La Guardia Civil estalla contra Marlaska por su inacción ante el gas radiactivo que afecta a 700 cuarteles

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, tiene obligación desde junio de 2024 de controlar un gas radiactivo que afecta a más de 700 cuarteles de la Guardia Civil –muchos de ellos casas cuartel– y que provoca cáncer de pulmón. Sin embargo, la Benemérita ha reconocido recientemente en un documento al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO que siguen sin tomarse medidas preventivas que garanticen la salud de los trabajadores y sin realizarse las mediciones de ese gas.

Más aún, todavía ni se ha licitado el contrato, pese al peligro que este gas supone para los agentes. «Excusa tras excusa, Interior sigue sin cumplir con sus obligaciones para controlar este gas cancerígeno», denuncia en OKDIARIO la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, destacando que «Interior está poniendo en peligro la salud de miles de agentes y familias al negarse a llevar a cabo las comprobaciones pertinentes a las que le obliga la normativa».

Cabe destacar que la inhalación de este gas radiactivo supone la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón después del tabaco, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este gas sale por las fisuras que hay en el suelo y si supera los índices fijados por la OMS hay que emprender acciones, cerrando las dependencias si es necesario o haciendo reformas para evitar que se filtre en las instalaciones. 

El riesgo de exposición en los cuarteles es muy elevado, ya no sólo por las zonas, por estar dentro de la cartografía publicada por el Consejo de Seguridad Nuclear, sino también por encontrarse gran parte de las dependencias de la Guardia Civil en sótanos o plantas bajas. En concreto, de acuerdo con los propios datos reconocidos por Interior, este gas radiactivo afecta a 710 cuarteles, el 34%. Galicia encabeza el ranking, con 196 cuarteles afectados, seguida de Extremadura, con 162, y Andalucía, con 112.

Después se sitúa Castilla y León, con 73; Aragón, con 56; Castilla-La Mancha, con 37; Canarias, con 36; y Cataluña, con 14. Le siguen Asturias, con cinco; Madrid, con cuatro; Murcia, Navarra y el sector de Tráfico de Extremadura, con tres en cada una de estas regiones; y el País Vasco, con dos. Por último, se encuentran Cantabria, La Rioja y la Dirección General de la Guardia Civil, con uno en cada caso.

La obligación de controlar los riesgos a los que están sometidos los agentes con este gas radiactivo entró en vigor el 22 de junio de 2024, a través del Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.

El artículo 75.1.c del mismo establece que los titulares de todos los lugares de trabajo situados en planta baja rasante o planta baja de los términos municipales de actuación prioritaria a los que hace referencia el artículo 79, «deberán estimar el promedio anual de concentración de radón en aire en todas las zonas del lugar de trabajo en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder por razón de su trabajo, excluidas las zonas al aire libre».

Desde su publicación en el BOE el 21 de diciembre de 2022, Interior contaba con un año y medio de plazo para realizar estudios, contratar y empezar las mediciones. Respecto a las mediciones de gas, la norma entró en vigor en junio de 2024. No obstante, ya iniciado 2026 sigue sin darse cumplimiento a esta norma.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, libra una intensa batalla desde el verano de 2024 instando a que se adopten medidas cuanto antes. Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, así como vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales, no para de moverse para que se controle de una vez este gas cancerígeno que él mismo podría estar inhalando al trabajar en una planta menos dos en La Coruña.

Pendiente de un informe jurídico, dice

De acuerdo al citado documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, la Guardia Civil afirma que el Servicio de Acuartelamiento «puso en marcha un expediente para la contratación del servicio» a una empresa externa y que «se encuentra actualmente en la Abogacía del Estado, pendiente de la emisión del informe jurídico preceptivo».

Así lo asegura en un correo fechado a 13 de noviembre, que firma el brigada jefe interino de la oficina de apoyo, en el que indica que «este trámite es un paso previo indispensable en la fase de preparación para la aprobación del expediente y su posterior publicación en la Plataforma de Contratación del Estado».

Esta respuesta llega a petición de Nemiña, quien señala que «se exige a los guardias civiles y ciudadanos cumplir las leyes a rajatabla, pero el primero que las incumple es el Gobierno». La Benemérita siempre habla de una «próxima contratación» que no llega. Ya en septiembre de 2024 la Guardia Civil dijo que había puesto en marcha un proceso de licitación para contratar a una empresa que realizara mediciones de este gas en los cuarteles y así evaluar los riesgos a los que se enfrenta el personal, pero luego admitió que no había tal expediente.

