El juez del ‘caso Begoña’ imputa a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno por malversación

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, ha imputado a Judit González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, por malversación, en relación con el desempeño del puesto de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa para la mujer del presidente del Gobierno. González Pedraz está citada el próximo 12 de noviembre a partir de las 9:30 horas.

Peinado cita a Judith Alexandra González Pedraz, si bien considera que no puede ser en calidad de testigo al exponer el presunto delito de malversación de caudales públicos. Por tanto, abre paso a una nueva comparecencia para la secretaria general de Presidencia del Gobierno, como investigada.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Judith González Pedraz pertenece desde el año 2006 al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Antes de nombrada como secretaria general de la Presidencia del Gobierno por el Real Decreto 219/2023, de 28 de marzo, fue directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, entre otros cargos.

En el auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, el juez Peinado convoca a Judith González Pedraz para «informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan, comparecencia a la que deberán comparecer las acusaciones y defensas personadas con el fin de concretar la acusación respecto de la misma; y ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos».

Asimismo, el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid también cita como testigos a Diego de Alcázar, Miguel Escassi y Juan Carlos Doadrio, el mismo día de citación de González Pedraz, aunque a las 11:00 horas, y a María José Sánchez, María Elvira Gutiérrez, María Jesús Morillo, Mercedes Vaquero, Zulma Escalante y Carmen Mitxelena, el 28 de noviembre a las 09:30 horas.

La resolución rechaza frontalmente las peticiones de sobreseimiento del Ministerio Fiscal y las defensas y decide continuar con el procedimiento contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por cinco delitos relacionados con su actividad en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid considera que existen «indicios claros, sólidos y homogéneos» de la presunta comisión de delitos en un caso que incorpora a un alto cargo de Moncloa como es Judith González Pedraz.

Peinado apuntala la investigación

Peinado se apoya en la sentencia del procés que dictó Manuel Marchena, juez del Tribunal Supremo, para apuntalar la investigación por el delito de malversación de caudales públicos. «Lo que viene a enseñarnos el Tribunal Supremo, es que, la deslealtad en la administración de fondos públicos, constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de fondos públicos, con independencia de que, se cause detrimento o perjuicio económico definido, en destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, además de realizar esas funciones públicas, realiza en su jornada laboral, otras de carácter claramente privado», afirma el juez.

Este auto es la contestación de las dos comparecencias que se produjeron en el mes de septiembre en cumplimiento del artículo 25 de la Ley del Jurado. En la citada comparecencia, los tres investigados se ausentaron y sus defensas pidieron dar carpetazo a la investigación, algo que el juez Peinado ha rechazado.

Las acusaciones, por su parte, pidieron en la comparecencia citar a más testigos, entre ellos, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El juez ha descartado que declare de nuevo, ya que considera que es de «carácter de inútil, y por tanto, impertinente» y que las razones que justifican esa consideración es que ya le tomó declaración «si bien, no es descartable, que, como el mismo ha manifestado públicamente, puede cambiar de opinión en cualquier momento, al igual que cualquier otro ciudadano».