Gobierno Pedro Sánchez

El Gobierno aprueba la ley que ilegalizará a la Fundación Franco, pero no al PCE, ERC o Bildu

El Gobierno mantiene como socios a partidos con miles de muertes a sus espaldas y por las cuales no han pedido perdón

La nueva ley de Memoria crea una Fiscalía para perseguir y sancionar su incumplimiento

El Gobierno socialcomunista del PSOE y Podemos ha dado luz verde este martes a la denominada ley de Memoria Democrática, impulsada por la vicepresidenta Carmen Calvo, que permitirá ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Acabar con esta fundación es uno de las principales motivos para la aprobación de esta nueva norma tras la exhumación del cuerpo del dictador, hace unos meses, del Valle de los Caídos.

El deseo acérrimo del Ejecutivo de ilegalizar la Fundación Francisco Franco contrasta con la negativa a hacer lo mismo con partidos con un historial sangriento o golpista como el Partido Comunista, ERC o Bildu. Socialistas y podemitas no sólo no se plantean su ilegalización, como pide Vox, sino que hacen descansar sobre sus exigencias y chantajes la legislatura.

El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros recoge que será causa de extinción de fundaciones la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado de 1936, al considerarse que son contrarias al interés general.

A este respecto, también contempla que las personas u organizaciones que atenten, alienten o toleren prácticas en contra de la «memoria democrática» no podrán recibir subvenciones, bonificaciones ni prestarán ayudas públicas. De esta forma se pretende descabezar ahogándolas a todas aquellas organizaciones que, dentro la Constitución, sobreviven gracias a las aportaciones del Estado.

Con la aprobación de este anteproyecto la norma empezará ahora su tramitación parlamentaria. De esta forma el Gobierno avanza en la senda que ya abrió la ley de Memoria Histórica aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero y, entre otras cosas, incluye una condena expresa del golpe de Estado militar de 1936 y la dictadura franquista.

Los muertos de Companys

Una de las figuras que más se beneficiarán de la nueva ley es la del histórico dirigente de ERC y presidente de la Generalitat Lluís Companys, que declaró el Estado catalán en un golpe contra la II República en 1934. Con entre 8.000 y 9.000 muertos a sus espaldas, y tras anular ya el Consejo de Ministros a finales del 2018 el juicio al que fue sometido, el Gobierno pretende restituir con esta nueva ley su dignidad convirtiendo en ilegales, nulos y sin ningún efecto los consejos de guerra.

A exigencias de ERC, cuando se negociaban los Presupuestos del 2019, el Ejecutivo socialista ya accedió a aprobar una declaración en la que rechazaba y condenaba el consejo que sentenció a muerte a Companys. Fue en la reunión del Ejecutivo celebrada en Barcelona. Con esta ley, además, se efectuará la restitución de su dignidad.

Desde la presidencia de la Generalitat, el 24 de julio de 1936, Companys creó mediante un decreto presidencial el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña. Este grupo impulsado por el ex dirigente de ERC fue el responsable de la muerte de entre 8.000 y 9.000 catalanes, entre ellos varios periodistas de medios como El Correo, Diario de Lérida, La Cruz, El Semanario Católico, Diario de Comercio de Barcelona, El Correo de Tortosa o El Correo Catalán, que no comulgaban con sus ideas.

Ahora ERC, el partido de Companys, se ha convertido en uno de los principales apoyos del Gobierno de coalición. De los trece diputados capitaneados por Gabriel Rufián en Madrid depende, en gran medida, la estabilidad del Ejecutivo formado por PSOE y Podemos. A ERC se encomiendan prácticamente a diario para la aprobación de las grandes leyes, como la de Presupuestos.

Setenta y tres años después del golpe de Comanys, ERC volvió a encabezar otro el 1 de octubre de 1917, hechos por los que su líder, Oriol Junqueras, fue condenado a 13 años de cárcel por el Tribunal Supremo.

Bildu nunca ha pedido perdón

Mientras ilegaliza la Fundación Francisco Franco, cuya función es la de recordar el legado del que fuera jefe de Estado durante más de cuarenta años, el Gobierno permite a EH Bildu continuar campando a sus anchas en la política nacional pese a no haber pedido jamás perdón por los crímenes de la banda terrorista ETA a la que apoyó.

Varios de los dirigentes de la formación abertzale, como su propio líder Arnaldo Otegi, han sido condenados por su relación con la sanguinaria organización que durante varios años sembró el terror en las calles del País Vasco y el resto de España.

Los albaceas del proyecto político de la banda terrorista, restituidos como partido político y negociador legítimo para la gobernabilidad de España, se sientan en la misma mesa que las formaciones que apoyan al Gobierno. Con cinco representantes en el Congreso disponen de grupo parlamentario propio. En el Parlamento vasco lideran la oposición al gobierno que forman el Partido Nacionalista Vasco y el PSE.

Aunque Pedro Sánchez ha querido evitar a toda costa la foto encajando la mano con dirigentes abertzales, tanto en la negociación de la investidura como ahora en la ronda de contactos previa a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, el presidente ha vuelto a incumplir su palabra de que nunca negociaría con Bildu reuniéndose, de forma telemática, con su portavoz en el Congreso Mertxe Aizpurua. Dirigentes del PSOE, como Adriana Lastra, Rafael Simancas o Idoia Mendía mantienen contacto con ellos a diario y en las próximas horas lo hará la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

La impunidad del PCE

También se olvida la memoria histórica del Gobierno del Partido Comunista de España, del cual forman o han formado parte algunos de los ministros actuales. Durante las matanzas de Paracuellos se asesinaron, de forma masiva, entre 2.500 y 5.000 presos considerados opuestos al bando republicano siguiendo ordenes de Santiago Carrillo, según el historiador Paul Preston.

Las ejecuciones se realizaron entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, aprovechando los traslados de presos de diversas cárceles madrileñas  mientras se enfrentaban las tropas gubernamentales y sublevadas​ por el control de la ciudad. En total se produjeron 23 asesinatos masivos los días 7, 8, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre y las del 1 y el 3 de diciembre. En total más de 2.500 víctimas que no secundaban las tesis del Partido Comunista, si bien la cifra exacta sigue siendo objeto de discrepancia y controversia.

Las novedades de la ley

La nueva ley, entre otras cosas, impulsará la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos que velará por todas las personas fueron víctimas de la guerra civil. A ella podrán acudir sus familiares para que se haga justicia. También se destinarán fondos públicos para promover la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes. Además, a propuesta de Podemos, el Ejecutivo ofrecerá a los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad español.

Por otra parte, el anteproyecto contempla la creación de un censo de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura -siguiendo la recomendación de las Naciones Unidas-, así como de un Banco Nacional de AND de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, para recibir y almacenar el AND de víctimas y familiares, a fin de contribuir a la identificación genética de las víctimas.

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