Jordi Sánchez cobraba en la ANC 8.000 € al mes a través de la Fundación Universidad Pompeu Fabra

El líder de ANC Jordi Sánchez cobraba un sueldo mensual de 8.000 euros procedente de la Fundación Universidad Pompeu Fabra. Jordi Sánchez, el mismo que acaba de intentar ser puesto en libertad por enésima vez, consiguió, de este modo, contar con unos ingresos más que notables sin necesidad de que contasen los pagos dentro de los registros de la propia Asamblea Nacional Catalana (ANC). Las investigaciones empiezan a aclarar, de este modo, el supuesto misterio de cómo podía tener tanta actividad golpista una asociación que, a fecha actual, sigue defendiendo que no recibe subvenciones de la Generalitat.

Fue Jordi Sánchez el mismo que aseguró en el acto del 11 de junio pasado en Montjuic, con Guardiola como testigo, que “no habría jueces suficientes para llevar a todos los tribunales”. Pues bien, no sólo parece que empieza a haberlos, sino que lo que también parece es que su posición económica era más que saneada mientras lanzaba las consignas. Porque, pese a no figurar dentro de la contabilidad de ANC, Jordi Sánchez había encontrado una vía de ingresos mensuales más que notable para desarrollar su actividad golpista.

A pesar de no haber figurado en plantilla, la Fundación Universidad Pompeu Fabra ha previsto una asignación mensual de pago de casi 8.000 euros como contraprestación por los “trabajos y estudios” que “oficialmente” ha realizado Jordi Sánchez para esta institución.

“La UPF es una universidad pública”, como destaca abiertamente la Universidad. Y la “Fundación Universidad Pompeu Fabra es una entidad privada sin ánimo de lucro, constituida en el año 2006 por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Pompeu Fabra [pública]” que, según sus estatutos, tiene “el objetivo de cooperar para conseguir las finalidades de la Universidad a través de: la promoción y mejora de la docencia y la investigación; el fomento y la difusión de la cultura universitaria; el establecimiento de interrelaciones entre la Universidad y la sociedad”.
Por lo visto, en todo ello, ha conseguido encontrar hueco para albergar los lucrativos trabajos de Jordi Sánchez.

La universidad de Sala i Martín

Se trata, además, de la misma universidad de la que es profesor Sala i Martín, mentor de Elsa Artadi -hoy mano derecha de Carles Puigdemont- y miembro destacado del Colectivo Wilson, otro de los centros investigados por la Guardia Civil. La Benemérita sospecha que el grupo de economistas autodenominado Colectivo Wilson en el que se encuentra Xavier Sala i Martín pueda haber servido de comité asesor del golpe separatista del 1-O.

Las investigaciones parten de las menciones realizadas por el juez Santiago Vidal -sancionado por redactar un borrador de Constitución catalana- en las que apuntaba directamente a este grupo de expertos como “equipo de trabajo” del que “disponemos [en referencia al colectivo encargado de impulsar la independencia]” para “el ámbito fiscal y de hacienda”.
Además, cuatro profesores de esta universidad -Sala i Martín, Roderic Guigó, Tomàs Marquès-Bonet, y Anna Veiga han asesorado en las actuaciones del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, el famoso Diplocat desmantelado en aplicación del 155.

El pago a través de esta fundación y la implicación de más protagonistas de la Universidad Pompeu Fabra puede arrojar luz sobre un supuesto y pretendido misterio de la ANC. Y es que mientras que Òmnium Cultural admite su financiación mediante subvenciones de la Generalitat, ANC lo niega. La Guardia Civil, de hecho, cree que ANC y Òmnium forman parte de un esquema de ocultación de fondos del que se ha beneficiado la Generalitat para eludir los controles del Gobierno y el Ministerio de Hacienda. La estructura sería la que habitualmente se considera como sociedades pantalla o instrumentales, con la única variante de que en esta ocasión, lejos de ser entidades mercantiles, son asociaciones.

Las tesis de la ANC no encajan

Las investigaciones de la Benemérita le han llevado ya al juez Pablo Llarena a ordenar el registro de las sedes de ambas entidades hace escasas semanas. Allí, los agentes de la policía judicial han buscado pruebas para confirmar varios puntos. En primer lugar los esquemas reales de financiación de ambas entidades. Hay que recordar que Òmnium es una sociedad que obtiene subvenciones y que no ha ocultado su percepción de fondos públicos. Pero, teóricamente, no así ANC. Según los responsables de la Asamblea Nacional Catalana, sus ingresos proceden exclusivamente de las captaciones de aportaciones populares. Los datos de la Guardia Civil no encajan con esta tesis y con la capacidad de movilización de la ANC.

La Guardia Civil remitió el pasado 20 de noviembre un informe al Juez del 13 de Barcelona en el que ya afirmaba lo siguiente: «La Generalitat no ha contestado todavía» a los mandamientos de requerimiento de información sobre sus rutas de dinero, «pero esta Instrucción tiene sospechas de que efectivamente sí se ha empleado dinero público en la consulta». Los agentes realizaban ya en ese informe una descripción del esquema de triangulación preparado para despistar los controles del Gobierno en el desvío de fondos públicos hacia fines ilegales: «Si fue o no dinero público o de un tercero y posteriormente repuesto precisamente de fondos públicos (aquí entrarían o no las actuaciones de la ANC y Òmnium)».

No se trata del único organismo que considera que las cuentas de ANC y Òmnium son una tapadera. El Sepblac, el organismo máximo antiblanqueo, acaba de entrar a investigar a las dos grandes asociaciones separatistas catalanas, tal y como adelanto OKDIARIO.

La Benemérita, además, tiene la sospecha de que el dinero de las campañas de captación de fondos realizadas para pagar los viajes de los familiares a visitar a los encarcelados, estancias como la de Carles Puigdemont en Bruselas, el pago de los gastos jurídicos de todos los imputados por el 1-O, o las fianzas de Forcadell y sus compañeros, puede estar beneficiándose de una vía de dinero negro. Dinero, posiblemente, desviado a cuentas corrientes durante los años previos al golpe separatista con la previsión, ya en esos periodos, de que tuviese que ser utilizado para diversos gastos ligados al proceso de ruptura con España.