Éstas son todas las cesiones que Junts le ha sacado a Sánchez a cambio de no votar contra los decretos

Contra pronóstico, el Gobierno de Pedro Sánchez ha salvado este miércoles dos de los tres decretos que llevó para su aprobación en la Cámara Baja, eso sí, no sin antes acometer una serie de cesiones a Junts. Los socialistas ya han experimentado el tipo de legislatura que les espera por delante, habida cuenta de lo heterodoxa que resulta la panoplia de aliados que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Finalmente, ha sido Podemos y no Junts el partido que ha tumbado el único decreto que no ha salido adelante, el de la reforma del subsidio del paro. La formación catalanista que lidera desde Waterloo Carles Puigdemont decidió finalmente no votar, de modo que permitió que salieran adelante los otros dos, el conocido como ómnibus, que afecta a cuestiones de la Administración de la Justicia, y el de las medidas anticrisis.

A cambio de no emitir sus votos y permitir que Sánchez saque adelante dos decretos, Junts ha obtenido un jugoso botín de cesiones que se detalla a continuación.

Blindaje de la amnistía

Era uno de los puntos fundamentales para Junts, y el primero que hizo saltar las alarmas el pasado 27 de diciembre, el día en que Miriam Nogueras avisó de la posibilidad de que Junts tumbase estos decretos porque, esgrimió, «ponían en dificultad la amnistía». Los independentistas han logrado que el Gobierno borre el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que había sido una petición de la Unión Europea y que abría la posibilidad de frenar la amnistía si un juez elevara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.

Competencias de inmigración

El Estado cede al Govern catalán la gestión total de las competencias en materia de inmigración. Cataluña podrá desplegar a partir de ahora su propia política de inmigración, contando con los «recursos necesarios» que el Estado deberá proveer. Estas competencias serán traspasadas desde la Policía Nacional a los Mossos d’Esquadra a través del mecanismo previsto en el artículo 150.2 de la Constitución.

Balanza fiscal

Los socialistas se han comprometido a «publicar de forma inmediata» las cifras de la balanza fiscal del Estado con Cataluña, una reclamación histórica de los herederos de Convergencia, que argumentan que así se conocerá el déficit fiscal que sufre Cataluña. En una reciente votación en el Parlament catalán, ERC, JxCat y la CUP cifraron la deuda de las últimas cuatro décadas en 456.000 millones de euros.

Bonificación del transporte público

Hasta ahora, el Gobierno central bonifica el transporte público en todas las comunidades autónomas en un 30% siempre que estas se comprometan a aportar un 20% adicional, de modo que al usuario el precio final se le quede en la mitad. De hecho, la Comunidad de Madrid va más allá y aumenta su parte hasta el 30%, para igualar su ayuda a la estatal. Esta condición era obligatoria, pero para Cataluña ya no es así. Los socialistas han aceptado que sea el Estado el que en esta Comunidad Autónoma sea quien aporte el 50% de la bonificación, ahorrándosela el Govern autonómico. Otra diferencia con respecto al resto de España.

Forzar a las empresas a volver a Cataluña

Se reformará la Ley de Sociedades revirtiendo el decreto que el PP de Mariano Rajoy aprobó en el año 2017 para forzar a las empresas que entonces sacaron sus sedes de Cataluña a regresar a la comunidad autónoma. No se ha desarrollado si se hará mediante incentivos para que las empresas retornen o, como había pedido Junts en fechas recientes, multando a las que no lo hagan.

Reconocer «derechos históricos»

El Ejecutivo socialista ha aceptado también reconocer «los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local», según ha anunciado Junts en su comunicado, sin detallar en qué consistirá este nuevo reconocimiento. Además, Junts se apunta el tanto también de haber forzado al Gobierno a rebajar el IVA del aceite al 0%, reconociéndolo como un alimento esencial.