Sánchez destina a Memoria Histórica 6 millones menos de los que le exigía a Rajoy

El Gobierno ha destinado una partida de 15 millones de euros para la Memoria Histórica en su plan de Presupuestos. Una cantidad inferior a la que el  propio Pedro Sánchez exigía al Ejecutivo de Rajoy, y que era de 21 millones. 

En abril, el PSOE aprovechó sus enmiendas parciales al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 para reclamar la recuperación de partidas para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y exigir esa cantidad para, entre otras cosas, financiar las exhumaciones de víctimas del franquismo o resignificar el Valle de los Caídos.

Además, los socialistas enmendaron el articulado de la ley para solicitar la reapertura de la Oficina de ayuda a Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y reclamar que se dotase a este organismo de suficiente personal y material «para el cumplimiento de los objetivos contemplados en la Ley de Memoria Histórica».

En su texto, los socialistas especificaban que esos 21 millones debían utilizarse para sufragar «toda clase de gastos derivados» de la aplicación de medidas para el «reconocimiento y resarcimiento» de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre las medidas se planteaba la  localización, exhumación e identificación de desaparecidos; la creación de un banco de ADN, la retirada de símbolos franquistas; la creación de un Consejo de la Memoria y Comisión de la Verdad y la resignificación del Valle de los Caídos. Las principales propuestas del ahora Gobierno socialista.

El partido acusaba además al Ejecutivo ‘popular’ de haber hecho «desaparecer totalmente» las partidas «con una clara intención ideológica».

Ahora, los socialistas se ‘enmiendan’ a sí mismos y rebajan la cifra hasta en seis millones. 

Retraso en los trabajos

El Ejecutivo admitió las dificultades de financiación de sus trabajos, y también las complicaciones técnicas. Tanto así, que el plan del Gobierno para las exhumaciones, una de sus propuestas más destacadas, se contempla hasta en cuatro años, como avanzó OKDIARIO. 

A pesar del compromiso de asumir la búsqueda de los desaparecidos, el Ejecutivo no dispone siquiera de un censo oficial de víctimas ni de un mapa de fosas actualizado. Las únicas estimaciones, y que el Gobierno asume como referencia proceden de las asociaciones de Memoria Histórica y sitúan los desaparecidos en unos 114.000 y en 3.000 las fosas.

Tampoco hay avances en la creación del banco de ADN, esencial para identificar los restos y conectarlos con sus descendientes y familiares. Las exhumaciones dependerán después de las negociaciones con las Administraciones implicadas, con las que se elaborarán convenios que recojan las prioridades de cada una de las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.

Según sus cálculos, y como publicó este periódico, las exhumaciones de las fosas costarían, como mínimo, unos 230 millones de euros. A ello se añade que los restos, en avanzado estado de deterioro, se encuentran en la mayor parte de los casos mezclados, lo que exige de un esfuerzo adicional de identificación.

El responsable de este departamento, Fernando Martínez, ya avisó el pasado septiembre de que el proyecto puede crear “falsas expectativas” en los familiares. Y el Gobierno asume que el plan de exhumaciones va para largo.

En los últimos meses, el proyecto más destacado ha sido el del cementerio civil de Castellón, para buscar a las tres primeras personas enterradas allí entre los años 1939 y 1941.

Los trabajos finalizaron recientemente, con unos trece cuerpos exhumados que serán ahora trasladados a Madrid para realizar el cotejo de ADN. Estas pruebas pueden llevar hasta un año y medio, según los investigadores que han participado en las exhumaciones.