Memoria Histórica

Iglesias exige a Sánchez más ayudas económicas para los anti-franquistas en la nueva Ley de Memoria

franquismo
Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, en el Congreso.

La Ley de ‘Memoria Democrática, cuya tramitación dirige la vicepresidenta Carmen Calvo, se convertirá en un nuevo campo de batalla entre PSOE y Podemos. El partido de Pablo Iglesias quiere que la norma final introduzca sus pretensiones, que en su día plasmó en una proposición de ley en el Congreso (2018). Aquella iniciativa recogía indemnizaciones de hasta 80.000 euros para familiares de fallecidos y lesionados por el franquismo.

La ley que actualmente se elabora no concreta expresamente la «reparación económica» a las víctimas. Un apartado que los de Iglesias consideran fundamental, y en el que quieren insistir antes de que el texto sea aprobado. En este sentido, aspiran a que se reconozca el derecho a ayudas económicas a aquellos que se vieron «obligados a trabajar de forma forzosa».

Además, consideran que «la reparación tendría que conllevar la obligación del Estado de restituir bienes inmuebles», según se expresó recientemente en una charla organizada por el Instituto 25-M, que dirige Juan Carlos Monedero.

En la ‘Proposición de Ley integral de memoria democrática y de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición’, Podemos dedica un apartado específico a las «reparaciones de carácter económico», en el que «se reconoce el derecho a una indemnización por una cuantía de 80.000 euros a las personas beneficiarías de quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por la represión franquista en su lucha contra la dictadura hasta el 15 de octubre de 1977». Añaden que «para el resto de supuestos el Gobierno establecerá reglamentariamente las cuantías y clasificación de las indemnizaciones».

Bienes inmuebles

Además, quieren extender esa «reparación» a «la obligación del Estado de restituir los bienes inmuebles, dinero y otros valores, bienes muebles y archivos documentales, requisados a las personas físicas o jurídicas, entidades o instituciones, a cuyo favor se reconozca la reparación, o a sus herederos, familiares, cónyuges, parejas de hecho o personas ligadas con análoga relación de afectividad».

«Se establecerá reglamentariamente el procedimiento de devolución mediante la restitución del bien o su compensación en su valor económico en la actualidad», señalan.

Además, como ya informó OKDIARIO, pretenden extender la declaración de víctima «hasta 1983» y «en el caso de menores sustraídos hasta 1999».

El texto elaborado por el Ministerio de Presidencia actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La nueva norma establece un régimen sancionador que castiga con multas de hasta 150.000 euros  los «actos de exaltación de la Guerra o de la Dictadura que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares por parte del titular o responsable del espacio donde se desarrollen dichos actos» o «las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes sean contrarias a la normativa sobre memoria democrática, inciten a la exaltación de la Guerra o de la Dictadura, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares».

Además, el Gobierno pretende la «resignificación» del Valle de los Caídos como «cementerio civil» y «la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto». También se «declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos».

El Ejecutivo quiere trasladar su visión de la historia al sistema educativo, obligando a incluir «el conocimiento de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas». Para ello, señalan se procederá a la «actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato».

Asimismo, el Estado asumirá la responsabilidad en las exhumaciones y que se creará un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

También se prevé liquidar las fundaciones que realicen «apología del franquismo» o inciten «directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales» y se creará una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos «para la investigación de los hechos producidos con ocasión de la Guerra y la Dictadura, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario».

También se retirarán los símbolos o elementos que se consideren «contrarios a la Memoria Democrática» y se suprimirán aquellas distinciones, títulos o condecoraciones que se concedieran a personas relacionadas con la guerra o el franquismo.

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