaciones empiezan a aclarar, de este modo, el supuesto misterio de cómo podía tener tanta actividad golpista una asociación que, a fecha actual, sigue defendiendo que no recibe subvenciones de la Generalitat.

«Entidad sin ánimo de lucro»

A pesar de no haber figurado en plantilla, la Fundación Universidad Pompeu Fabra había previsto una asignación mensual de pago de casi 8.000 euros como contraprestación por los «trabajos y estudios» que «oficialmente» ha realizado Jordi Sánchez para esta institución.

«La UPF es una universidad pública», como destaca abiertamente la Universidad. Y la «Fundación Universidad Pompeu Fabra es una entidad privada sin ánimo de lucro, constituida en el año 2006 por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Pompeu Fabra [pública]» que, según sus estatutos, tiene «el objetivo de cooperar para conseguir las finalidades de la Universidad a través de: la promoción y mejora de la docencia y la investigación; el fomento y la difusión de la cultura universitaria; el establecimiento de interrelaciones entre la Universidad y la sociedad».
Por lo visto, en todo ello, ha conseguido encontrar hueco para albergar los lucrativos trabajos de Jordi Sánchez.

Se trata de la misma universidad de la que es profesor Sala i Martín, mentor de Elsa Artadi -hoy mano derecha de Carles Puigdemont- y miembro destacado del Colectivo Wilson, otro de los centros investigados por la Guardia Civil. La Benemérita sospecha que el grupo de economistas autodenominado Colectivo Wilson en el que se encuentra Xavier Sala i Martín pueda haber servido de comité asesor del golpe separatista del 1-O para «el ámbito fiscal y de hacienda». 
Además, cuatro profesores de esta universidad -Sala i Martín, Roderic Guigó, Tomàs Marquès-Bonet, y Anna Veiga han asesorado en las actuaciones del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, el famoso Diplocat desmantelado en aplicación del 155.

Los informes de la Guardia Civil

El pago a través de estas fundaciones puede arrojar luz sobre un supuesto y pretendido misterio de la ANC. Y es que mientras que Òmnium Cultural admite su financiación mediante subvenciones de la Generalitat, ANC lo niega. La Guardia Civil, de hecho, cree que ANC y Òmnium forman parte de un esquema de ocultación de fondos del que se ha beneficiado la Generalitat para eludir los controles del Gobierno y el Ministerio de Hacienda. La estructura sería la que habitualmente se considera como sociedades pantalla o instrumentales, con la única variante de que en esta ocasión, lejos de ser entidades mercantiles, son asociaciones.

La Guardia Civil, por otra parte, ya ha remitido -el pasado 20 de noviembre- un informe al Juez del 13 de Barcelona en el que ya afirmaba lo siguiente: «La Generalitat no ha contestado todavía» a los mandamientos de requerimiento de información sobre sus rutas de dinero, «pero esta Instrucción tiene sospechas de que efectivamente sí se ha empleado dinero público en la consulta». Los agentes realizaban ya en ese informe una descripción del esquema de triangulación preparado para despistar los controles del Gobierno en el desvío de fondos públicos hacia fines ilegales: «Si fue o no dinero público o de un tercero y posteriormente repuesto precisamente de fondos públicos (aquí entrarían o no las actuaciones de la ANC y Òmnium)».

No se trata del único organismo que considera que las cuentas de ANC y Òmnium son una tapadera. El Sepblac, el organismo máximo antiblanqueo, acaba de entrar a investigar a las dos grandes asociaciones separatistas catalanas, tal y como adelanto OKDIARIO.

La Benemérita, además, tiene la sospecha de que el dinero de las campañas de captación de fondos realizadas para pagar los viajes de los familiares a visitar a los encarcelados, estancias como la de Carles Puigdemont en Bruselas, el pago de los gastos jurídicos de todos los imputados por el 1-O, o las fianzas de Forcadell y sus compañeros, puede estar beneficiándose de una vía de dinero negro. Dinero, posiblemente, desviado a cuentas corrientes durante los años previos al golpe separatista con la previsión, ya en esos periodos, de que tuviese que ser utilizado para diversos gastos ligados al proceso de ruptura con España.