El Gobierno financiará investigaciones para imponer su «verdad» sobre la Guerra Civil y el franquismo

Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado -en trámite parlamentario- y, en concreto, en el apartado referido a las políticas sobre Memoria Histórica.  Junto a ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez plantea también la elaboración de un censo nacional sobre víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, la expedición de certificados de «reconocimiento y reparación», la creación de un Consejo Nacional de Memoria Histórica, la implantación de «unidades didácticas y de divulgación de la memoria histórica en la enseñanza y la sociedad en general», además de conferencias, jornadas y congresos, o la «dignificación del Valle de los Caídos como cementerio civil».

Como informó OKDIARIO, Sánchez prevé además la organización de 40 actos de conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano.

Estas medidas se llevarían a cabo a través de la creada Dirección General de Memoria, encargada de la aplicación de la Ley de 2007 ‘por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura’. La dotación presupuestaria para estas políticas asciende a 15 millones de euros. Seis menos, como informó OKDIARIO, de lo que el propio Sánchez exigía a Rajoy.

Entre las medidas se incluye también la «reapertura de la Oficina de apoyo a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo», un servicio de «información personalizada y a través de la página web y en el asesoramiento a los ciudadanos» o la elaboración de un plan cuatrienal de la Memoria Histórica en España.

El Ejecutivo socialista no detalla con cuánto dinero público dotará a cada una de esas medidas, de entre los 15 millones que presupuesta.

Una Comisión ideológica

No obstante, la creación de una Comisión de la Verdad ocupa un lugar prioritario en los planes del Gobierno, como ya figuraba en la ley aprobada por Rodríguez Zapatero.

Se trata de un órgano que tiene como finalidad la elaboración de un informe «incluyente y global» que «contribuya al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas y las garantías de no repetición sobre los crímenes de lesa humanidad y de guerra» cometidos entonces «a través de la promoción del conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado».

La Comisión estará integrada por  juristas, historiadores, profesores o psicólogos- a propuesta del Congreso y Senado, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y asociaciones de víctimas- que tendrán acceso a la totalidad de los documentos históricos, incluidos aquellos clasificados o considerados secretos. Y el informe será aprobado en el Congreso de los Diputados -el Gobierno lo podría sacar adelante contando con los mismos apoyos que en la moción de censura- y tendrá un “carácter vinculante” para todos los poderes públicos.

El Gobierno subvencionará proyectos para el «conocimiento de la verdad» sobre la Guerra Civil y el franquismo de asociaciones, ayuntamientos y universidades

Ese informe será determinante para cumplir con otras medidas incluidas en la ley de Memoria Histórica, como la «pedagogía» con la que pretende instruir a funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado o personal sanitario.

Así consta, en concreto, en la reforma socialista a la ley de Zapatero, que incluye un artículo que determina que «el Estado adoptará las medidas conducentes al diseño de una estrategia y pedadogía en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional y el período histórico correspondiente a la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, destinada a funcionarios públicos y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal sanitario, abogados, procuradores y otros profesionales que, en el desempeño de sus funciones, se relacionen con víctimas».

El plan reserva un apartado especial para los funcionarios de la enseñanza, que estarán además obligados a participar en planes de formación dirigidos a “la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática”. Todo ello, basado en los contenidos derivados de la Comisión.

En línea con esa visión ideologizada de la Historia, el Ejecutivo determina además que todos los programas educativos  deberán incluir «la enseñanza de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas». Los socialistas quieren también «incentivar» la elaboración de material didáctico sobre la Guerra Civil y la «represión franquista».