El Gobierno calcula que exhumar las fosas de víctimas del franquismo costará más de 200 millones

La exhumación de las fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo tendría un coste para el Estado de más de 200 millones de euros, según los cálculos del ministerio de Justicia.

Pese a su compromiso de asumir la búsqueda de los desaparecidos, el Gobierno no dispone de un censo oficial de víctimas, y ni siquiera de un mapa de fosas actualizado. Las únicas estimaciones proceden de las asociaciones, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que cifran los desaparecidos en unas 114.000 personas. La única cifra que sirve de base para los planes del Ejecutivo socialista. El Gobierno habla también de unas 2.470 fosas en el mapa disponible, pero admite que faltan centenares que ya están localizadas -y que aún no han sido incorporadas a las bases de datos- y otras muchas de las que seguramente aún no se tiene conocimiento.

En julio, durante su comparecencia en el Congreso, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció que el Gobierno asumiría directamente la búsqueda de los desaparecidos, unos trabajos que actualmente llevaban a cabo las asociaciones y familiares de las víctimas. Pero desde el departamento competente -la dirección general para la Memoria Histórica, creada en junio- se asume que no será tarea fácil. Tanto por la complejidad técnica, como por el esfuerzo presupuestario.

La principal dificultad, de entrada, radica en actualizar el mapa de fosas. En Andalucía, por ejemplo, los datos oficiales hablan de 700, cuando el mapa del ministerio sólo asigna 576. En la Comunidad Valenciana, solo se recogen 80, pero el gobierno autonómico lo cifra en más de 400, según informó EFE.

El Gobierno prevé dos problemas: la complejidad técnica y la económica. No dispone aún de un mapa de fosas ni de censo de víctimas

La siguiente traba es económica. El coste de cumplir con el compromiso de las exhumaciones es ingente. Unos 230 millones, como mínimo, considerando el coste de los trabajos en fosas y cunetas y la posterior identificación, sin duda, el paso más complejo. Para ello, es necesario crear un banco de ADN de desaparecidos, y someter los restos -muchos, en avanzado estado de deterioro y mezclados-a análisis individualizados.

«Falsas expectativas»

El propio Martínez ya avisó el pasado septiembre -tras reunirse con los responsables de Memoria Histórica de las Comunidades Autónomas- de que el proyecto puede crear «falsas expectativas» en los familiares. Y el Gobierno asume que el plan de exhumaciones va para largo.

Cinco meses después de su creación, la dirección general de Memoria Histórica está aún centrada en la actualización del mapa, y más tarde, pasará a diseñar la coordinación con las comunidades, diputaciones y ayuntamientos, con los que se determinarán las actuaciones prioritarias en función de criterios como el grado de deterioro de las fosas.

Algunas fosas sí tienen una mejor perspectiva, como la de Pico Reja, en Sevilla, donde los trabajos están más avanzados. La fosa acoge a unos 1.103 cadáveres, según los cálculos del Ayuntamiento hispalense, que ha cifrado el coste de las exhumaciones en unos 1,2 millones de euros. El Estado se sumará al convenio de financiación de los trabajos.

El Gobierno de Zapatero denegó casi la mitad de las ayudas solicitadas por las asociaciones para asumir las exhumaciones

Durante el mandato de Rodríguez Zapatero, el Gobierno delegó en asociaciones de víctimas las labores de exhumación, a través de subvenciones.

Sin embargo, como reveló OKDIARIO, el Ejecutivo socialista denegó casi la mitad de esas ayudas: entre 2006 y 2011, el importe solicitado para  las exhumaciones fue de 14.226.803,97 entre 2006 y 2011, aunque finalmente se aprobaron 8.170.612,79 euros, como reveló una respuesta parlamentaria remitida en mayo al Gobierno de Mariano Rajoy.

Como se observa en la tabla, el número de proyectos presentados se fue incrementando desde los 21 de 2006 a los 90, en 2011. Ese año el Ejecutivo de Zapatero sólo subvencionó 53.

Coste ‘0’ en el Valle de los Caídos

Como también desveló este periódico, el Gobierno sostiene que el proyecto de ley para la exhumación de Franco y la  identificación de las 33.847 víctimas inhumadas en el Valle de los Caídos no tendrá ningún efecto en los Presupuestos.

Así consta en la ‘Memoria del análisis del impacto normativo’ que acompaña al texto, elaborada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y por el Ministerio de Justicia, y en la que se explica que el real decreto-ley, presentado en agosto, «no tiene impacto presupuestario».

«La norma proyectada no implicará la necesidad de incrementar las dotaciones, ni las retribuciones u otros costes de personal al servicio del sector público, pues se considera que los medios existentes en la actualidad serán suficientes para llevar a cabo las actuaciones previstas», aseguran en el texto los departamentos de Carmen Calvo y Dolores Delgado.

La afirmación choca con la previsión del Gobierno de Mariano Rajoy, según la cual, esos trabajos ascenderían, como mínimo, a 77,7 millones de euros. El Ejecutivo ‘popular’ argumentó en ese gasto su veto a la proposición de ley del PSOE para la reforma de la Ley de Memoria Histórica, que los socialistas desbloquearon recientemente en el Congreso.