Diez vocales del CGPJ piden que el fiscal general no esté en la apertura del año judicial

Diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han reclamado este jueves que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no asista al acto de apertura del año judicial y que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no se siente junto al Rey.

Han hecho este llamamiento a la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, en una misiva, en la que le piden que transmita a García Ortiz la «inconveniencia de intervenir en el acto» y evitar así «una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado».

También han solicitado a la presidenta del CGPJ que visibilice su «rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo, evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en los estrados», significando con ello la separación y el respeto entre los poderes del Estado, y se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado esta situación, a efectos de la adecuada coordinación institucional.

La carta la firman los magistrados José Luis Costa Pillado, José Antonio Montero Fernández, María Pilar Jiménez Bados, José Eduardo Martínez Mediavilla, Gema Espinosa Conde, José María Páez Martínez-Virel, María Pilar Esther Rojo Beltrán, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta de Rojas y Alejandro Abascal Junquera, a quienes les mueve la «defensa del prestigio de la Justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece».

En su escrito, transmiten a Perelló su «gran preocupación» por la circunstancia de que el García Ortiz, «sometido a un procedimiento penal en fase de enjuiciamiento» por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «tenga previsto ocupar un lugar en estrados y dirigirse públicamente a Su Majestad el Rey, a los magistrados que han de juzgarle y al conjunto de asistentes».

Los magistrados destacan que no ponen en duda su derecho a la presunción de inocencia ni prejuzgan el fondo del proceso en curso, pero subrayan que «la coincidencia entre esa condición procesal y su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiado, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda, cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones».

Por ello, afirman que resulta «difícilmente comprensible que esta situación se tolere». «La consecuencia es una innecesaria tensión para la fiscalía general del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado, que preside el acto», sentencian.

Los ataques del Gobierno a los jueces

En su misiva a la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo señalan que a esta circunstancia se añade «un contexto político de extraordinaria tensión», en referencia a los ataques desde del Gobierno a los jueces, señalando los del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado lunes en una entrevista en Televisión Española, donde vertió en «acusaciones genéricas contra jueces y magistrados, manifestaciones que reiteró ante la prensa internacional, poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función».

Recuerdan que el martes los ataques se produjeron a manos de la portavoz del Gobierno, y el miércoles por parte del propio ministro de Justicia, y hacen hincapié en que tales afirmaciones «no sólo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho».

Los magistrados señalan que como ha repetido Perelló en numerosas ocasiones, la independencia judicial, consagrada en el artículo 117 de la Constitución, «no es un privilegio corporativo, sino una garantía para todos los ciudadanos».  Apuntan que las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero que «la deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo».

Concluyen su misiva reiterando su lealtad a la Constitución y a las instituciones del Estado, su respeto a la persona del fiscal general en el ejercicio de su derecho de defensa, y su compromiso firme con la independencia judicial y con la dignidad de los actos solemnes que simbolizan la vigencia del Estado de Derecho.

Jueces y fiscales reclaman que no asista

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también ha reclamado este jueves a García Ortiz que se abstenga de asistir al acto «por respeto al Rey», que lo presidirá, y a las carreras judicial y fiscal.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha salido al paso alegando que el fiscal general está obligado por ley a asistir. Fuentes de la Fiscalía lo justifican en que dado que sigue siendo fiscal general «debe cumplir con las obligaciones y responsabilidades del cargo» y el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que debe presentar la memoria de la Fiscalía General del Estado en este acto.

Sin embargo, la asociación mayoritaria de jueces (APM), la mayoritaria de fiscales (AF) y la que ejercita la acusación en la causa contra García Ortiz esgrimen que sentar junto al Rey y ante el Poder Judicial a un procesado, contra el que «con toda probabilidad» se abrirá juicio oral, es «un hecho insólito» que constituye «un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado», minando así «la credibilidad de la Justicia» y afectando «a todos los jueces, magistrados y fiscales».

Por ello, piden a García Ortiz que no se presente en el acto. Además, recalcan que «el respeto a las instituciones y a lo que representan» está por encima de los intereses particulares de los servidores públicos.