Puigdemont arranca a Sánchez el compromiso de forzar a las empresas para que vuelvan a Cataluña

Junts vuelve a salirse con la suya y le arranca al Gobierno de Pedro Sánchez un compromiso para presionar a aquellas empresas que se fueron de Cataluña por el procés y ahora se nieguen a volver. Se habla de «incentivos» para las que lo hagan, pero también de «sanciones» a las que se nieguen. Gracias a ese cambio de postura del PSOE a última hora, así como otras concesiones como la cesión de competencias en inmigración o el IVA al 0% para el aceite de oliva, los de Carles Puigdemont han decidido abstenerse en la votación de los decretos por el Congreso de los Diputados.

«Junts per Catalunya se ha abstenido de la votación de los decretos reales del gobierno español después de llegar un acuerdo para mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes», ha explicado la formación tras conocerse su cambio de postura ante las votaciones que se celebran este miércoles en el Congreso, con la que los de Puigdemont salvan el match ball a Sánchez.

El punto más polémico es el que hace referencia a la Reforma de la Ley de Sociedades de Capital mediante su paso por el Consejo de Ministros, para revertir el Real Decreto «del PP», dice Junts, que en 2017 permitió la salida de empresas de Cataluña huyendo de los efectos del procés y de la inseguridad jurídica que provocó el referéndum del 1-O. Una presión sobre esas compañías.

El Gobierno ha propuesto dar «incentivos fiscales» a aquellas empresas que reviertan esa marcha y vuelvan a Cataluña. Pero desde Junts hablan, también, de «sancionar» a aquellas firmas que se decanten por no volver a su anterior domicilio social en Cataluña. Así lo solicitaron este pasado martes al PSOE para sacar adelante los tres decretos, cosa que finalmente ha ocurrido gracias a la no votación de los de Puigdemont a las medidas de Sánchez.

Blindaje a la amnistía

Otro de los escollos que señalaban los socios de Sánchez, que han estado a punto de asestar la primera estocada de la legislatura al Ejecutivo de PSOE y Sumar, era el artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil preocupa a Junts porque establece la posibilidad de blindar por ley la suspensión de la amnistía si un juez recurre a Europa. Según se puede leer en el citado artículo, «si el tribunal estima necesaria la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver, podrá suspender motivadamente el procedimiento».

Esto significa que el Gobierno ha intentado regular por ley la suspensión de la amnistía si un juez recurre a Europa. En este sentido, si la Sala Penal del Tribunal Supremo o cualquier otro juez elevan una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las dudas sobre el encaje de la Ley de Amnistía, su aplicación quedaría suspendida a la espera de la resolución de la Unión Europea.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ya había advertido al PSOE a finales de diciembre de que su grupo preveía votar en contra del real decreto sobre reformas en el ámbito de la Justicia, la función pública, la Administración local y el mecenazgo, al considerar que «pone en riesgo la aplicación de la amnistía».

En concreto, se referían al real decreto sobre la transformación digital de la Justicia, aprobado por el Gobierno el pasado 19 de diciembre (Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo).

Más competencias

Además, recuerda Junts, «entre estas medidas se establece la delegación de las competencias sobre inmigración en la Generalitat, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica de Cataluña. La delegación de esta competencia irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña una política integral, para que sea el Govern y el Parlamento de Cataluña los que determinen una política propia, adecuada a las necesidades de la realidad de nuestro país».

Por otra parte, se arrancan otros compromisos y cesiones como la rebaja del IVA al 0% en el aceite de oliva, la revelación de documentos oficiales sobre los que se basan los cálculos de los balances fiscales, multiplicar por 5 los fondos destinados a la digitalización de la justicia (hasta 6,2 millones), «reconocer los derechos históricos de Cataluña» y asumir la totalidad del coste de los descuentos al transporte público. Hasta ahora, el Gobierno cubría el 20% del descuento en cada comunidad autónoma, y el siguiente tramo la administración regional.  En Cataluña, todo lo cubrirá el Estado.

Salvado in extremis

Negociación de infarto entre Junts y el PSOE para sacar adelante los decretos de Pedro Sánchez.  En una jornada agónica, el Gobierno ha logrado aprobar el conocido como decreto ómnibus, que incluye las reformas en el ámbito de la Justicia y la medida más criticada por Junts, la posibilidad de que la Ley de Amnistía quede en suspenso cuando se eleve una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Finalmente, el partido de Carles Puigdemont no ha participado en la votación, lo que ha permitido que el decreto salga adelante con 172 votos a favor y 171 en contra.

En el caso del decreto anticrisis, se tendrá que repetir la votación al producirse un empate a 171 votos, según fuentes parlamentarias, porque uno de los diputados que debían votar a favor no ha ejercido el voto por error. Este decreto incluye, entre otros, la subida del IVA de la luz del 5 al 10%. Por otro lado, el que regulaba la reforma de los subsidios de desempleo propuesta por Yolanda Díaz ha decaído, al recabar 167 votos a favor y 176 en contra, entre ellos los de los cinco diputados de Podemos.

Negociación agónica

Las últimas horas han sido agónicas para Moncloa, como se ha reflejado en el rostro de los negociadores, Félix Bolaños, María Jesús Montero y Santos Cerdán, éste último el artífice de la investidura. Todos, con cara de circunstancias, han mantenido la tensión hasta el último momento por la incógnita sobre la posición de Puigdemont.