La Generalitat pide a Sánchez que «se moje» a favor de los avales del Govern a los golpistas

A merced de los independentistas. Así se encuentra en estos momentos Pedro Sánchez. La necesidad del voto de los separatistas catalanes obliga al presidente del Gobierno a realizar todo tipo de concesiones para no quedarse sin unos votos claves para los Presupuestos. La última bravuconada de la Generalitat ha sido exigir a Sánchez que «se moje» a favor de los avales del Govern a los golpistas del 1-O.

El vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha lanzado el último reto a Sánchez. Una nueva vía de presión que muestra la debilidad y la fragilidad del actual Gobierno socialcomunista. Desde los indultos, pasando por el trato especial a Aragonès, reuniéndose con él fuera de la Conferencia de Presidentes, y ahora una nueva concesión que veremos si Sánchez es capaz de conceder.

El Govern quiere que Pedro Sánchez, a través del informe que debe presentar la Abogacía del Estado –a instancias del Tribunal de Cuentas– sobre los avales a los implicados en el golpe de Estado del 1-O, avale los avales que el Parlament ha validado para pagar las fianzas que el Tribunal de Cuentas exige a 34 encausados.

«Un informe desfavorable de la Abogacía del Estado sería totalmente incompatible con la ‘agenda del reencuentro’ de Pedro Sánchez», ha alertado Puigneró.

El Tribunal de Cuentas pidió el martes un informe a la Abogacía del Estado, ante sus dudas sobre la legalidad de los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a 34 ex altos cargos de la Generalitat encausados por promover con dinero público el procés en el extranjero.

Después de que el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña avalara ayer jueves la fórmula del Govern para cubrir esa fianza y recomendara retocar el decreto ley en cuestión para disipar dudas, Puigneró espera que ahora la Abogacía del Estado dé su visto bueno al mecanismo creado por la Generalitat.

Para Puigneró, un informe contrario a los avales del ICF significaría que «desde la Abogacía del Estado se ampara a un Tribunal de Cuentas politizado, que proviene de la época franquista y que no es un tribunal, sino que parece más bien un instrumento de la antigua Inquisición».

«No se entendería que, con un Gobierno del Estado que defiende la ‘agenda del reencuentro’ y quiere avanzar hacia la resolución del conflicto, su propia Abogacía hiciese un informe desfavorable a esta iniciativa», ha advertido.

Según Puigneró, «lo que debe hacer el Gobierno de Pedro Sánchez es mojarse» y «decidir si está a favor de un organismo con una herencia franquista, politizado, como el Tribunal de Cuentas, o a favor de entrar en una vía de resolución del conflicto» catalán.

«Tiene que mojarse, no se puede ser imparcial en esta situación», ha insistido Puigneró, principal voz de JxCat en el Govern.

Aunque el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias no es vinculante, para Puigneró sí «es importante» y confirma que el decreto del Govern «está amparado en la legalidad».

Para Puigneró, el fondo creado por la Generalitat para cubrir la fianza del Tribunal de Cuentas «es una buena solución para dar respuesta a una represión absolutamente injusta e injustificada».