El juez al que temen los golpistas, Ramírez Sunyer, acelera la instrucción del 1-O antes de operarse

1-O
Urnas requisadas del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña
Carlos Cuesta

El juez que abrió las investigaciones que han puesto en jaque a los golpistas, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha vuelto a trabajar pese a tener una operación de apendicitis pendiente. El responsable de todas las pesquisas que -de la mano de la Guardia Civil- han permitido atrapar a los separatistas responsables del golpe de estado del 1-O, regresó hace dos semanas tras pedir tiempo a sus médicos antes de operarse. Y lo hizo para no entorpecer las investigaciones y poder entregar en el plazo necesario todo el trabajo para que el resto de sedes judiciales puedan hacer pagar por su ataque a la Constitución y a la unidad de España a los acusados de rebelión, sedición y malversación.

Ramírez Sunyer, de hecho, ha dado orden de acelerar todas las diligencias pendientes para poderse operar en marzo. La noticia no ha sido del agrado de los acusados, que han perseguido por todos los medios, librarse de un juez que no cesa en su empeño desde que recibió la primera querella de Vox contra las declaraciones de Santiago Vidal. Aquellas declaraciones del impulsor de la “constitución catalana” aseguraban que los preparativos del golpe estaban ya en marcha. Posteriormente se ha comprobado que era totalmente cierto.

Ramírez Sunyer fue el primero que, desde su juzgado de instrucción de Barcelona, consiguió las pruebas claves para que el Tribunal Supremo hiciera saltar el 1-O al tipo delictivo de rebelión. O, dicho de otra manera, el que obtuvo las evidencias para que las penas se elevasen a delitos con hasta 25 años de prisión.

El juez, que también es ingeniero, fue igualmente el que persiguió las llamadas telefónicas y documentos de los golpistas hasta grabarles a todos ellos y detectar la agenda personal de Josep María Jové, pruebas que acaban de ser citadas como claves para mantener a Junqueras en prisión y prohibirle acudir a los plenos del Parlamento catalán.

El veterano juez, de 70 años, ha pagado, sin embargo, un precio por su responsabilidad y dedicación. Durante buena parte de su instrucción, ha mantenido peticiones de recusación de los separatistas que han acabado siendo denegadas judicialmente. Pero, una vez más, y por si los intentos de entorpecer a la Justicia triunfaban, Ramírez Sunyer, puso por delante el buen fin del juicio: fue encargando parte de las diligencias a otros jueces para evitar que una posible recusación contaminase y tumbase el necesario trabajo de investigación a los golpistas que realizaba en esas fechas y de forma ejemplar la Guardia Civil.

Por si fuera poco, este juez ha aguantado durante el proceso judicial pintadas amenazantes habituales en el que fuera su domicilio hasta que el propio casero decidió no renovarle el contrato de alquiler, sin dar ningún motivo, y optase por echarle de la casa.

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