Marlaska lleva más de un año sin controlar el gas radiactivo que afecta a más de 700 cuarteles

El Ministerio del Interior lleva más de un año sin controlar los riesgos a los que están sometidos los guardias civiles con un gas radiactivo que afecta a 710 cuarteles, el 34% -según datos del propio Departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska- y cuya inhalación supone la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón después del tabaco, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gas radón.

Esta obligación entró en vigor el 22 de junio de 2024, a través del Real Decreto 1029/2022 (artículo 75 1.c), pero Interior sigue sin actuar ante este gas radiactivo que pone en jaque a miles de guardias civiles y sus familias, ya que muchas dependencias afectadas son casas cuartel.

En diciembre de 2024, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y el Consejo de Seguridad Nuclear «por si, como viene siendo habitual, la Guardia Civil eludía sus obligaciones en la protección de la salud de los trabajadores», para conseguir que se realizaran las mediciones cuanto antes y con ello adoptar las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir los riesgos.

Al comprobar que sigue la misma situación, los delegados de la asociación en Córdoba, Murcia y Sevilla han presentado recientemente sendas denuncias contra la Guardia Civil ante la Inspección de Trabajo, a las que seguirán más en los próximos días.

Ante la exigencia de explicaciones a la Benemérita por parte de esta asociación, la decana, la respuesta recibida sigue siendo la que ya dio en septiembre de 2024: que está en marcha un proceso de licitación para contratar a una empresa que realice mediciones de este gas en los cuarteles y así evaluar los riesgos a los que se enfrenta el personal.

Esto le contestó el pasado 18 de julio el cuartel de La Coruña, señalando también que desconoce el estado del citado proceso de licitación, mientras que la comandancia de Sevilla confirmó este pasado 31 de julio que sigue sin contratarse, habla de «próxima contratación».

Unos datos que puede comprobar en los documentos que acompañan a esta información y que han sido proporcionados por la Benemérita a petición de Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, así como vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

Exige explicaciones a la directora general

Nemiña también ha exigido explicaciones a la directora general del Instituto Armado, Mercedes González Fernández, reprochando que el Cuerpo lleva desde el verano pasado repitiendo la misma cantinela y siguen sin tomar medidas.

Además, informa a la directora general que en la Comisión de riesgos laborales de febrero de 2025, al recordar la AUGC que hacía meses que había solicitado conocer el número del expediente de licitación y no le daban la información, se le indicó que «se estaba a la espera de unos informes para poder publicarla», lo que, según declara Nemiña a este diario, corroboró que se habían inventado una licitación fantasma para tapar su «inacción» y que a fecha actual sigue sin producirse.

En la misiva, la AUGC exige a la directora de la Guardia Civil que informe del estado actual del supuesto proceso de licitación en marcha y si ha sido publicada la licitación. Además, le reclama que acompañe su respuesta con el enlace al portal de contrataciones del Estado para poder verla con sus propios ojos. La petición fue efectuada el pasado 23 de julio, pero la directora general todavía no se ha pronunciado.

«El Ministerio del Interior no puede estar dando largas constantemente y retrasando la publicación de la licitación para iniciar de una vez las mediciones y poder adoptar medidas preventivas. Estamos hablando de un gas radiactivo que provoca cáncer de pulmón, una enfermedad que, además es silenciosa y cuando te das cuenta igual ya es demasiado tarde e incluso ni siquiera los familiares pueden relacionar la muerte con un tema laboral», declara indignado a OKDIARIO Eugenio Nemiña, denunciando que «la situación de desamparo es total».

Y destaca que según un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, el Ministerio de Sanidad y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), titulado Mortalidad atribuible a la exposición a radón residencial en España, se establece que «sin corregir por la altura de la vivienda», en 2017 se atribuyeron a la exposición a radón residencial 1.533 defunciones y tras corregirla, 838 muertes, «lo que supone una muestra de la gravedad e importancia de tomarnos en serio este riesgo».

Galicia y Extremadura, a la cabeza

Según los datos de Interior, de acuerdo al mapa del CSN con el grado de riesgo que existe, Galicia encabeza el ranking de cuarteles afectados, con 196, seguida de Extremadura, con 162 y Andalucía, con 112. Después, se sitúa Castilla y León con 73, Aragón con 56, Castilla-La Mancha con 37, Canarias con 36, Aragón con 56 y Cataluña con 14. Se suman a ellas Asturias con cinco, Madrid con cuatro, Murcia, Navarra y el sector de Tráfico de Extremadura con tres, y el País Vasco con dos. Por último, se encuentran Cantabria, La Rioja y la Dirección General de la Guardia Civil, con uno.

Las casas cuartel afectadas

En Aragón, de las 56 instalaciones afectadas por este gas radiactivo que provoca cáncer de pulmón, 47 son casas cuartel, de las cuales 20 se encuentran en Huesca, 17 en Zaragoza y 10 en Teruel. En Galicia, entre las 196 dependencias afectadas también hay 109 casas cuartel: 44 de ellas en Lugo, 37 en La Coruña y 31 en Pontevedra.

En Toledo también están afectadas 27 casas cuartel, 20 en Huelva, 18 en  Granada, 17 en Jaén y en Canarias en 14, ubicadas en Las Palmas. Además, en Almería el gas radón afecta a 9 casas cuartel, en Málaga a ocho y en Cataluña a tres, situadas en Lérida.

La AUGC hace hincapié en que «el riesgo de exposición en los cuarteles es muy elevado, ya no sólo por las zonas, por estar dentro de la cartografía publicada por el CSN, sino también por encontrarse gran parte de las dependencias de la Guardia Civil en sótanos o plantas bajas».

Esta asociación considera que la Guardia Civil está cometiendo diversas infracciones en materia de Riesgos Laborales que ponen en peligro la salud de los trabajadores, como son no realizar las mediciones a las que le obliga la ley y, en consecuencia, no iniciar medidas preventivas, no informar a los trabajadores de las zonas afectadas del riesgo al que están expuestos, y que no se haya tenido en cuenta el especial riesgo que supone el gas radón para las embarazadas.

«Aunque esté pendiente la licitación, es necesario que Interior informe de los riesgos a los trabajadores y a los jefes de unidad de medidas preventivas, por ejemplo ventilar bien todos los días. No puede ser que bajo el pretexto de que hay una licitación pendiente, no hagan nada más», critica Eugenio Nemiña.

«Veremos a ver si cumple o no lo mínimo exigido», agrega, advirtiendo de que desde la AUGC estarán «vigilantes por si acaso Interior saca la licitación de forma muy light y sin realmente hacer lo que tendría que hacerse».