Llarena levantará la orden de detención sobre Puigdemont

El juez instructor de la causa del procés el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, planea levantar la orden de detención a Carles Puigdemont en los próximos días tras escuchar a las partes. El magistrado ha dado un plazo de 5 días para la presentación de alegaciones. En todo caso, como publicó OKDIARIO, multitud de voces en el Supremo y, en concreto, en la Sala Segunda de lo Penal dan por hecho que lo correcto ante la publicación de la Ley de Amnistía es alzar las medidas cautelares que, a la postre, impiden el regreso a España del ex presidente catalán.

Las fuentes jurídicas pulsadas sostienen que, aunque se presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Llarena no puede mantener una orden de detención que perjudica a una persona que finalmente podría beneficiarse de la amnistía. El Supremo confía en tumbar al menos una parte de la Ley de Amnistía en el TJUE, pero en estos meses hasta que se pronuncie definitivamente el tribunal con sede en Luxemburgo, hay que levantar las cautelares.

La intención de Llarena antes de la aprobación y después de la publicación de la Ley en el BOE pasa por levantar las cautelares. En el Supremo hay pesar con esta decisión, ya que tienen serias dudas sobre si se pueden amnistiar posibles delitos de malversación al afectar a intereses financieros de la Unión Europea. De hecho, Llarena en su providencia que abre el plazo de cinco días apunta a que el legislador ha sido «contradictorio» y la Ley no aclara cómo tienen que actuar los jueces. De todas formas, en caso de duda no se puede perjudicar al reo.

«Conforme a lo expuesto, considerando el razonamiento contradictorio que recoge el legislador en la Ley y que en esta causa se han acordado diversas medidas cautelares que la ley contempla cómo de urgente análisis, procede dar traslado a las partes para que en cinco días informen:
a) Sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira.
b) Sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos prestando una particular referencia a si los hechos pueden considerarse excluidos del ámbito de aplicación de la Ley por la específica previsión del legislador de excluir la amnistía en delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea», explica Llarena.

La única opción de Llarena para mantener las cautelares de Puigdemont sería que, en efecto, considerase seguro que el delito de malversación que atribuye a los independentistas no es amnistiable. De hecho, los cuatro fiscales del procés se pronuncian precisamente en ese sentido en su informe al fiscal general del Estado que este último previsiblemente corregirá.

Si hay dudas, a favor del reo

De todas formas, las fuentes citadas llevan meses subrayando que en caso de duda se tiene que actuar a favor de los encausados. Si el TJUE al final anula parte de la amnistía, habrá que volver a enjuiciar a estos políticos. No habrá problema en detenerles, ya en territorio español, y tratar de, al fin, tomarles declaración y abrir juicio oral.

El Tribunal Supremo concluye, tras revisar la última versión de la ley con las enmiendas que hicieron en su día PSOE y Junts, que no queda otra opción que retirar las medidas cautelares contra el expresidente catalán. «El objetivo era juzgar a estas personas, no que los jueces terminen en la cárcel por incumplir una ley en vigor», remarcan los expertos interrogados.

Cabe recordar que desde la redacción inicial de la proposición de Ley Orgánica, el Supremo ya consideraba inviable mantener la orden de detención. En todo caso, aunque no pueda ser detenido, sí se le podría llamar a declarar. Caber recordar que el Alto Tribunal y la Audiencia Nacional tenían intención de que tomar declaración de Puigdemont y el resto de implicados en el caso Tsunami por videoconferencia.

Peligro de prevaricación

«Que cada palo aguante su vela», indican fuentes jurídicas. Los jueces del Supremo entienden que deben cumplir las leyes vigentes aprobados por los políticos y no están dispuestos a incurrir en un delito de prevaricación por decisiones irregulares. Así, Puigdemont ha exprimido su capacidad de negociación en la investidura de Pedro Sánchez y va a lograr su objetivo. Previsiblemente, podrá regresar a España en breve.

Por otra parte, Llarena ya se ha mostrado muy cauto en los últimos meses. No ha reactivado la euroorden de detención y entrega a pesar del fallo del 5 de julio del Tribunal General de la UE (TGUE), que ratificó la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresidente catalán. El juez a la vista de la inminente Ley de Amnistía, dejó en cuarentena la orden de detención.

El juez considera que si la reactivaba, la defensa de Puigdemont solicitaría de inmediato medidas cautelares ante la Justicia europea. No tenía sentido que Llarena reactivase la euroorden si Puigdemont inmediatamente confirmaba que había solicitado dichas medidas.

Regreso triunfal

Una vez que el Supremo retire la orden de detención en España, Puigdemont podrá moverse libremente por el país, e incluso visitar a Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa, si quiere. En todo caso, mientras tanto, la Sala de lo Penal, antes de decidir si destruye todo el caso, planteará una cuestión prejudicial ante el TJUE para determinar si la ley de Sánchez y Junts se ajusta a las normas europeas.

Como telón de fondo está si se pueden eliminar delitos de terrorismo en instrucción y de malversación, lo que contraviene el principio de igualdad consagrado en los tratados de la UE. En ese momento, el proceso judicial quedará suspendido. La Ley de Amnistía seguirá en vigor, con plena aplicabilidad, pero los jueces del Alto Tribunal esperarán la decisión del tribunal de Luxemburgo antes de triturar los casos. Los dos meses de plazo que marca la Ley para extinguir todas las responsabilidades penales, contables y administrativas quedan en un segundo plano una vez entra el TJUE en juego.

En todo caso, no se descarta que Puigdemont, para protegerse, regrese a Waterloo (Bélgica) cuando se acerque la resolución del TJUE sobre la Ley de Amnistía –un proceso que puede tardar alrededor de 15 meses–. Todo para evitar su detención en España si se invalida la ley desde Luxemburgo.