Detenido un comandante de la Guardia Civil destinado en Venezuela por cohecho en el ‘caso Koldo’

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, destinado en la Embajada de España en Venezuela, ha sido detenido en el marco del caso Koldo. Tras tomarle declaración en la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno ha acordado su libertad con medidas cautelares. Se le ha interrogado como imputado por delitos de pertenencia a organización criminal y cohecho en una pieza secreta de la causa por cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia.

El juez abrió esta pieza secreta para investigar varias cuentas bancarias y practicar un nuevo registro. Tras levantar este miércoles el secreto de esta pieza, el agente destinado en Venezuela, pero localizado en Córdoba, ha comparecido ante el juez. Al finalizar, el magistrado ha acordado su libertad provisional con las medidas cautelares de prohibición de abandonar el territorio nacional y retirada de pasaporte.

La detención de este guardia civil ligado al caso Koldo se produjo el lunes. Los investigadores procedieron también al registro de su vivienda. El comandante quedó en libertad y este miércoles Ismael Moreno ha dictado el auto por el que confirma que no tiene que entrar en prisión preventiva pero, como el resto de investigados del caso, tiene prohibido viajar al extranjero. Rubén Villalba no aparecía en los documentos del sumario. No obstante, el desarrollo de la investigación le sitúa como un personaje más del entramado.

Se trata de un agente con puesto desde el pasado mes de febrero en la Agregaduría de Interior de la Embajada de España en Venezuela. Previamente estuvo en el Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC), el equipo antiterrorista de la Benemérita. Aparece en la hemeroteca por ser juzgado por un delito de torturas a una mujer detenida del que fue absuelto junto a otros tres agentes. Tiene una medalla de la Asociación Nacional del Santo Ángel Custodio de España.

Villalba también trabajó un tiempo en País Vasco y ahí fue cuando el guardia civil forjó una amistad con Koldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos. El que fuera también escolta y conductor del ex ministro de Transportes era un hombre fuerte en el PSOE de Navarra.

Otro guardia civil

No es el único guardia civil salpicado por el caso Koldo. El mando José Luis Rodríguez, subteniente de la Benemérita con destino en el Ministerio de Transportes también está entre los investigados por la Audiencia Nacional en la causa impulsada por el Partido Popular y la Fiscalía Anticorrupción de la mano de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado como investigadores. Los agentes sostienen que ese mando  «tiene relación con Koldo García» y que «dicha vinculación conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos objeto de la investigación, con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios».

Los investigadores le sitúan en al menos dos ocasiones en reuniones con Koldo García en la marisquería de Madrid en la que solía quedar a comer y cenar la trama. Sostienen que es una «pieza clave en la gestión de los contratos investigados ya que se atribuye haber puesto en contacto a Cueto y De Aldama con los responsables de la adjudicación». Tiene un negocio de pizarra en la zona de Astorga (León) que también aparece como objeto de investigación en el sumario del caso.

Investigación de la Fiscalía europea

El caso Koldo no deja de crecer y este martes ha trascendido que el juez Manuel García-Castellón ha sido designado juez de garantías en la investigación que abrió la Fiscalía Europea sobre los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares con la presunta trama en la que habría participado Koldo García.

El citado magistrado de la Audiencia Nacional actuará como juez de garantías para autorizar las diligencias que quiera practicar la Fiscalía Europea en el marco de esta investigación.

El magistrado también investigó en la Audiencia Nacional al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo en relación con la actuación de la plataforma independentista Tsunami en octubre de 2019. El Tribunal Supremo asumió la investigación por la condición de aforado que goza en calidad de eurodiputado y le abrió causa penal por unanimidad.