Lo tuvo que reconocer porque el responsable jurídico de la AUGC no paraba de preguntar por el número del mismo al ver que no había rastro en el portal de contratación del sector público. Entonces, se le dijo que «se estaba a la espera de unos informes para poder publicarla», lo que, según Nemiña, corroboró que se habían inventado una licitación para tapar su «inacción», cosa que no descarta que también esté ocurriendo ahora.

Varias denuncias ante la Inspección

En diciembre de 2024, la AUGC presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y otra ante el Consejo de Seguridad Nuclear «por si, como viene siendo habitual, la Guardia Civil eludía sus obligaciones en la protección de la salud de los trabajadores». Para conseguir que se realizaran las mediciones cuanto antes y con ello adoptar las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir los riesgos.

Dos meses después, la Benemérita «reconoció en la Comisión de Riesgos laborales a viva voz que no había expediente alguno», según informa Nemiña, criticando la artimaña de Interior de hablar de una licitación para tratar de desviar el foco y a enero de 2026 todavía siga sin haberla.

El pasado verano, Nemiña también exigió explicaciones a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, reclamándole que informara del estado actual del supuesto proceso de licitación en marcha y si había sido publicada la licitación. Además, le instó a que acompañara la respuesta con el enlace al portal de contrataciones del Estado para verla con sus propios ojos. La petición fue efectuada el pasado 23 de julio, pero la directora anda missing todavía.

En paralelo, delegados de la asociación en varias provincias presentaron sendas denuncias contra la Guardia Civil ante la Inspección de Trabajo, entre ellos los de Córdoba, Sevilla y Murcia, para impulsar este tema que tanto preocupa a los agentes.

Diversas infracciones

La asociación mayoritaria de guardias civiles considera que la Guardia Civil está cometiendo diversas infracciones en materia de Riesgos Laborales que ponen en peligro la salud de los trabajadores: no realizar las mediciones a las que le obliga la ley y, en consecuencia, no iniciar medidas preventivas; no informar a los trabajadores de las zonas afectadas del riesgo al que están expuesto; y que no se haya tenido en cuenta el especial riesgo que supone el gas radón para las embarazadas.

Las casas cuartel afectadas

En Aragón, de las 56 instalaciones afectadas por este gas radiactivo que provoca cáncer de pulmón, 47 son casas cuartel, de las cuales 20 se encuentran en Huesca, 17 en Zaragoza y 10 en Teruel. En Galicia, entre las 196 dependencias afectadas también hay 109 casas cuartel: 44 de ellas en Lugo, 37 en La Coruña y 31 en Pontevedra.

En Toledo también están afectadas 27 casas cuartel, 20 en Huelva, 18 en  Granada, 17 en Jaén y en Canarias en 14, ubicadas en Las Palmas. Además, en Almería el gas radón afecta a 9 casas cuartel, en Málaga a ocho y en Cataluña a tres, situadas en Lérida.

«El Ministerio del Interior no puede estar dando largas constantemente y retrasando la publicación de la licitación para iniciar de una vez las mediciones y poder adoptar medidas preventivas. Estamos hablando de un gas radiactivo que provoca cáncer de pulmón, una enfermedad que, además es silenciosa y cuando te das cuenta igual ya es demasiado tarde e incluso ni siquiera los familiares pueden relacionar la muerte con un tema laboral», declara indignado a OKDIARIO Eugenio Nemiña, denunciando que «la situación de desamparo es total».

Nemiña apunta que un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, el Ministerio de Sanidad y el Consejo de Seguridad Nuclear, titulado Mortalidad atribuible a la exposición a radón residencial en España, establece que «sin corregir por la altura de la vivienda», en 2017 se atribuyeron a la exposición a radón residencial 1.533 defunciones y tras corregirla, 838 muertes, «lo que supone una muestra de la gravedad e importancia de tomarnos en serio este riesgo».

«Si no se hacen mediciones, no se pueden tomar medidas preventivas y el trabajador sin darse cuenta, porque es un gas que ni huele ni se nota, puede estar enfermando y acabar falleciendo e incluso que esa enfermedad no sea reconocida del trabajo», subraya el responsable jurídico de la AUGC.

Y recuerda que nos ampara una Directiva de diciembre de 2013 que obliga al Estado español a adoptar medidas preventivas para la protección de la salud de los trabajadores, la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre. La AUGC no descarta denunciar ante la Comisión Europea los incumplimientos en esta materia, como Interior no actúe de inmediato.