El novio de Ayuso pide la inhabilitación de García Ortiz como fiscal

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este lunes un recurso contra la decisión de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, de permitir que Álvaro García Ortiz, ex Fiscal General, permanezca en la carrera a pesar de la condena impuesta por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos.

Según apuntan fuentes jurídicas, González Amador reprocha a la máxima representante del Ministerio Fiscal el no haber sido informado por un «conducto oficial» de la decisión adoptada pese ser el perjudicado directo de la comisión del delito de revelación, lo que le ha impedido «ejercitar sus derechos».

De igual manera, González Amador ha solicitado a Peramato que «se anule» dicha decisión y que «declare la incapacidad para el ejercicio de funciones fiscales» del ex fiscal general por haber sido condenado por «delito doloso a pena superior a seis meses y la pérdida de la condición de fiscal por la anterior causa de incapacidad y por la pena principal de inhabilitación para cargo público». El pasado mes de noviembre, García Ortiz también fue condenado a pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a la pareja de Ayuso.

García Ortiz volvió al Supremo

El pasado martes 13 de enero, dio luz verde a que Álvaro García Ortiz se incorporase a la Sección de lo Social del Ministerio Público en el Tribunal Supremo, argumentando que la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación por el delito de revelación de secretos «sólo le incapacitaba para el puesto que tenía, no para otros».

Fuentes de la Fiscalía que ahora dirige Teresa Peramato confirmaron que García Ortiz entró a formar parte de la plantilla de fiscales ante el Supremo. Ya el pasado 31 de diciembre la Fiscalía se lanzó al ataque contra el Tribunal Supremo y le pidió que anulase la sentencia condenatoria de dos años de inhabilitación contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Entonces, la nueva fiscal general acusó al Supremo, en un escrito, de inventarse un delito para condenar a su antecesor.

La incorporación de García Ortiz a esa sección en el alto tribunal se hizo «de conformidad con las previsiones estatutarias, quedando sin efecto su anterior situación de servicios especiales» cuando ejercía como fiscal general.

Desde el Ministerio Fiscal indicaron que «el alcance del fallo de la sentencia resulta claramente delimitado». La sentencia del Supremo, añadían, «impone a García Ortiz la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de dos años, sin que se efectúe ninguna referencia más ni respecto de su condición de fiscal de carrera y/o el ejercicio de sus funciones fiscales, ni respecto de otros cargos análogos».