El Supremo investigará a Tsunami por terrorismo aunque la Fiscalía se oponga

El Tribunal Supremo investigará a Carles Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg por un presunto delito de terrorismo aunque la Fiscalía General del Estado se oponga, según ha podido saber OKDIARIO. En el Alto Tribunal no tienen dudas al respecto. Recuerdan cómo los independentistas catalanes «asaltaron el aeropuerto de El Prat con el propósito de alterar gravemente la paz pública» tras conocerse la sentencia del Supremo por el 1-O, que condenó penalmente a los cabecillas de las revueltas separatistas que condujeron a la fallida declaración de independencia de Cataluña.

Fuentes judiciales aseguran que el Supremo abrirá una causa para investigar, por el momento, sólo a los imputados aforados. Es decir, a los prófugos Puigdemont y Wagensberg. Lo hará porque existen indicios de comisión de un delito de terrorismo y asumirá la causa que desde 2019 instruye el magistrado Manuel García-Castellón. Una investigación que se abrió en octubre de 2019 y que fue apoyada públicamente incluso por miembros del actual Gobierno.

De hecho, el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció en una entrevista concedida a Televisión Española que los servicios de Inteligencia investigaban las protestas independentistas. Y aseguró: «Terminaremos sabiendo quién está detrás de estos movimientos del Tsunami Democràtic». Unos hechos que hace cuatro años le preocupaban al Gobierno de Sánchez, pero ahora –como necesitan el apoyo de Junt y ERC– pretenden amnistiar.

El papel de la Fiscalía

La Fiscalía ha adoptado un papel ambiguo en esta causa. Primero, antes de que García-Castellón elevase una exposición razonada ante el Supremo, el 19 de julio, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, dio el visto bueno al escrito del fiscal Joaquín González-Herrero en el que se afirmaba que había «multitud de indicios de solidez incuestionable» sobre la comisión de un delito de terrorismo por parte de Tsunami.

Sin embargo, tres días después de las elecciones del 23-J, tras la posibilidad de que Sánchez pudiese conformar Gobierno con el apoyo de los independentistas –su única opción de garantizarse mayoría para la investidura–, Alonso aseguró que aquella posición de la Fiscalía había sido un error. Y donde veía terrorismo terminó viendo unos supuestos desórdenes públicos. Fuentes judiciales aseguran que el fiscal jefe «vio peligrar su puesto ante la continuidad de Sánchez y, por ello, decidió rectificar». Lo hizo con un nuevo escrito firmado por el fiscal de la causa Miguel Ángel Carballo al que, según ha publicado este periódico, le han prometido la plaza de fiscal jefe de Ciudad Real, lugar en el que reside y destino que desea.

El pasado noviembre, García-Castellón acordó elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue por al ex president y actual eurodiputado, Carles Puigdemont, por un delito de terrorismo en el marco de la causa de Tsunami Democratic. Lo mismo reclama contra la dirigente de ERC Marta Rovira y contra otras diez personas vinculadas con el independentismo. En enero, dos meses después, el Alto Tribunal dio los primeros pasos antes de decidir si asume la causa: por un lado, dio traslado a la Fiscalía para que informase; y, por otro, designó como ponente al magistrado Juan Ramón Berdugo, que deberá proponer a la Sala si procede o no su admisión.

Junta de Fiscales

Otra vez un mismo fiscal cambió de criterio. En esta ocasión ha sido el ponente del escrito, Álvaro Redondo: en un primer informe argumentó que existían indicios de delitos y que el Supremo era competente para investigarlos debido a la condición de aforados de los imputados. Sin embargo, 72 horas después de comunicar su posición al fiscal general, Álvaro García, el fiscal ponente elaboró otro escrito defendiendo una tesis totalmente contraria: «Los hechos no parecen revestir los elementos objetivos de un delito de terrorismo».

Esto ha sido debatido en la Junta de Fiscales celebrada este martes. Y tal y como adelantó OKDIARIO, la mayoría de los fiscales de la Sección Segunda de lo Penal han votado a favor de que el Supremo investigue a Puigdemont por terrorismo. Por un lado, doce fiscales han votado a favor de la existencia de indicios de terrorismo en la causa y cuatro en contra. Por otro, once consideran que el ex president de la Generalitat debe ser investigado por tales hechos y sólo cuatro se oponen. Es decir, una mayoría amplísima ha defendido la tesis de García-Castellón.

Ante esto, la parte minoritaria de fiscales que se oponen a investigar a Puigdemont han apelado por primera vez al artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que el procedimiento pase a su superior jerárquica. Ésta es María Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que fijará la postura definitiva que elevará ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La decisión del Supremo

Sin embargo, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. Fuentes judiciales señalan que los magistrados de la Sala Segunda tendrán en cuenta que doce fiscales del Alto Tribunal hayan defendido la existencia de indicios de delitos de terrorismo en la causa y que once de ellos defienden que Carles Puigdemont debe ser investigado por estos hechos.

Además, las fuentes consultadas añaden que en esta causa no está solamente personado el Ministerio Público sino que cuenta con acusaciones populares –como Vox y Dignidad y Justicia– y particulares, como la de los dos policías que fueron víctimas de los altercados violentos. Por ello, la petición de la Fiscalía no será determinante para el Supremo y el Alto Tribunal, según ha podido saber este periódico; no tiene dudas de que debe asumir la causa por terrorismo de Tsunami. Eso sí, lo hará sólo con respecto a los aforados Puigdemont y Rubén Wagensberg.