Jueces y fiscales del Supremo avisan de que Peramato «se arriesga a una querella» si no inhabilita a García Ortiz

Jueces y fiscales del Tribunal Supremo coinciden en señalar que la Fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se arriesga a que le presenten una querella por prevaricación si no aparta del ministerio fiscal a su antecesor, Álvaro García Ortiz, tal como establece el Reglamento del Ministerio Fiscal.

La fiscal general dictó un decreto el pasado 23 de diciembre a través del cual aclaraba que entiende que la inhabilitación de dos años que establece la condena impuesta por el Tribunal Supremo a García Ortiz se circunscribe al cargo que ocupaba como Fiscal general, y no conlleva la pérdida de su condición de fiscal.

Sin embargo,  el artículo 32.1.d establece como causa de la pérdida de la condición de fiscal al haber sido sancionado con una «pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso, sin perjuicio de la facultad que concede el artículo 44.2.º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a la persona titular de la Fiscalía General del Estado para sustituir la pérdida de condición de fiscal por la sanción de suspensión en los casos en que la pena no fuera superior a 6 meses».

Varias de las fuentes consultadas recuerdan que la revelación de secretos, delito por el que fue condenado García Ortiz en su día, es doloso y la pena es superior a los seis meses y,  por tanto, «conlleva la pérdida de su condición de fiscal». Sin embargo, Peramato no lo hizo. Con el respaldo del informe favorable de la Inspección fiscal, la fiscal general del Estado buscó acomodo para García Ortiz  y lo destinó a la Sección Social del Tribunal Supremo.

Otras fuentes, procedentes en este caso de la Fiscalía del alto tribunal, tampoco descartan la posible querella, aunque apuntan que «Peramato ha forzado la interpretación de la norma en el sentido favorable a García Ortiz, porque la sentencia impuesta por el Tribunal dejó un resquicio al inventarse una inhabilitación de dos años para ser Fiscal general del Estado».

Ejercicio creativo

«Esa pena -argumentan estas mismas fuentes- es un ejercicio creativo, pero la sanción que está prevista en estos casos es, literalmente la inhabilitación especial para función o cargo público». De haberse impuesto la pena que se contempla para estos casos, ni la Fiscal Peramato ni la Inspección Fiscal que elaboró el informe en el que se basó, podrían haber permitido, según los consultados, la interpretación que han hecho de la condena.

Ahora, aseguran, cualquiera puede presentar una querella contra la fiscal Peramato, aunque la opinión de los consultados se divide a la hora de aventurar si, de interponerse, llegaría o no a tener consecuencias fatales para la actual titular de la Fiscalía General del Estado.