Lobato coloca en la Cámara de Cuentas a su jefa de Programa mientras presume de «despolitizar las instituciones»

Juan Lobato, líder del PSOE de Madrid, se ha caracterizado por liderar la batalla por la despolitización de las instituciones públicas oficiales pero, sin embargo, como desvela OKDIARIO, ha propuesto a una persona de su máxima confianza, Otilia Armiñana, como consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Se trata de su responsable en el partido de Programa, Documentación y Apoyo a Candidatos. En lugar de proponer desde el grupo parlamentario socialista a una persona independiente, se ha optado por una persona íntimamente ligada al PSOE de Madrid.

En las últimas semanas, Lobato ha tratado de erosionar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por, supuestamente, tratar de acabar con la independencia de organismos regionales como el Consejo de la Transparencia y Participación o como Radio Televisión Madrid. Sin embargo, en cuanto ha tenido posibilidad de nombrar a alguien de su cuerda ideológica lo ha hecho. En las próximas semanas la Asamblea de Madrid votará la propuesta de nombramiento de Lobato para la Cámara de Cuentas. Por ahora no han trascendido los nombres del resto de partidos del Parlamento madrileño.

El enfado dentro de la Cámara de Cuentas, como ha constatado este periódico, es total. Fuentes consultadas remarcan que ese organismo que fiscaliza la contabilidad de la Administración regional perderá prestigio al aprobar sus informes. Si entre los consejeros hay personas con una clara ideología política, las resoluciones, dicen, perderán valor. Hay un posible conflicto de intereses ya que Otilia Armiñana ha impulsado abiertamente a Lobato como candidato a presidente regional. Tiene interés directo en hacer informes negativos sobre la gestión de Ayuso y su equipo para impulsar a la izquierda.

En todo caso, las fuentes pulsadas sienten especial decepción con Lobato, porque se había caracterizado en las últimas semanas en luchar contra la colonización partidista de instancias públicas que deberían ser neutrales ante las formaciones políticas y las diferentes ideologías.

Lobato y Armiñana no esconden su clara vinculación. A modo de ejemplo, la hemeroteca recoge que en enero de 2023, unos meses antes de las elecciones regionales del 28 de mayo de 2023, realizaron una reunión de equipo. Junto a la responsable de Programa, Documentación y Apoyo a Candidatos estuvieron los jefes de Organización, Justicia, Parlamento, Acción Electoral, Gabinete, Seguimiento Económico, Comunicación y Oficina del Candidato, entre otros. Prometieron un plan de rescate de la Sanidad pública. En él se comprometían a construir una «alternativa de gobierno seria que acabe con caos del PP en Madrid». Sin embargo, el PP de Ayuso arrasó con una arrolladora mayoría absoluta.

Otilia Armiñana ya conoce la Cámara de Cuentas madrileña porque ejerce de oficial mayor. Ahora será ascendida y logrará uno de los asientos vacantes en el Consejo remunerado con 100.000 euros anuales de nómina. Actualmente el presidente en funciones del órgano es Carlos Salgado Pérez, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y número 1 de su promoción en el Cuerpo de Intervención de la Armada.

La web de la Cámara de Cuentas refleja que sigue siendo consejera Mónica Melle, pareja del director del máster donde trabaja la mujer de Sánchez. Esta consejera también ha participado en actos del PSOE. En otras etapas el PSOE también ha propuesto a personas que trabajaron en el sindicato CCOO.

100.000 € al año

Este organismo oficial tiene un presupuesto de más de 8 millones de euros al año, del que 701.240 euros se destinan al pago de altos cargos. Cada consejero cobra 100.556,52 euros públicos al año.

Cabe recordar que el PSOE pidió medidas cautelares al Tribunal Constitucional contra la ley regional que, decían, implicaba la «disolución» del Consejo de Transparencia. Sin embargo, los socialistas no han conseguido frenar la reforma del PP. En todo caso, cuando anunció el recurso ante el Constitucional, Lobato argumentaba que las modificaciones del Ejecutivo autonómico de diciembre iban «en contra de la transparencia y de los objetivos constitucionales del pluralismo».