La Guardia Civil investiga la vinculación de Sala i Martín y el ‘Colectivo Wilson’ al Comité Ejecutivo del 1-O

La Guardia Civil sospecha que el grupo de economistas autodenominado Colectivo Wilson en el que se encuentra Xavier Sala i Martín pueda haber servido de comité asesor del golpe separatista del 1-O. Las investigaciones parten de las menciones realizadas por el juez Santiago Vidal -sancionado por redactar un borrador de Constitución catalana- en las que apuntaba directamente a este grupo de expertos como “equipo de trabajo” del que “disponemos [en referencia al colectivo encargado de impulsar la independencia]” para “el ámbito fiscal y de hacienda”.

La propia Guardia Civil aclara en sus informes remitidos ya a la Justicia que “el llamado Colectivo Wilson al que hace referencia es un grupo de investigadores y economista que ejercen fuera de España, cuya misión es, según su página web www.wilson.cat contribuir al debate sobre la autodeterminación en Cataluña para que sus ciudadanos puedan decidir su futuro libremente, sin miedo ni amenazas”.

El Colectivo Wilson se define como “políticamente plural”. Tanto que, como señala en su web, han “alcanzado un consenso en torno a los siguientes catorce puntos”, de los que el primero es que “el derecho a la autodeterminación es un derecho fundamental de cualquier nación y, por lo tanto, también de Catalunya. Este derecho incluye la potestad de escoger democráticamente su forma de organización política”.

Entre las figuras que aparecen como abanderados de este movimiento se encuentra un grupo de catedráticos donde destaca Xavier Sala i Martín (Columbia). Le acompañan Guerra Padró i Miquel (London School of Economics), Jaume Ventura (Pompeu Fabra), Pol Antrás (Harvard), Carles Boix (Princeton University) y Jordi Galí (Pompeu Fabra).

La Benemérita destaca en su investigación que todas las declaraciones que hacen referencia a este colectivo fueron realizadas en el transcurso de unas charlas en las que el juez suspendido Vidal habla de “la creación de la Agencia Tributaria Catalana propia”. En ese contexto, el mencionado Vidal señala que “está perfectamente diseñado en estos momentos cuál será la estructura territorial del sistema fiscal de la nueva ‘república de Cataluña’, es decir, cuáles serán las cabeceras donde habrá las oficinas para pagar los impuestos, cuál será el personal que tendrán estas oficinas…”, “tenemos todo el software” y “disponemos… de un equipo de trabajo en el ámbito fiscal y de hacienda que es de lo mejor de Europa. Se le conoce con el nombre de Colectivo Wilson”.

Acto seguido, el juez catalán plantea sin ningún problema: “Todo esto que haremos […] ¿es legal? Depende. ¿Está de acuerdo con la legalidad internacional? Sí. ¿Está de acuerdo con la legalidad española? No”.
Hay que recordar que la cúpula golpista diseñó y montó dos grupos de personas encargadas de lanzar el desafío constitucional. El primero era el Comité Estratégico, donde estaban Puigdemont y Junqueras y el resto de primeras filas como, posiblemente, Marta Rovira, tal como adelantó OKDIARIO. Pero había un segundo grupo, menos plagado de grandes figuras, pero no menos importante, que era el Comité Ejecutivo. Allí, los golpistas incluyeron a los secretarios generales de Presidencia y vicepresidencia (Josep María Jové), los directores de las oficinas de desarrollo del autogobierno, y -como grupo de gran importancia técnica- “profesionales expertos en los distintos ámbitos del proyecto y consejeros o secretarios generales ad hoc, según las temáticas a tratar”. La Guardia Civil investiga si dentro de estos expertos se encontraba el Colectivo Wilson mencionado y Xavier Sala i Martín.

“Los miembros del Collectiu Wilson hemos decidido poner nuestros conocimientos al servicio de los ciudadanos de Catalunya para analizar y contrastar los trabajos, los estudios y las afirmaciones que se presenten a partir de ahora”, afirman ellos en su web. Una afirmación que les ha permitido colgar un manifiesto de 14 puntos donde, al margen de la defensa del “derecho a la autodeterminación” porque, afirman, “es un derecho fundamental de cualquier nación y, por lo tanto, también de Catalunya”, añaden, por ejemplo que “el Estado español ha sido hasta ahora incapaz de satisfacer las demandas de Catalunya de tener un nivel de autogobierno pleno y un sistema de financiación que le permita alcanzar sus objetivos nacionales. Hoy en día, Catalunya no tiene libertad plena para elegir en cuestiones tan importantes como el modelo educativo, el sistema de justicia o el mapa de infraestructuras. De hecho, entendemos que el Estado español trata injustamente a los ciudadanos de Catalunya al ofrecerles unos servicios y unas inversiones que están muy por debajo de lo que corresponde a sus contribuciones fiscales”.

Afirman también que “el sistema autonómico español, basado en una solidaridad interregional arbitraria e ilimitada, no sólo ha sido incapaz de dar a Catalunya los medios que le permitan alcanzar niveles óptimos de crecimiento y prosperidad, sino que ha acabado por llevar a la Generalitat a la ruina financiera”.

Porque, según sus planteamientos “estamos ante una encrucijada histórica. El debate actual sobre un nuevo modelo de estado para Catalunya es fundamental para el futuro de nuestro país. El nuevo estado que salga de este proceso de reflexión colectiva determinará el bienestar de las generaciones presentes y futuras de catalanes. Hay que elegir bien y sin miedo”.

Por todo ello, estos expertos afirman que “no negamos que el resto de los ciudadanos del Estado español puedan cambiar de opinión en un futuro próximo, aceptando que Catalunya tiene derecho a la autodeterminación y/o proponiendo un Estado español reformado aceptable por parte de Catalunya. Sin embargo, los antecedentes sugieren que la probabilidad de que eso pase es muy baja. De acuerdo con la jurisprudencia internacional, el ejercicio del derecho a la autodeterminación es factible. Difícilmente la comunidad internacional permitirá que se ignore la voluntad del pueblo de Catalunya si esta se expresa mediante un proceso pacífico y democrático”.