El informe con el que Montero avaló el 8-M le exigía «transparencia» sobre los riesgos del Covid

La ministra de Igualdad, Irene Montero, avaló las marchas multitudinarias del 8-M con un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alertaba del riesgo de los eventos masivos e instaba a las autoridades a evaluar la suspensión, como adelantó OKDIARIO. Pero, además, el citado documento incluía otras recomendaciones que fueron desoídas tanto por Montero como por el resto del Gobierno.

En uno de esos puntos se reclamaba «transparencia» a las autoridades sobre los riesgos del coronavirus, y se avisaba de la necesidad de que los ciudadanos dispusiesen de información real sobre «lo que se sabe y lo que no» de la nueva enfermedad. El Ejecutivo de Sánchez, pese a las advertencias de los organismos internacionales, siguió adelante con las marchas ideológicas del Día de la Mujer, ocultando los evidentes riesgos. Por entonces, el virus ya avanzaba descontrolado en la Comunidad de Madrid, y en otros puntos del país, como meses después se admitió desde el Gobierno.

El dossier de la OMS, fechado el 7 de marzo, avisaba de la gravedad del nuevo virus. Las advertencias a las autoridades eran críticas. «Es fundamental activar los mecanismos de coordinación tan pronto como sea posible y mucho antes de que ocurra la transmisión comunitaria extensamente», se puede leer en el documento.

Además, se instaba a los gobiernos a disponer de «planes de preparación», con intervenciones que «deben ser anunciadas y explicadas al público y otros sectores de la sociedad con anticipación, y nuevamente siempre que cambien».

«Ralentizar la propagación»

«Es fundamental comunicar al público lo que se sabe, lo que se desconoce y lo que se ha hecho para prevenir y controlar la transmisión», prosigue la OMS. El organismo advierte que los mensajes a los ciudadanos deben ser «transparentes y coherentes» y que es necesario que la sociedad establezca una relación de «confianza»  con quienes les gobiernan.

Pero, además, la OMS avisaba ya entonces de un escenario preocupante, en el que «las medidas de salud pública» eran necesarias para «ralentizar la transmisión y propagación».

Entre esas medidas se incluía el «distanciamiento social» y la valoración del riesgo sobre actos que comportasen una reunión de «multitudes» o «eventos de masas». Medidas «que son útiles para el Covid-19 y otras infecciones respiratorias transmitidas por contacto y gotitas».

«Las intervenciones de salud pública son y continuarán siendo una herramienta importante para reducir la transmisión y prevenir la propagación del Covid», se destacaba desde la OMS.

El documento instaba además a las autoridades a disponer de un plan completo de preparación, reforzar la preparación del sistema sanitario, y establecer un sistema de detección efectivo.

Nada en el informe referido por Montero hacía pensar que la situación estuviese bajo control. «Las instalaciones sanitarias deben estar preparadas para un aumento de casos Covid-19», «se necesitan sistemas para priorizar el tratamiento de casos graves y de alto riesgo»…

En definitiva, con su respuesta, la ministra reconoce también que no disponía de ningún documento en concreto que evaluase el riesgo asociado a las manifestaciones del Día de la Mujer.

El pasado 26 de marzo, Montero afirmó en una entrevista en La Sexta que la manifestación se autorizó siguiendo «lo que dijeron los expertos y las autoridades sanitarias».

El abogado Samuel Parra preguntó al Ministerio de Igualdad, a través del Buzón de Transparencia, sobre los supuestos informes que avalaron la celebración de las marchas ideológicas. Pero Igualdad rechazó en un primer momento responder, alegando que  se refería a información “contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”. El departamento de Montero también consideró que la petición era abusiva, en cuanto a que “la aclaración de declaraciones de naturaleza política quedaría fuera del ámbito objetivo de aplicación de la citada norma”.

Tras ello, Parra recurrió al Consejo de Transparencia, que determinó que no existían «argumentos que permitan inadmitir la solicitud de información”. El organismo dio un plazo de 10 días a Igualdad para facilitar los supuestos informes al interesado.

Por entonces, la situación era de riesgo evidente en la Comunidad de Madrid, como más tarde acabaría admitiendo el propio Gobierno. De hecho, la respuesta de Sanidad adjunta también el informe del Departamento de Seguridad Nacional, del mismo 8 de marzo, señalando que «se mantenía como moderado el riesgo global para la salud en España».

Efectivamente, ese informe decía lo citado por Igualdad. Pero esa evaluación corresponde a las mismas autoridades sanitarias. Lo que Igualdad no indica es que el dossier en cuestión alertaba también de la valoración de riesgo realizada por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades de la UE, según la cual, el «riesgo asociado para la población» se consideraba «de moderado a alto», así como «el riesgo de la aparición de grupos similares a los de Italia», donde la pandemia estaba entonces ya descontrolada.