Los asesores de Puigdemont diseñan el 22-D: invadir el Parlament, asaltar las calles y restituir a Trapero

Desacreditar al Estado por la corrupción y la insostenibilidad del sistema de pensiones, convencer a Europa de las ventajas de una Cataluña independiente, controlar las fronteras, ocupar instituciones como el Parlament, movilizar a bomberos y Comités de Defensa de la República y restituir a Trapero como Mayor de los Mossos. Son algunas de las propuestas que los asesores de Carles Puigdemont manejan para el día después de las elecciones, confiando en la victoria.

Aunque en los programas que el secesionismo diseña para los comicios no mencionen explícitamente la  independencia,  el punto central de todos ellos sí será la construcción de la República catalana interrumpida con la aplicación del 155. Y esto pasa, coinciden tanto en ERC como en el PDeCAT, por promover el «reconocimiento» internacional del Estado independiente. Los intentos, hasta ahora, han sido un fracaso.

Las «cuatro crisis»

«Acumular fuerzas, tanto a nivel interno como internacional, debilitar al Estado en sus cuatro crisis-democrática, corrupción, deuda y pensiones-y preparar a la ciudadanía para tomar el control del territorio», son los ejes que fija Ramir de Porrata, candidato en la lista del expresident. 

Según esta estrategia, la incapacidad del Estado para pagar las pensiones en el futuro provocará  una crisis de deuda que lastrará también la economía europea. «Estas cuatro crisis convierten al Estado en una bomba de relojería para Europa. Si Europa no hace nada, las cuatro crisis del Estado español se convertirán en las cuatro crisis de Europa», sostiene en un análisis.

«Tendremos que avisar a Europa de que la mejor forma de evitar que estas cuatro crisis le afecten es que Cataluña sea independiente», prosigue.

Para buscar esas complicidades europeas, se defiende que, si Cataluña se independiza, «el problema español será menor» y, en consecuencia, también será menor para Europa. Además, afirma que «el Estado catalán está dispuesto a asumir más deuda de la que nos corresponde» y «podría ayudar a industrializar España».

Control del territorio

El control del territorio adquiere también un papel destacado en la hoja de ruta independentista. Plantean ocupar puntos neurálgicos, infraestructuras estratégicas, instituciones- incluyendo el Parlament- y bloquear los principales medios de transporte, dos acciones para las que se contará con la colaboración de los Comités de Defensa de la República y los bomberos.

Los planes para controlar el territorio y hacer posible la República catalana figuran ya en los documentos incautados en su día al Govern. En uno de ellos, titulado «Actuaciones y medidas en el escenario del dos de octubre»,  exponían que “el éxito tendrá mucho que ver con la capacidad real de ejercer un control efectivo sobre el territorio de Cataluña” y sobre “los comportamientos de los ciudadanos y las instituciones”.

Los dirigentes secesionistas consideraban básico controlar las “infraestructuras críticas” como el aeropuerto de Barcelona, los puertos de Barcelona y Tarragona, las centrales nucleares o la gestión de las aduanas “entre otros elementos que no sólo impactan sobre la viabilidad del despliegue de la nueva República, sino que también lo hacen sobre la estabilidad y la viabilidad del Estado español”.

Precisamente esto último es lo que querían poner sobre el tablero de para forzar una negociación con el Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, avisaban de que la «falta de colaboración/cooperación entre ambos actores puede generar una cadena de serios problemas en este ámbito con potencial contagio del resto del sistema económico y financiero europeo e internacional».

Más allá de los planes tras el 21-D, el independentismo sí asume que los tiempos se han ralentizado, y por eso, la hoja de ruta a la ruptura no será, ni mucho menos, inmediata. Una reflexión que coincide con las declaraciones de la exconsejera de Educación, Clara Ponsatí, quien admitió recientemente que el Gobierno autonómico no estaba «suficientemente preparado» para «dar continuidad política de forma sólida» a la declaración de independencia del 27 de octubre.

En este punto, las discrepancias con la CUP son visibles. Los ‘cupaires’ exigen que, tras las elecciones de diciembre «el Parlament retome la actividad como si fuera 28 de octubre», según advirtió estos días su cabeza de lista, Carles Riera.

Riera consideró hace unos días que las elecciones deben ser el «paso definitivo» para «consolidar y materializar la República» y «hacerla efectiva» a partir de un «proceso constituyente», que los antisistema entienden como inmediato.

Restituir a Trapero

Entre el independentismo surge también la restitución de Josep Lluís Trapero como major, en caso de victoria el 21-D. El exjefe de los Mossos fue cesado por el Ministerio del Interior el 28 de octubre y actualmente se encarga de labores administrativas en la Dirección General de la Policía catalana.

No obstante, él mismo ha marcado en los últimos tiempos las distancias con quienes, en su día, fueron sus superiores. De hecho, descartó la entrada en las listas electorales. «He sido un profesional de la policía y eso pienso seguir siendo», explicó en una nota remitida a los medios.

Actualmente, Trapero está siendo investigado por la Audiencia Nacional por presunta sedición por su actuación durante los altercados del 20 y 21 de septiembre en la Consellería de Economía de Barcelona, durante la operación Anubis contra la cúpula organizadora del referéndum ilegal.