La Guardia Civil considera a Òmnium y ANC ‘tapaderas’ del Govern para pagar el golpe con dinero público

La Guardia Civil cree que ANC y Òmnium forman parte de un esquema de ocultación de fondos del que se ha beneficiado la Generalitat para eludir los controles del Gobierno y el Ministerio de Hacienda. La estructura sería la que habitualmente se considera como sociedades pantalla o instrumentales, con la única variante de que en esta ocasión, lejos de ser entidades mercantiles, son asociaciones.

Las investigaciones de la Benemérita le han llevado al juez Pablo Llarena a ordenar el registro de las sedes de ambas entidades. Donde los agentes de la policía judicial han buscado pruebas para confirmar varios puntos. En primer lugar los esquemas reales de financiación de ambas entidades. Hay que recordar que Òmnium es una sociedad que obtiene subvenciones y que no ha ocultado su percepción de fondos públicos. Pero no así ANC. Según los responsables de la Asamblea Nacional Catalana, sus ingresos proceden exclusivamente de las captaciones de aportaciones populares. Los datos de la Guardia Civil no encajan con esta tesis y con la capacidad de movilización de la ANC.

La Guardia Civil remitió el pasado 20 de noviembre un informe al Juez del 13 de Barcelona en el que ya afirmaba lo siguiente: «La Generalitat no ha contestado todavía» a los mandamientos de requerimiento de información sobre sus rutas de dinero, «pero esta Instrucción tiene sospechas de que efectivamente sí se ha empleado dinero público en la consulta». Los agentes realizaban ya en ese informe una descripción del esquema de triangulación preparado para despistar los controles del Gobierno en el desvío de fondos públicos hacia fines ilegales: «Si fue o no dinero público o de un tercero y posteriormente repuesto precisamente de fondos públicos (aquí entrarían o no las actuaciones de la ANC y Òmnium)».

No se trata del único organismo que considera que las cuentas de ANC y Òmnium son una tapadera. El Sepblac, el organismo máximo antiblanqueo, acaba de entrar a investigar a las dos grandes asociaciones separatistas catalanas, tal y como adelanto OKDIARIO.

El organismo, comandado por el Banco de España y que cuenta con los mejores expertos de la Agencia Tributaria y del Tesoro, cuenta con los acuerdos internacionales y los mecanismos de intercambio de información suficientes para poder seguir las pistas de dinero en paraísos fiscales y de rutas de blanqueo complejas. Y eso es, precisamente, lo que en estos momentos se investiga. Tal y como reclamó en su acusación popular Vox y como también adelantó en su momento este diario a la vista de los trabajos iniciales desarrollados por la Guardia Civil.

Gastos ligados al proceso independentista

De hecho fue la Benemérita la primera que sospechó de que el dinero de las campañas de captación de fondos realizadas para pagar los viajes de los familiares a visitar a los encarcelados, estancias como la de Carles Puigdemont en Bruselas, el pago de los gastos jurídicos de todos los imputados por el 1-O, o las fianzas de Forcadell y sus compañeros, era excesivo como para ser pagado exclusivamente con los fondos controlados oficialmente de estas asociaciones. La Benemérita empezó la investigación de esas cantidades -justificadas teóricamente como supuestas donaciones- con la sospecha de que se podía estar introduciendo dinero negro dentro de esos circuitos. Dinero, posiblemente, desviado a cuentas corrientes durante los años previos al golpe separatista con la previsión, ya en esos periodos, de que tuviese que ser utilizado para diversos gastos ligados al proceso de ruptura con España.

A partir de ahí -y siempre teniendo como base esas aportaciones y donaciones teóricamente altruistas-, los separatistas aseguraban haber conseguido fondos suficientes para pagar la eterna estancia de Puigdemont en Bruselas -hotel inicial, apartamento posterior, comidas de todos los días, desplazamientos, viajes de sus familiares para verle en Nochevieja, etc.-; los gastos provocados por el resto de consejeros que se fugaron inicialmente con él a Bélgica; los desembolsos jurídicos de los dos Jordis; la ayuda a Junqueras; los desplazamientos de los familiares de los encarcelados; las fianzas de todos los imputados por golpismo -como Carme Forcadell- para que pudieran salir de la prisión preventiva; más el mantenimiento de todo el calendario de movilizaciones que han seguido realizando en Cataluña, precisamente, para poder recolectar dinero y mantener vivo el espíritu golpista. Todo un alarde de gestión y gasto difícilmente justificable ahora que, además, los envíos de subvenciones oficiales de la Generalitat se encuentran bajo control del Gobierno central debido a que sigue vigente la aplicación del 155 de la Constitución.