El Servicio Antiblanqueo rastrea el movimiento de dinero de ANC y Òmnium en paraísos fiscales

El Sepblac, el organismo máximo antiblanqueo, acaba de entrar a investigar a las dos grandes asociaciones separatistas catalanas: la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium. El organismo, comandado por el Banco de España y que cuenta con los mejores expertos de la Agencia Tributaria y del Tesoro, sólo entra cuando los indicios de blanqueo de capitales son obvios y cuando los movimientos afectan a cuantías sensibles.

El Sepblac cuenta con los acuerdos internacionales y los mecanismos de intercambio de información suficientes para poder seguir las pistas de dinero en paraísos fiscales y de rutas de blanqueo complejas. Y eso es, precisamente, lo que en estos momentos se investiga. Tal y como reclamó en su acusación particular Vox y como adelantó ya OKDIARIO a la vista de los trabajos iniciales desarrollados por la Guardia Civil.

El Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) opera a todos los efectos como la rama financiera de la inteligencia española. Su cometido exacto es el «impedimento de la utilización del sistema financiero o de empresas o profesionales de otra naturaleza para el blanqueo de capitales, así como las funciones de investigación y prevención de las infracciones administrativas del régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior». Es decir, que interviene cuando todas las sospechas apuntan al uso de dinero negro escondido en el exterior y de origen delictivo. Justo lo que se investiga en este caso.

De hecho fue la Benemérita la primera que sospechó de que el dinero de las campañas de captación de fondos realizadas para pagar los viajes de los familiares a visitar a los encarcelados, estancias como la de Carles Puigdemont en Bruselas, el pago de los gastos jurídicos de todos los imputados por el 1-O, o las fianzas de Forcadell y sus compañeros, era excesivo como para ser pagado exclusivamente con los fondos controlados oficialmente de estas asociaciones. La Benemérita empezó la investigación de esas cantidades -justificadas teóricamente como supuestas donaciones- con la sospecha de que se podía estar introduciendo dinero negro dentro de esos circuitos. Dinero, posiblemente, desviado a cuentas corrientes durante los años previos al golpe separatista con la previsión, ya en esos periodos, de que tuviese que ser utilizado para diversos gastos ligados al proceso de ruptura con España.

A partir de ahí -y siempre teniendo como base esas aportaciones y donaciones teóricamente altruistas-, los separatistas aseguraban haber conseguido fondos suficientes para pagar la eterna estancia de Puigdemont en Bruselas -hotel inicial, apartamento posterior, comidas de todos los días, desplazamientos, viajes de sus familiares para verle en Nochevieja, etc.-; los gastos provocados por el resto de consejeros que se fugaron inicialmente con él a Bélgica; los desembolsos jurídicos de los dos Jordis; la ayuda a Junqueras; los desplazamientos de los familiares de los encarcelados; las fianzas de todos los imputados por golpismo -como Carme Forcadell- para que pudieran salir de la prisión preventiva; más el mantenimiento de todo el calendario de movilizaciones que han seguido realizando en Cataluña, precisamente, para poder recolectar dinero y mantener vivo el espíritu golpista. Todo un alarde de gestión y gasto difícilmente justificable ahora que, además, los envíos de subvenciones oficiales de la Generalitat se encuentran bajo control del Gobierno central debido a que sigue vigente la aplicación del 155 de la Constitución.

Pero no fue lo único que despertó las sospechas judiciales y policiales. Desde el inicio de las actuaciones lanzadas por el juez instructor del 13 de Barcelona, Ramírez Sunyer, la policía judicial sigue la pista de la posible existencia de rutas de dinero procedentes de cuentas en paraísos fiscales y utilizadas por las organizaciones separatistas. En concreto, en Suiza y Luxemburgo. Hay que recordar, como también adelantó OKDIARIO, que, de hecho, ya se ha localizado una sede de ellas en el paraíso de Luxemburgo. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) tiene una sede inscrita en el paraíso fiscal de Luxemburgo. Fue constituida como tal en este país el 15 de julio de 2014 y figura como entidad sin ánimo de lucro, condición que le permite recibir donaciones directamente desde este paraíso fiscal con una mayor dificultad para el seguimiento y control por parte de las autoridades españolas.