García Ortiz formaliza ante el Supremo el pago de los 17.200 € a González Amador con dinero de donativos

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha presentado este miércoles un escrito ante el Tribunal Supremo en el que asume «íntegramente» el pago de los 17.200 euros derivados de su condena por revelación de secretos, mientras el Gobierno ha solicitado al Alto Tribunal un informe para valorar su indulto.

El documento, fechado el 28 de enero de 2026 y firmado por el Abogado del Estado José Ignacio Ocio Martínez de la Puente, detalla que el ingreso «se encuentra realizado» a todos los efectos, siendo los fondos procedentes de «aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales». Se trata de la asociación de fiscales que siempre le ha defendido y de la que fue portavoz antes de llegar al despacho noble del Ministerio Público.

Sin embargo, el escrito subraya que «el Sr. García Ortiz asume íntegramente dicho pago como propio», asumiendo así formalmente la responsabilidad pecuniaria aunque el dinero provenga de la colecta organizada por su asociación.

Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, presentará en los próximos días a cuánto ascienden las costas del juicio que también tendrá que abonar el ex fiscal general. Estas costas se estipularán en base a unas tablas predeterminadas. No obstante, a buen seguro no cubrirán el valor de todas las horas de trabajo del abogado que ha logrado la condena de García Ortiz frente a la defensa ejercida tanto por la Abogacía del Estado como por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde.

Pese a que han transcurrido casi 50 días desde que el Supremo requirió el pago de los 10.000 euros de indemnización, esta cuantía aún no ha llegado a la cuenta de González Amador. El Supremo tampoco ha trasladado información a sus abogados sobre cuándo se efectuará este abono.

La sentencia del pasado 12 de diciembre de 2025 condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales al novio de Ayuso, tras declararlo culpable de revelar secretos al filtrar su caso a la prensa. También fue condenado al pago de parte de las costas judiciales.

La colecta de la UPF

La Unión Progresista de Fiscales hizo público el pasado 22 de enero un comunicado en el que aseguraba que ya se ha cubierto «íntegramente las responsabilidades pecuniarias derivadas de la sentencia» gracias a la respuesta solidaria de sus miembros.

«En apenas unos días, decenas de fiscales, de todos los territorios y categorías, han respondido a un llamamiento que no era económico, sino ético. Un gesto colectivo que expresa algo muy sencillo y profundo a la vez: que nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional», explicaron desde la asociación.

La UPF justificó el pago argumentando que Álvaro García Ortiz «asumió en primera persona una responsabilidad institucional que protegía a la Fiscalía en su conjunto». «Defender a un compañero en estas circunstancias es también defender la dignidad del servicio público, la independencia profesional y la idea de que la justicia nos concierne a tod@s (sic.)», zanjaron.

Según la asociación, junto a las aportaciones de compañeros fiscales, han recibido «mensajes de ciudadanos y ciudadanas que, sin pertenecer al Ministerio Fiscal, se han puesto en contacto con esta asociación para manifestar su deseo de colaborar y así finalmente han hecho».

El Gobierno activa el indulto

Paralelamente, el Gobierno ha activado la maquinaria para indultar al ex fiscal general. El Ministerio de Justicia ya se ha dirigido al Tribunal Supremo para que emita un informe sobre una solicitud de indulto realizada por dos particulares.

La petición ha sido trasladada al Alto Tribunal para que muestre su parecer. Las solicitudes de indultos por particulares pueden ser llevadas a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, y deben ser sometidas a informe del tribunal sentenciador.

En caso de prosperar, la concesión del indulto compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia –ahora Félix Bolaños– y previa deliberación del Consejo de Ministros. No obstante, el indulto no libraría a García Ortiz de pagar los 10.000 euros de indemnización a González Amador.

Incidente de nulidad

Además, García Ortiz también ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo a través de la Abogacía del Estado. La Fiscalía también ha pedido que se anule la sentencia. Ambos han solicitado que se declare la nulidad del fallo alegando vulneración de derechos fundamentales. Estas maniobras de última hora rara vez suelen prosperar.

El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular a través del letrado Víctor Soriano, ha presentado un escrito de oposición pidiendo que se desestime el incidente de nulidad.

«Los incidentes formulados por el Ministerio Fiscal y por la representación procesal del condenado Álvaro García Ortiz no se fundan en la vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de la sentencia y que hubieran causado indefensión. Lo que se pretende es únicamente una impugnación ordinaria de la Sentencia por discrepar con sus razonamientos, lo que no puede admitirse con respecto a un pronunciamiento firme», explica la acusación popular.

Por su parte, González Amador ha presentado un recurso contra la decisión de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de permitir que García Ortiz permanezca en la carrera fiscal y se incorpore a la Sección de lo Social del Ministerio Público en el Supremo. El empresario reprocha no haber sido informado por un «conducto oficial» de esta decisión pese a ser el perjudicado directo. Está pendiente esa decisión.