Europa examina la amnistía: la Comisión de Venecia pide al PSOE «aclarar» el perdón del «terrorismo»

La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa que este jueves y viernes estará en España para recabar información sobre la polémica Ley de Amnistía del 1-O que se tramita en las Cortes, pedirá «aclaraciones» al PSOE de Pedro Sánchez, como impulsor de la iniciativa, sobre las cuestiones más delicadas del texto, destacando aquí el perdón a los delitos de «terrorismo». Ello es fundamental teniendo en cuenta que el Ejecutivo todavía no ha dado con la fórmula para satisfacer la última exigencia de Junts: incluir todo el terrorismo en la amnistía y el delito de alta traición.

Una comunicación interna -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- entre la Secretaría de Estado para la Unión Europea y los grupos parlamentarios da cuenta de las intenciones que trae la delegación de la Comisión de Venecia en su visita a España. Si bien la misión se produce a petición del Senado, que quiere contar con la visión de estos expertos independientes respecto a la amnistía, sobre todo de cara a futuras actuaciones, fueron el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Sánchez, a través de la citada Secretaria de Estado de la UE, y el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes quienes organizaron «conjuntamente» la agenda de la visita.

La delegación de la Comisión de Venecia está formada por la vicepresidenta Marta Cartabia, ministra de Justicia italiana durante la etapa de Mario Draghi; el neerlandés Martin Kujier, también vicepresidente del órgano; el ex primer ministro de Bulgaria Philip Dimitrov; y los juristas Regina Kiener, José Luis-Vargas, Simona Granata-Menghini y Pierre Garrone.

Una comitiva que estará acompañada, según ha podido saber este periódico, en tareas de «apoyo» por «dos personas» del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y «al menos, una del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes» que dirige Félix Bolaños. Es decir, la visita de la Comisión de Venecia va a estar monitorizada por el propio Gobierno de PSOE-Sumar. De hecho, la primera reunión agendada ha sido con Bolaños, negociador de la ley.

Precisamente, en esa comunicación del Gobierno a los grupos parlamentarios sobre la agenda de la Comisión de Venecia, Exteriores incluye un apartado con «información más profunda sobre la visita». Aquí, el Ministerio, en contacto con el órgano consultivo del Consejo de Europa, señala que los «relatores» vienen a España para redactar un informe centrado en «solicitar mayores aclaraciones» a los redactores de la Ley de Amnistía, es decir, al PSOE y sus socios separatistas, y proponer «enmiendas en los puntos que considere controvertidos del borrado de Proposición de ley».

En relación con esos puntos, la comunicación interna precisa que la Comisión de Venecia prestará «especial atención a la aplicación de la amnistía en casos de terrorismo o malversación y en los supuestos del llamado lawfare», cuestiones por las que se interesó el presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), en la carta que remitió al órgano del Consejo de Europa, que es la principal organización de defensa de los derechos humanos en el continente.

La Comisión la conforman juristas propuestos por 61 países, que son los 46 miembros del Consejo de Europa y 15 de países de otros continentes como Argelia, Corea del Sur o Estados Unidos. Este órgano consultivo redactará un informe por vía de urgencia tras su visita a España y su previsión es publicarlo antes de la Sesión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de los días 15 y 16 de marzo.

Asimismo, la comunicación interna entre Exteriores y los grupos del Congreso y el Senado revela que, según la presidenta de la Comisión de Venecia, la francesa Claire Bazy Malaurie, la delegación también indagará de manera particular respecto a la comisión de investigación pactada por el PSOE y sus socios independentistas relativa a «la operación Cataluña». «Es previsible que los relatos pidan ampliar información sobre su objetivo y mandato para valorar su posible injerencia en la separación de poderes», precisa la misiva de Exteriores.

En dicha comunicación, el Ministerio de José Manuel Albares indicó también a los grupos parlamentarios que «desde la Comisión de Venecia nos han indicado que les gustaría reunirse, en primer lugar, con la Institución que ha redactado la proposición de ley, al objeto de entender su filosofía y objetivos dentro del contexto político español».

La negativa del letrado mayor

Sin embargo, finamente ni la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ni el letrado mayor de la Cámara baja, Fernando Galindo, responderán a cuestiones de la Comisión de Venecia. De hecho, Galindo, con pasado en el PSOE y en el Congreso, declinó reunirse con la Comisión con el argumento de que él es un funcionario, no un cargo político, mientras que Armengol sólo dedicará a la delegación «un saludo» y por cuestión de «protocolo», según avanzaron fuentes de la Presidencia de la Cámara. En cambio, el presidente del Senado sí se reunirá con la comitiva, antes de que ésta haga lo propio con los grupos políticos de la Cámara Alta.

Los expertos también se verán con los grupos del Congreso de los Diputados y con la Comisión de Justicia, cuya Mesa está controlada por PSOE y Sumar y presidida por el socialista Francisco Lucas. Ahora mismo, el texto de la proposición de Ley de Amnistía del PSOE se encuentra aquí en fase de enmiendas, después que el pleno de la Cámara, con los votos de Junts, rechazara remitirlo al Senado y lo devolviera a la Comisión de Justicia para una nueva negociación.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, criticó el pasado martes que «el señor Fernando Galindo, Letrado Mayor de esta Cámara, no pueda reunirse con la Comisión de Venecia, cuando su informe ha sido decisivo para que la ley se tramitase», recordando que los informes de los letrados anteriores «inviabilizaron una propuesta similar a la que él con su informe le dio trámite», en alusión a lo sucedido en 2021 con una iniciativa similar de ERC y Junts. Fue la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso la que rechazó el martes que Galindo, cuyo testimonio el PP considera «clave», compareciera ante la Comisión de Venecia.